Por Félix Cortés Camarillo

En la Constitución de Yucatán, de 1841, ya aparece la simiente de una de las instituciones fundamentales del derecho mexicano, la ley de amparo. Es sin embargo, y para nosotros sorprendente, que en plena época a la reforma juarista, en 1857 y con la participación activa de Ponciano Arriaga, que la figura del amparo va tomando forma, que llegará a los artículos 103 y 107 de la Constitución de 1917. La que nos rige hoy en día.

            La figura del amparo y la ley que la regula son la más importante herramienta que el gobernado tiene para defenderse de quien le gobierna. Su artículo primero y primer párrafo estipula que «el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución….»

            El acuerdo generado por el gobierno federal mexicano el fin de semana pasado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 22, tiene como propósito -confesado por el presidente López quien dictó ese acuerdo- impedir a los particulares que él llama neoliberales a que ejerciendo su derecho al amparo obstaculizaran las obras que él considera vitales. Los críticos de este acuerdo presidencial añaden a los damnificados el derecho a la información.

            Los instrumentos para conseguir su propósito están en la ley de transparencia y derecho a la información, que excluye de ese derecho a la «reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional».

            Con esa mecánica y basado en esta letra, el presidente López puso sobre la mesa lo que los mexicanos han calificado como el decretazo. Así se ha blindado toda la cartera de obras del gobierno actual, en manos principalmente de las fuerzas armadas, para que no puedan ser cuestionadas por la ciudadanía ni se les pueda pedir la transparencia que la actual administración presume como uno de sus pilares de fundamento.

            No podemos los mexicanos, a partir de ese acuerdo que inmediatamente entró en vigor, solicitar se nos diga cómo se licitan las obras, a quién se otorgan los contratos, cuánto se le paga a quién y cómo se puede requerir un rembolso por el dinero mal empleado. La más potente herramienta de la defensa ciudadana ha sido aniquilada.

            Por decreto.

            Los mexicanos ya sólo podemos encomendarnos a Dios, rezar el detente, y solicitar que Jesús nos ampare. Porque la justicia está suspendida.

PARA LA MAÑANERA (porque no me dejan entrar sin tapabocas): con todo respeto, señor presidente, ¿usted está de acuerdo en que si se presenta una nueva ola de contagios de la pandemia no debe enterarse de ello la prensa para que la población no se asuste? Eso dijo su secretario de Salud, en presencia suya, en la mañanera.

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