El 13 de septiembre de 2011, un cateo realizado por elementos del Ejercito concluyó en la detención de nueve integrantes de ‘Los Zetas’.
Era la época del dominio ‘Zeta’ en Nuevo León, el presidente Felipe Calderón se enfilaba hacia su último año de gobierno y las corporaciones de seguridad buscaban a los responsables del incendio en el ‘Casino Royale’ por todo el estado como parte de la Operación Noreste, que logró mil 966 detenciones en flagrancia entre 2011 y 2012, según números oficiales; reportó MILENIO.
El 13 de septiembre de 2011, un cateo realizado por elementos del Ejercito en el fraccionamiento Lomas de los Pilares en Cadereyta Jiménez, concluyó en la detención de nueve integrantes de la organización criminal conocida como Los Zetas y se consiguió la liberación de un menor secuestrado, quien se negaba a trabajar para ellos; los responsables obtuvieran 49 años y tres días de prisión, una multa de 154 mil 564 pesos, y fueron acusados de secuestro, portación de armas exclusivas y delincuencia organizada.
Pero 11 años después de ese cateo, las versiones oficiales son desacreditadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra Ibarra, quien emitió la recomendación 06/2022 para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y su titular, Luis Cresencio Sandoval, reparen el daño causado a uno de los criminales ante lo que califican como detención arbitraria, retención ilegal y tortura, realizadas por personal militar.
Aunque la narrativa oficial refiere que la detención se dio “al realizar patrullamientos”, la versión ofrecida a la CNDH por el quejoso y dos testigos más argumenta “toques en los testículos y en las axilas” para inculparse, contradicción que hoy sirve para que el ombudsperson reclame violaciones a los derechos humanos, a la libertad, seguridad jurídica y personal, así como a la integridad personal de uno de los criminales.
La narrativa entregada por el Jefe del 7/o Batallón de Fuerzas Especiales, en Escobedo, Nuevo León, al Comandante de la 7/a zona militar -plasmada en el expediente CNDH/2/2019/2806/Q- describe lo sucedido ese día en Cadereyta en el que se logró también el aseguramiento de drogas, diversas armas exclusivas del Ejército y vehículos con reporte de robo; publicó MILENIO.
“Al desplazarse el personal de la fuerza de reacción sobre la calle Mar de Noruega se observó un vehículo color gris que abordaron cuatro sujetos mismos que al detectar la presencia del personal Militar intentaron darse a la fuga dándoles alcance sobre la calle Mar Báltico; Al ser detenidos manifestaron que en el interior de la casa de enfrente se encontraban estacionados habían más personas armadas;
“Procediendo inmediatamente a revisar el citado domicilio encontrando en su interior a las personas, armamento, cargadores, cartuchos y vehículos”.
Dentro del domicilio se encontraba el menor de edad, quien tendría cuatro días secuestrado; estaría siendo amenazado para trabajar como ‘halcón’ para esta organización, y en caso de negarse, “le cortarían la cabeza”.
El testimonio recabado por psicólogos forense de la Delegación Estatal de la entonces Procuraduría General de la República, hoy fiscalía, dio cuenta del maltrato que recibió el menor, quien relató cómo fue golpeado, y cómo mataron y quemaron a una persona de la cual afirmó era vecino de su propia colonia.
En el cateo, se encontró también un fragmento de tejido óseo con signos de combustión, y un segundo fragmento de tejido muscular esquelético sin que se pudiera determinar si eran de origen humano o animal, así como tres recipientes con “destilados pesados de petróleo”, según el informe de la Coordinación de Servicios Periciales de la Delegación Estatal de la Procuraduría.
Sin embargo, el testimonio del quejoso, junto con el de otros dos supuestos testigos, recabado por un visitador adjunto de la CNDH en 2019, refiere que el 13 de septiembre 2011, se encontraba cerca de la ubicación referida, cuando se percató que elementos de la Sedena circulaban por la calle, quienes lo habrían detenido y torturado; publicó MILENIO.
El detenido en cuestión, declaró haber sido trasladado a varios lugares, entre ellos, a una casa abandonada en la que tenían más personas detenidas; lo tiraron al piso, le cubrieron el rostro, lo amarraron de las manos, y comenzaron a pegarle en el estómago, costillas, espalda y glúteos, incluso, acusa haber sido víctima de “toques en los testículos y en las axilas”.
Personal militar le habría mostrado las armas y “ante la desesperación y miedo” les refirió que eran suyas, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal a las 07:00 horas del 14 de septiembre de 2011, lo que –según la versión- representaría haber estado retenido 13 horas de manera ilegal.
En los documentos entregados por la Sedena a la CNDH también hay oficios de los militares que participaron ese día, y se da cuenta que hubo una valoración medica por un Mayor Médico Cirujano militar, con el que se acreditarían lo que llaman “maniobras innecesarias durante su detención”.
Además, en otra valoración realizada por psicólogos de la Comisión el 9 de septiembre de 2019, en lo que se le conoce como Protocolo de Estambul, se determinó que “…los síntomas obtenidos mediante la presente evaluación psicológica, constituyen reacciones típicas esperables en personas que han estado expuestas a actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o que se consideran sobrevivientes de la misma”.
De modo que según la CNDH, el cateo del 13 de septiembre de 2011 fue “ilegal e injustificado”, ya que el delincuente no se encontraba en flagrancia, y fue detenido sin contar con mandamiento judicial; informó MILENIO.
Sin embargo, manifiesta que no se pretende interferir en la función de investigación de los delitos o en la persecución de los probables responsables, pero aclara que “es deber del organismo denunciar ante la sociedad las violaciones que observe por parte de las autoridades”.
Ese día se logró la detención de nueve integrantes de Los Zetas, a quienes se les aseguró nueve armas largas, 240 cartuchos de diferentes calibres, 25 cargadores para diversas armas y tres vehículos; y ese año tan solo en Nuevo León se registraron 2 mil 3 homicidios dolosos, la mayoría ejecuciones ligadas al narcotráfico.
