Por nulos resultados e incurrir en presuntos actos de espionaje durante el pasado proceso electoral, el gobernador Samuel García Sepúlveda vetó a Adrián la Garza Santos para ser designado a Fiscal General del Estado. Javier Navarro, Secretario General de Gobierno, entregó el documento en la Oficialía de Partes del Congreso Local, en ausencia del mandatario estatal que se encuentra en una Cumbre Climática, en Egipto.
Por su parte la bancada de diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) adelantó que solicitará un juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), por presuntas violaciones a la autonomía municipal al retener y pretender embargar recursos de ayuntamientos si no respaldan sus proyectos, informó Expansión.
El veto
Aunque por ley cuenta con cinco días para vetar uno de los cuatro candidatos finalistas propuestos por el Poder Legislativo, el emecista lo hizo incluso antes de recibir la lista.
«Después de haber subido el Congreso a su página los candidatos que resultaron, en este caso el gobernador está eliminando de los cuatro nombres el nombre de Adrián de la Garza como posible candidato a la Fiscalía», expuso el secretario general de Gobierno.
Lo anterior al asegurar que aún no les llega el oficio girado por los diputados. El funcionario estatal indicó que la instrucción del Ejecutivo fue dar lectura al escrito para informar bajo qué argumentos se veta al ex procurador de Justicia y ex alcalde de Monterrey.
Mismo en el que acusa a su contrincante a la gubernatura de espionaje a los otros candidatos en las pasadas elecciones de 2021, además de haber sido procurador en la peor ola de violencia que sufrió Nuevo León en 2010.
«Estoy cumpliendo con mi parte al vetar a la peor de las propuestas», refiere.
«La Fiscalía no debe ser una cuota política porque sobre esa institución recae la responsabilidad de garantizar una seguridad y la justicia de Nuevo León».
«Quién sea designado como Fiscal debe tener un perfil independiente, preparado… no puede por ningún motivo responder a los partidos políticos y mucho menos ser uno de los principales actores de la vieja política».
Otro de los cuatro argumentos en su paso por la alcaldía de Monterrey dejó una policía desarticulada.
«No puede ser fiscal quien en seis años como alcalde dejó a la Policía Regia incompleta, desarticulada, en el abandono e hizo de Monterrey la ciudad más insegura para las mujeres».
Por último, advierte que el responsable de hacer valer la ley e impartir justicia no debe ser elegido en un proceso impugnado, con suspensiones judiciales que han sido ignoradas y por lo tanto es un procedimiento viciado e ilegal. Es de destacar que entre los finalistas quedan Pedro José Arce Jardón, Genaro García de la Garza, y Guadalupe Saldaña Vargas.
El gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que, contrario a lo expresado por los diputados locales, sí recibió la lista de candidatos a la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Luego que el Congreso Local advirtiera que su veto es inválido porque aún no se le había notificado por escrito el nombre de los finalistas; el mandatario estatal refirió que no es así.
A través de su cuenta de Twitter, el Ejecutivo estatal, que se encuentra en una Cumbre Climática, en Egipto, aseguró que el Legislativo sí le envío el documento.
«Quiero informarles que hoy recibí la propuesta del Congreso con los nombres de las personas que decidieron que pueden ocupar el cargo de Fiscal del Estado», publicó.
«Les pido a las y los Diputados que piensen en Nuevo León, no en sus compromisos políticos, y garanticen un proceso abierto, transparente y público para elegir a los mejores».
El juicio político
La diputada Marcela Guerra recordó que la Constitución reconoce a los municipios la libertad de manejar su patrimonio y facultades para su propia administración pública, pero el gobierno de Nuevo León “condiciona en la entrega de estas participaciones federales a cambio de apoyar sus propuestas para afiliarse a su partido. Nada más que legal que eso. Nada más injusto”.
“La autonomía municipal es constitucional compañeros, el gobernador al negar la liberación de los recursos, así como no realizar las transferencias de las aportaciones federales, viola los derechos de todos los habitantes de Nuevo León. El gobernador viola nuestro federalismo establecido en el artículo 115 constitucional y la Ley de Coordinación Fiscal y por ello debe de ser sujeto al juicio”, demandó.
“¡Vamos a llevar a juicio político de Samuel García!”, anunció la legisladora y las razones son “por sus violaciones graves a la Constitución, las leyes federales y por el manejo indebido de los fondos y los recursos, el autoritarismo, la negligencia, el chantaje y la ingobernabilidad con la que se conduce el ejecutivo estatal al ordenar el embargo de las cuentas bancarias de los municipios”.
De acuerdo con la diputada, los municipios que están amagados son Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, Juárez, a los que se somete a una situación de inoperancia por falta de recursos.
Respaldaron la petición diputados del PRI, pero también del Partido de la Revolución Democrática y de Morena, mismos que subieron a tribuna en apoyo a la exigencia del PRI.
