Al considerar que el acuerdo para permitir que se construyan viviendas cerca de pedreras en el cerro de las Mitras y cerro de San Miguel, la bancada del PVEM propuso que el Congreso del Estado recurra a la controversia constitucional

El diputado Raúl Lozano Caballero dijo que el Departamento Jurídico contaba con 10 días para el análisis de expediente.

Una vez realizado esto y de ser factible acuda al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que interponga este recurso.

«Este acuerdo lo hicieron a la mala y sin estudios de ningún tipo que pueda justificar la disminución de la zona de amortiguamiento y reserva, además que se brincaron toda la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano que este Congreso del Estado ha venido generando en las últimas legislaturas».

«Los diputadas y los diputados de esta Legislatura no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo como unos cuantos funcionarios que van de salida nos dejan un verdadero problema que pondrá en riesgo la integridad de miles de familias y por eso debemos agotar todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance para que el acuerdo sea revocado», agregó.

Encuentran graves vicios y arbitrariedades en el acuerdo

El legislador del PVEM afirmó que el acuerdo se encuentra plagado de vicios jurídicos y arbitrariedades.

Pero lo que consideró aún más grave, es que el decreto excede las atribuciones del Ejecutivo.

«Como muestra de los graves vicios que reviste el asunto, es importante tomar en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León establece en el párrafo cuarto de su Artículo 23, que el Congreso del Estado podrá legislar en materia de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, con la finalidad de garantizar a la población un mejor desarrollo urbano, estableciendo adecuadas provisiones, usos, reservas territoriales y orientando el destino de tierras, aguas y bosques de jurisdicción estatal».

«Este asunto aprobado por el Estado se encuentra «plagado de vicios jurídicos y arbitrariedades», por lo que deben ser analizados en el Pleno del TSJ de Nuevo León para que suspenda los efectos del acuerdo y se mantenga como se encontraba», indicó.

Brenda Sánchez, de Movimiento Ciudadano, manifestó que no deben alejarse del contexto técnico, por lo que solicitó incluirlo al análisis de la controversia local. «

No solamente el gobernador entrante tendrá que analizar el tema, sino que también las administraciones de Santa Catarina y García.