Los actos de corrupción administrativa, mejor conocidos como ‘mordidas’, representan un grave problema para la población que trata con agentes de seguridad y servidores públicos, pues cada día se reportan 18 mil 497 casos de corruptela en el país, lo que equivale a 771 casos por hora o 13 por minuto, informó MILENIO.
Tan solo en el segundo semestre de 2021, se estima que 2.9 de personas mayores de 18 años reportaron 3 millones 403 mil 581 actos en los que fueron víctimas de corrupción por parte de cuerpos policíacos o burócratas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las cifras muestran que la clásica mordida sigue siendo el más frecuente acto de corrupción en el país, ya que las personas afectadas se encontraban realizando algún tipo de trámite, pago o solicitud de servicio en oficinas públicas o con autoridades de seguridad pública por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas y faltas a la moral.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló que si bien la corrupción administrativa no está relacionada con el desvío de grandes cantidades de dinero, el alto volumen de incidencia que existe en nuestro país genera una suma importante de dinero que es difícil de rastrear.
«Hay la idea de que la corrupción administrativa es una forma pequeña de corrupción y no hay nada más falaz que eso. Los policías de tránsito operan en red, se reparten polígonos, perímetros, hay zonas en donde tienen que hablar con su superior jerárquico y es una estructura piramidal, es una forma de gran corrupción, nada más que está estructurada a partir de pequeños sobornos.
«La corrupción que afecta a los hogares se mide en millones de casos, la única diferencia es que vas transacción por transacción, familia por familia, persona por persona; pero si lo sumas no es un tema menor. De hecho, las formas de corrupción administrativa, en muchos casos, están conectadas con las grandes ruedas de corrupción o macrocriminalidad», explicó Bohórquez.
Ante esta situación, las cifras del Inegi muestran muestran claramente el problema de confiabilidad que arrastran los cuerpos de seguridad pública, pues de 4.9 millones de personas que tuvieron contacto con algún agente, el 46.6 por ciento dijo haber padecido alguna extorsión por parte de la policía.
Por otra parte, la ENSU detalló que al menos 1.1 millones de mexicanos también fueron víctimas de algún acto de corrupción por parte de trabajadores en oficinas de gobierno al realizar los pagos de impuestos o para agilizar algún tipo de trámites entre junio y diciembre del año pasado.
Geografía de la mordida
La geografía de la mordida en nuestro país exhibe zonas de gran valía donde se comete un alto número de extorsiones por parte de servidores y agentes públicos. El Inegi reportó que en Puebla se contabilizaron 145 mil 424 víctimas de corrupción, de los cuales el 113 mil padecieron extorsiones policiacas y 64 mil por servidores públicos (una sola persona pudo sufrir ambos tipos de corrupción).
De igual manera se registró un alto número de sobornos en Tijuana, Baja California, donde se reportaron 105 mil 796 víctimas y en la zona de La Laguna, que concentra los municipios de Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, se contabilizaron 105 mil 591 personas afectadas por malas prácticas gubernamentales.
A escala estatal, Ciudad de México se ubicó como la entidad con más casos de corrupción reportados por la ENSU con 510 mil víctimas. En el desglose se observa que las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa son las que registran mayor incidencia de corrupción con 94 mil 023 y 86 mil 136 afectados en el último semestre del año pasado.
En un nivel inferior se ubica el Estado de México con 444 mil 837 reportes, siendo Toluca y Ecatepec los municipios con mayores reportes de sobornos al registrar 86 mil 706 y 94 mil 159 casos respectivamente; tan solo en estos dos ayuntamientos se concentra el 40.6 por ciento de los casos registrados en los municipios consultados en la ENSU.
Otros estados que reportaron una alta incidencia de mordidas fueron Jalisco, con 179 mil ciudadanos perjudicados; Chihuahua, con 124 mil 527 y Nuevo León con 129 mil 341 casos.
Ante las cifras aportadas por el Inegi, el investigador de México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, dijo que «incluso los propios datos subreportarn el problema porque muchas veces políticamente o socialmente es costoso aceptar públicamente que diste una mordida, entonces muchas veces esos números todavía están subestimados».
Estrategias
Para ambos especialistas es necesario que las estrategias de los gobiernos para combatir la corrupción se concentre en erradicar las redes de corrupción que existen en las dependencias de gobierno y no centrarse en casos llamativos y mediaticos que solamente se usan con fines políticos y que no erradican el problema de fondo.
«Puede haber intención en la cabeza del control de la corrupción, pero en términos prácticos la estrategia no busca erradicar la corrupción que afecta a las personas, a las familias; te puedes quedar en el gran caso de Lozoya o en el gran caso de Rosario que pueden ser muy atractivos mediáticamente, pero no es lo que se está viviendo en la población», explicó Bohórquez.
Por su parte, Marco Fernández expuso que «en general, las redes de corrupción que operaron en el pasado y que operan en el presente no han sido desarticuladas y mucho menos tenemos resultados robustos en términos de la recuperación de los dineros desviados.
«Somos malos en los distintos aspectos que una política anticorrupción debería tener: somos malos para detectar, investigar, castigar; pésimos para recuperar los desvíos de fondos, prácticamente no compensamos a las víctimas y menos desarticulamos redes de corrupción. Con eso la posibilidad de disuadir a los transas para que la piensen dos veces y no cometan delitos de esta naturaleza es prácticamente nulo», sentenció Fernández.
