Una serie de hechos y artimañas legales mantienen al ex gobernador de Nuevo León en prisión preventiva, acusaron hoy sus abogados.
A través de sus redes sociales y medios electrónicos, el equipo jurídico de Jaime Heliodoro «N», interno en el Penal 2 de Apodaca desde hace poco más de tres semanas, denunciaron que su defendido se encuentra injustificadamente privado de su libertad.
Los derechos de presunción de inocencia y debido proceso, refieren, le fueron violados.
«Los abogados de don Jaime, hacemos del conocimiento de la opinión pública los hechos y las artimañas ilegales que hoy mantienen al ex gobernador en prisión preventiva», refieren junto a nueve puntos en los que exponen la situación.
«El Sr. se encuentra injustificadamente privado de su libertad y para que esté hoy recluido se le han violado sus derechos, la presunción de inocencia y el debido proceso que en cualquier Estado de Derecho deben de garantizarse para cualquier persona».
Entre los puntos destacan la Acusación por un Delito Electoral, donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, a sabiendas de que carecía de competencia por fuero, inició e integró una Carpeta de Investigación, en la que mintieron al señalar que no lo habían localizado.
«No sólo la citada Fiscalía omitió hacer del conocimiento de Jaime (Heliodoro N) la existencia de esa investigación criminal a efecto de que ejercitara su más elemental derecho de defensa, sino, lo que es más grave, simularon que no lo habian localizado para tal efecto, cuando es de sobra conocido su domicilio».
«El ex gobernador es fácilmente ubicable, dado que gozaba de escoltas del propio Estado de Nuevo León, por lo que no podía existir la más mínima duda de su ubicación para citarlo sin mayor problema, máxime cuando se trata en cualquier supuesto, de un ilícito que no está contemplado en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa», señala el desplegado.
Esto, consideran, fue una «deleznable y delictiva» maniobra para obtener una orden de captura y encarcelarlo, pese a que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, ni el juzgador que mandató su aprehensión, tenían la competencia indispensable para ello.
Sentido en el que aseguran que su objetivo era que el ex mandatario nunca tuviera conocimiento ni pudiera defenderse en el contexto de esa investigación; que se lograra –con todo lujo de difusión mediática– la emisión y posterior ejecución de un mandamiento de aprehensión en su perjuicio.
Además de que un Juez de Control del Estado de Nuevo León, violando la presunción de inocencia –quien posteriormente se vio obligado a declinar su competencia hacia el fuero federal, a quien desde un inicio le correspondía en su caso, la investigación y procesamiento judicial de dicho asunto, por tratarse de supuestos hechos vinculados a una elección presidencial, y no local– lo vinculara a proceso y sobre todo, le decretara una desproporcionada, injustificada e indebida medida cautelar de prisión preventiva, cuando el Bronco ni siquiera cuenta con pasaporte vigente.
«Desde luego ellos saben que ese particular asunto penal-electoral no tendrá futuro en el más objetivo e independiente ámbito de las autoridades investigadoras y judiciales de la Federación, tenida consideración que ni nuestro representado reúne siquiera la calidad de sujeto activo del tipo penal que se le ha imputado. Por lo que difícilmente se convalidará su vinculación a proceso», comunicaron.
A ello, mencionan, se suma el que desempolvaron una «añeja e improcedente» carpeta de Investigación por Abuso de Autoridad en la requisa de Ecovia, con lo cual buscan mantenerlo en prisión de manera ilegitima e ilegal.
Lo anterior aún y cuando el acusado, señalan, se encuentra en un comprometido estado de salud, y no recibe la atención médica adecuada. Asimismo, a la defensa no se le dio cuenta de la nueva carpeta de investigación para desarrollar una defensa técnica adecuada en su favor.
No obstante, advirtieron que seguirán con su defensa para acreditar su inocencia de todo delito que se le impute.
«Lo que evidentemente se codicia es evitar que salga de prisión. Esa es la mala fe; ese es el reprobable y dañado propósito. Los derechos humanos y fundamentales de Jaime Heliodoro no les importan; el Estado de Derecho menos; lo que se desea es mantenerlo ilegalmente en prisión».
«Don Jaime no se arredrará ante esas arbitrariedades. Seguiremos con la ardua labor de acreditar su plena inocencia, siempre con las herramientas de la razón, los hechos reales y el derecho. Demostraremos que no es culpable de la acusación que le han hecho y mucho menos de las medidas privativas a las que lo someten, seguiremos luchando contra la injusticia, esa injusticia que si genera consecuencias», agregan.
