Las compañías consideran que la norma sobre los avisos de exceso de azúcares y sodio en alimentos es “discriminatoria”; proponen hacer estudios científicos
En enero próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver la constitucionalidad de la nueva norma de etiquetado en alimentos y bebidas; sin embargo, las empresas ya están planeando llevar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), si no es positivo el resultado para ellos; reportó MILENIO.
Especialistas consultados por MILENIO afirman que si llegara el organismo internacional a aceptar la denuncia del sector privado, solicitarán a la Corte mexicana explicaciones sobre su pronunciamiento, porque la iniciativa privada considera que la medida es “discriminatoria”.
El doctor en derecho constitucional, Rogelio Rodríguez Garduño, dijo que el asunto es extremadamente delicado, porque pone en riesgo la viabilidad y competitividad de miles de empresas y el crecimiento económico.
“El asunto no es menor porque de declarar la Corte improcedente el primer amparo promovido por una empresa refresquera (Barrilitos), todos los demás en la lista y los que se presenten caerán en “cascada” bajo la figura constitucional de precedente obligatorio, en vigor desde marzo del año pasado”, advirtió.
Expuso que la figura de procedente obligatorio inscrita en el artículo 94 de la Constitución es equivalente a la jurisprudencia que requiere de cinco criterios ininterrumpidos, pero en este caso cuando concurra el voto de ocho ministros en la resolución del primer amparo, los criterios y razones de la sentencia se hacen obligatorios para los magistrados de circuito, jueces y todas las autoridades judiciales del país sin prácticamente ninguna posibilidad de nueva apelación.
Ismael Reyes Retana, abogado constitucionalista y socio de la firma White & Case, opinó que quienes defienden la constitucionalidad de la norma están en un error porque solo se aplica a los productos envasados como el pan dulce de marca, mientras que el que se vende a granel, como el bolillo, que contiene hasta 70 por ciento más de sodio, no tienen advertencia.
“La norma es discrecional porque se aplica por lo mismo a una unidad que a mil unidades caloríficas, como es el caso de las mermeladas y las mayonesas, por lo que es derecho de las empresas quejarse por inequidad o discriminación”, explicó.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) estimó que esta norma encarece la producción industrial de 30 centavos hasta 2 pesos cada producto, dependiendo el sector, además de que afecta la imagen de las empresas; señaló MILENIO.
Posibles alternativas
El doctor Rodríguez Garduño mencionó que una salida a la queja de discriminación y estigmatización por el etiquetado de alimentos y bebidas es armonizar el derecho a la salud con los procesos industriales.
Esto implicaría que la Corte nacional solicite una revisión de la norma y solo la parte que afecte la salud se declare constitucional debido a que existe un amplio margen de discrecionalidad que no deja distinguir los productos que apenas rebasan los límites permitidos de azúcares, calorías o sodio.
“La revisión de la norma con estudios métricos y científicos permitiría despejar muchas dudas y dar mayor certeza en la reformulación de alimentos y bebidas, que es lo que requiere la industria”, destacó.
Imagen portada: Cuartoscuro
