La asociación Movimiento por la Igualdad en Nuevo León compartió en redes sociales la audiencia a la que fueron convocadas las activistas de derechos humanos Jennifer Aguayo, Vanessa Jiménez, Sandra Cardona y Nadia Garza en el Palacio de Cantera, en razón de la violencia de la que ellas y otras de sus compañeras fueron víctimas durante la movilización del 10 de abril, en la que protestaron de forma pacífica por las desapariciones en Nuevo León.
De acuerdo con las activistas, se les invitó a una “audiencia articulada por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, cuya titular es Martha Herrera, el Secretario de Gobierno Javier Navarro, el secretario de Seguridad Aldo Fasci, y la nueva encargada del despacho de la Secretaría de la Mujer, Eusebia González, «para que nos expliquen el por qué de la represión policiaca que sufrimos el pasado 10 de abril en el Palacio de Gobierno”.
Al comienzo de la audiencia, Navarro pidió que no hubiera registro en vivo, pero las activistas enfatizaron que los hechos ocurrieron en el ámbito público, entonces estaban en su derecho. Aunado a esto, al ser convocadas al mismo sitio donde se les perpetraron actos de tortura, continuarían con el registro por su propia seguridad.
Las autoridades procedieron a pedir los nombres de las mujeres de colectivos radicalizados que vandalizaron la puerta del Palacio de Cantera, y propusieron que la audiencia les permitiría llegar a acuerdos sobre las movilizaciones, omitiendo el tema propio de la reunión, que fue la privación ilegal de la libertad y tortura por parte de la policía estatal, de la que fueron víctimas varias mujeres el día 10 de abril.
Respecto a la violación de derechos contra Aguayo, Jiménez y las otras víctimas, Navarro insistió en que no existen pruebas de que se cometió agresión alguna contra las manifestantes, por lo que pidió a las activistas las pruebas de los hechos. Las defensoras señalaron que se trataría de una “doble victimización” pedirles a ellas que comprueben los hechos, por lo que Eusebia González enfatizó que se reunirán las evidencias necesarias para abrir una carpeta de investigación contra los elementos que amedrentaron a las activistas y asistentes a la movilización. Sobre quién dio la orden de atacarlas, se dijo que los policías actuaron de forma autónoma y Fasci agregó que él ordenó a los uniformados que protegieran a las mujeres.
Las activistas ofrecieron sus testimonios sobre los acontecimientos del 10 de abril, donde buscaban hacer entrega del pliego petitorio exigiendo acción ante las desapariciones de mujeres en Nuevo León, pero fueron recibidas con violencia por parte de la policía estatal, que les negó el acceso al recinto. De forma pública, Samuel García abrió las puertas del Palacio para que las colectivas pudieran expresar sus denuncias, sin embargo se privó de la libertad a varias mujeres, y aseguran las sometieron a actos de tortura.
Tras el relato de los hechos, las manifestantes exigieron justicia y denunciaron que el gobierno de Samuel García es misógino, represor y torturador contra los defensores de derechos humanos, y que no se sienten a salvo.
Nadia Garza relató que fue retenida en contra de su voluntad a pesar de haber dado la señal universal de paz, que fue golpeada, quemada y amenazada por los elementos de seguridad. La activista habló de un retroceso, pues la represión que experimentaron el 10 de abril es algo que no habían vivido en sus más de 10 años de lucha por derechos humanos. Hasta ahora, las mujeres vulneradas han recibido asistencia psicológica por parte de los colectivos, más no han recibido apoyo por parte del gobierno.
Vanessa Jiménez recalcó que hubo detenciones arbitrarias y que las jóvenes estuvieron retenidas por elementos de la policía hasta por 7 horas, sin ser presentadas de forma oficial ante las autoridades. Además, habló de la deslegitimización de su labor por parte de los medios de información, como el periódico El Norte, pues le informaron fuentes cercanas que se le imputaría la radicalización del evento.
Luego de que las activistas expresaran su temor y detallaran los hechos, el secretario Javier Navarro enfatizó que la reunión tenía como objetivo localizar a quienes perpetraron la quema de la puerta del Palacio, a lo que las defensoras de derechos humanos respondieron que ellas defendían mujeres y que no eran entrenadoras de grupos radicales.
Sumando a las acciones para resolver el tema de la actuación de los uniformados ante la movilización, el nuevo comisario expresó su interés en crear un protocolo, pues quedó en evidencia que no existe un formato de actuación ante manifestaciones pacíficas, por lo que pidió el apoyo de las víctimas para realizar la investigación y redactar un protocolo en conjunto para el estado.
Jennifer Aguayo cuestionó a Aldo Fasci sobre cuál es la expectativa de ellas como víctimas, a lo que el funcionario respondió que se haga justicia y no se repitan las agresiones.
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Con información de Movimiento por la Igualdad en Nuevo León.
