Por Félix Cortés Camarillo
Pocas veces he visto en mi vida en una sola hoja tamaño carta impresa en tipografía de doce puntos tantas violaciones al sentido común y al espíritu de la democracia. Claro, poco leo el Diario Oficial de la Federación, publicación por medio de la cual los gobernantes no solamente dan a conocer a los gobernados sus decisiones; también dan validez jurídica a esas decisiones. Ley que no sea publicada en el Diario Oficial no existe técnicamente.
En la edición del lunes, en la que el presidente López ordenó a su secretario de Gobernación hiciese publicar el documento que me ocupa, comienza desde la primera frase con una mentira, porque afirma: «Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 1 de la Constitución…» instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal mediante un Acuerdo a realizar las acciones que se indican…
Es falso. Cito la Constitución de México: «Artículo 89 Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 1. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia». Tran tran.
Siguen veinte diferentes fracciones, en las que se faculta al presidente a declarar la guerra, nombrar ministros, cónsules y embajadores -en algunos casos, como en la secretaría de Hacienda y los diplomáticos, con la autorización del Senado- y otras menudencias, entre las que no se le faculta cambiar el curso del país mediante un acuerdo, para el que por definición sólo se necesitan dos.
Pero eso es tal vez un tecnicismo.
Lo que es cierto es que el acuerdo del lunes establece la autoridad máxima del Poder Ejecutivo para declarar «de interés público y seguridad nacional» todos los proyectos y obras a cargo del Gobierno. En comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, aguas, vías férreas, energéticos, puertos aeropuertos y muchas otras áreas. Por si quedara algo fuera, también aquellos proyectos y obras «que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional». En otras palabras, todo lo que diga el presidente López. Todo será considerado de interés público y seguridad nacional.
Con esa categoría, toda la información sobre su avance o retroceso, correcto uso de los recursos en su realización, otorgamiento de contratos y concesiones, licitaciones, inspecciones de calidad, favores, despidos, ceses, cancelaciones o renovaciones y demás estará sujeta a la estricta secrecía que todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional exige.
Adiós al acceso a la información, que de todos modos tiene muchas piedras en el camino de su ejercicio. El presidente López explicó ayer que su acuerdo, que en sus primeros minutos fue manejado como decreto, tiene como meta única agilizar los trámites burocráticos para que las obras públicas no sufran retraso. Cabe observar que los obstáculos a las obras de infraestructura surgen por lo general del aparato gubernamental.
Claro, se me olvida una cosa fundamental.
El documento que comento inicia con una frase mortal. «Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República»
Como dice el que dijo: tengan para que aprendan.
PARA LA MAÑANERA (porque no me dejan entrar sin tapabocas): En los momentos en que la cuarta ola de la pandemia sacude Europa, cuando ya existe la vacuna oral en contra del mal, México «está considerando» la necesidad de una tercera dosis de la vacuna Covid-19. Con todo respeto, señor presidente, ¿cuál va a ser el viaje de turismo oficial que le va a regalar como premio al doctor López-Gatell?
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