La CNDH acreditó que Mario Aburto fue víctima de graves violaciones a sus derechos humanos. Por lo que solicitó a la FGR reabrir la investigación en su contra.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió reabrir la investigación del asesinato del excandidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, por la que Mario Aburto fue detenido y sentenciado.
La institución acreditó que el inculpado fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos, a la integridad personal, al trato digno y al debido proceso por actos de tortura e incomunicación.
A través de la Recomendación 48VG/2021 solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) realizar nuevas diligencias sin perjuicio y con perspectiva pro homine. Es decir que deben aplicar la interpretación que resulte más favorable para el acusado.
Asimismo, pidió aportar como prueba la Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado. El objetivo de la nueva investigación es «subsanar deficiencias y el pleno esclarecimiento de los hechos». De esta forma se garantizará el derecho a la verdad de la víctima y de la sociedad mexicana.
El Estado debe responder por sus actos y reparar el daño
Además, la CNDH aseguró que el Estado debe responder por sus actos mediante acciones de reconocimiento, reparación integral del daño y políticas de no repetición para que no vuelvan a suceder hechos parecidos; así como para «romper el círculo de impunidad e injusticia que por décadas ha lastimado a nuestro país».
Por ello, instó a la FGR y al Comisionado a reparar el daño al agraviado y a sus familiares, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas, otorgarles atención médica y psicológica.
Aunado a ello, demandó a ambas instituciones colaborar con el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS
en contra de los servidores públicos involucrados.
Mario Aburto y su familia denunciaron tortura desde hace 7 meses
Mario Aburto fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, ciudad de Tijuana, Baja California, y lo acusaron de disparar un arma de fuego en contra de Luis Donaldo Colosio, mientras realizaba un acto de proselitismo político, y asesinarlo.
La víctima se trasladó en calidad de acusada a la Agencia del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de esa ciudad. El 25 de marzo de 1994 ingresó a las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Desde entonces, Aburto ha pisado diferentes Ceferesos en distintas entidades y desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el “CPS-Guanajuato”, ubicado en el municipio de Ocampo, en dicha entidad.
Hace siete meses, la Comisión recibió una nueva queja de Aburto en la que afirmó que desde hace 27 años denunció actos de tortura reiterada y señaló que en la FGR existe una investigación por esos hechos, desde el 31 de agosto de 1994. La víctima también reclamó que se reabriera su caso para dar a conocer la verdad.
Por su parte, sus familiares denunciaron que las autoridades penitenciarias han mantenido a Aburto lejos de su familia desde que está encarcelado; pues ha estado recluido en otros estados y nunca lo han trasladado cerca de su lugar de origen.
CNDH reconoce su responsabilidad
De igual modo, la CDNH reconoció su responsabilidad en el caso, porque desde que la detención de la víctima, tuvo la posibilidad de tomar medidas para proteger sus derechos humanos, igual que los de su familia; igual que garantizar una investigación y proceso justo y apegado a Derecho, pero no lo hizo.
Después de realizar una investigación, la CNDH concluyó que elementos de la entonces Policía Judicial Federal y agentes del Ministerio Público Federal incurrieron en actos de tortura en su contra; mientras que los médicos que intervinieron actuaron de forma irregular al ocultar o tolerar dichas acciones.
En tanto que el personal médico y custodios del Cefereso 1 también torturó a Mario Aburto. Por otra parte, el OADPRS incomunicó a la víctima, lo ha mantenido en Ceferesos lejanos al lugar en donde habita su familia y eso constituye una violación a los derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno.
Por último, la dependencia detalló que remitirá la Recomendación a la Cámara de Diputados para que la agreguen a la investigación que realiza la Comisión de la Verdad.
