Por Félix Cortés Camarillo

Hace unas semanas una gavilla empistolada interrumpió un velorio en un poblado de Michoacán para sacar a un grupo selecto de personas, más de una docena, alinearlas en el frente de la casa del funeral, y darles muerte por fusilamiento. Se infiere, porque los testimonios directos son obviamente escasos, que los cadáveres fueron escamoteados y se lavaron casi totalmente los rastros de sangre. El presidente López, en su catecismo matutino dijo que no había cadáveres, y en consecuencia no tenía evidencia del crimen. No hubo corpus, ergo, no hubo delictum… vamos. El pueblo se llama, apropiadamente, San José de Gracia.

Hace un par de días, en Zinapécuaro, también Michoacán, una macolla de hombres armados entró a un palenque clandestino en plena pelea de gallos y mató a balazos a veinte personas, tres de ellas mujeres.

Los dos eventos pueden o no estar vinculados. Lo cierto es que ambos son graves y además, lo peor de ellos es que nos estamos acostumbrando a esto tipo de hechos como parte de nuestra agenda cotidiana. En algunos rumbos del país más que en otros, pero en todo el territorio nacional surge de pronto una balacera, un asalto, un tiroteo, emboscada o enfrentamiento que aumenta cotidianamente la estadística de los muertos de bala. Lo vemos como algo que pertenece a la normalidad. Decir que el presidente López ya carga con más de ciento cincuenta mil muertes dolosas no nos pone la piel de gallina, como debiera. 

Hay un ingrediente adicional para nuestra preocupación, que es la actitud del gobierno ante estos síntomas de violencia asesina. La versión oficial es dual: por un lado se trata de pugnas entre grupos delincuenciales que se enfrentan en la lucha por posesión de territorios para su actividad ilegal. Por el otro, son los medios que exageran la nota, el registro y la estadística. Hay que matar al mensajero, dirían los clásicos.

El criterio de asumir los muertos como resultado de rencillas entre los malos es injusto. De entrada, asume que todos los muertos eran bandidos, delincuentes, malos, criminales, echando en un mismo costal a personas que pudieron estar en el lugar equivocado el momento equivocado y no tener nada que ver con la disputa. A estos –y a los otros– se les priva del privilegio de presunción de inocencia. Uno de los principios del derecho romano, que es base de las leyes penales que nos rigen.

Pero supongamos que los fallecidos son miembros de la peor escoria social, asesinos, traficantes, pistoleros, en todo caso son presumiblemente mexicanos; indudablemente seres humanos. Dejan madres plañideras, viudas, hijos desamparados. En los cacareados derechos humanos que se esgrimen a cada rato, el primero es el derecho a la vida. Nadie tiene derecho a matar a nadie, aunque sea el peor de la canalla. No arropemos como nuestra la cultura de la muerte.

PILÓN PARA LA MAÑANERA (porque no me dejan entrar sin tapabocas): Entiendo que usted tenga mucho quehacer, señor presidente, pero me parece que hay algo que requiere de urgente solución. ¿Qué hacer con Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, de quien usted ha sido repetidamente pródigo en elogios sobre su eficiencia, integridad, honestidad, rectitud y limpieza? Resulta que, comenzando por sus pares en la cercanía presidencial, a don Alejandro le siguen lloviendo descalificaciones: la más reciente de la Suprema Corte de Justicia. Claro que usted tiene toda la baraja de posibilidades; le puede dar, a la antigüita, una embajada. Lo puede conservar de consultor externo, pues nadie sabe a quienes coordina Lázaro Cárdenas Batel, el nieto de Tata Lázaro. Yo creo que la mejor solución es que usted lo incluya públicamente en la cuadrilla de presidenciables para el 2024. Con eso todo queda resuelto. Sus propios compañeros de gabinete lo van a hacer pedazos.

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