Por Javier Zambrano Elizondo
“No hay tiranía peor que la de las malas leyes.” // Sabiduría antigua
El buen lenguaje jurídico –condición necesaria de la buena ley– requiere brevedad en el precepto y sencillez y pureza técnica en la expresión.
La Constitución Norteamericana así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos tienen la singularidad antes descrita. La primera “vigente” desde 1789 ha tenido solo 27 enmiendas; la segunda, adoptada en 1948, no ha sufrido modificación alguna en sus escasos 30 artículos.
La propuesta de Constitución para Nuevo León, planteada al Congreso Estatal por el Gobernador y aprobada penosamente sin discusión en primera vuelta y sin diagnóstico alguno que la sustente contiene un exceso de 223 artículos, 87 más que nuestra Constitución Federal.
Su Exposición de Motivos no excede cinco cuartillas; no hace referencia a fuentes o figuras jurídicas relevantes que justifiquen propuestas. Ni a comparativos, ni a citas de derecho comparado, ni a la doctrina, ni a experiencias pasadas, ni a Colegios de Abogados, ni a Colectivos Ciudadanos ni a justificantes técnicos, operativos o de gobernanza para explicar agregados o diferenciadores.
Hay un lamentable vacío en la exposición de motivos; en donde se reitera de que la Constitución actual es “vieja” y requiere “innovarse” sin especificar en qué, cómo, en dónde y por qué.
Vaya, ni siquiera se enuncian cuales son los agregados nuevos; quizás porque hay sorpresas dispersas difíciles de identificar que incorporan figuras sin el debido estudio previo o acrecientan peligrosamente el poder del Gobernador, del Congreso y del Poder Judicial como se habrá de evidenciar.
Por ejemplo, el ultimo párrafo del artículo octavo del documento incorpora la denominada responsabilidad objetiva del Estado. Es decir, los tribunales administrativos conocerán de todas las reclamaciones no prescritas de actos ilegales o del funcionamiento irregular de los servicios públicos.
Al respecto cito una anécdota demoledora reseñada por el ilustre Antonio Carrillo Flores en conversación en Los Pinos en 1962 con el presidente López Mateos. “Quiere usted decir, embajador –yo lo era en Estados Unidos–, que todo hombre aprehendido sin orden judicial o víctima de las innumerables arbitrariedades de nuestros funcionarios y empleados van a poder exigirnos una indemnización? Usted que fue secretario de Hacienda, ¿cree de verdad que la Hacienda Pública lo resistiría?, me preguntó el presidente.” Aquella Ley no se dictó.
Plantear una nueva Constitución sin un diagnóstico meditado, profundo, integral y estadístico de la problemática que nos aqueja y un análisis detallado de posibles soluciones para resolverlas, es francamente irresponsable.
Invitar a Mesas de Trabajo a la ciudadanía para dialogar con quienes la aprobaron sin diagnóstico, sin discusión y sin aportación alguna a nada conducirá.
Existen aspectos todavía más preocupantes. El artículo ochenta propone la reelección de diputados hasta en cuatro ocasiones pero no repara en reformar a partidos para democratizarlos, transparentarlos, vigilarlos, obligarlos a rendir cuentas y ser incluyentes. Asunto no menor, pues los partidos son el instrumento para el acceso y control del poder.
¿Será conveniente dejar el control y liderazgo de la tarea constituyente solo al Congreso integrados por los partidos cuestionados y aborrecidos por muchos? ¿No fueron ellos quienes por años han aprobado recurrentemente cuentas públicas de miles de millones de pesos impresentables por sus corruptelas y desfalcos? Lamentable que la propuesta no busque evitar este accionar equiparable a lo que denominan especialistas, crimen organizado.
¿Por qué no empoderar a la ciudadanía e involucrarla para liderar, supervisar y controlar el proceso constituyente?
La colusión y simulación entre supuestas fuerzas políticas opositoras ha sido en los últimos quince años la desgracia institucionalizada más grave en nuestro estado. Los redactores del documento “nada” proponen para erradicarla.
Mientras subsistan partidos políticos cooptados y controlados por camarillas, subsistirán privilegios, prebendas y la facilidad para la indignante colusión entre los poderes constituidos. (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) La propuesta de nueva Constitución consolida esta irracionalidad.
(En la Segunda y Tercera entrega habremos de abordar aspectos de técnica constitucional casi inexistente en la propuesta. Citaremos ejemplos del ensanchamiento de atribuciones de los poderes políticos en detrimento de la ciudadanía. Hablaremos de la falta de obligaciones, limitaciones y sanciones a poderes y funcionarios públicos como ejemplarmente ocurre en la legislación chilena. Actuemos para que el gobernador rectifique, corrija y reencauce.)
