Los diputados buscan que el gobernador no pueda ejercer el presupuesto del 2022 en el 2023, argumentando que es inconstitucional.
Con el voto en contra de Movimiento Ciudadano (MC), el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó que la Dirección Jurídica del Legislativo presente una Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el gobernador Samuel García no pueda ejercer el presupuesto del 2022 en el 2023; informó MILENIO.
En sesión ordinaria de Pleno, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, dijo que el fin es ir contra los actos y omisiones que presuntamente cometió el Estado al no presentar el presupuesto de egresos para el 2023.
“Se autoriza a la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo para que presente el análisis y en su caso elabore el proyecto o los proyectos de demanda de Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad, ya sea en el ámbito local o federal según se determine, así como a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que, en representación legal de esta soberanía, intervenga en la presentación y tramitación de la o las mismas, hasta su resolución”, dijo De la Fuente.
El Ejecutivo estatal ha manifestado que utilizará el presupuesto de este año 2022, situación que, según los diputados, es inconstitucional, ya que la Constitución únicamente permite esto en caso de que no se publique el del próximo año, y no en caso de que no se presente dolosamente por parte del gobernador el del próximo año.
“La omisión de presentar el proyecto de presupuesto y pretender emplear el del año actual, dolosamente y sin sustento legal, no solo quebranta el orden constitucional, sino que tiene efectos negativos profundos sobre la vida de los neoleoneses, dejando en el limbo jurídico y en una absoluta falta de certeza jurídica el gasto del siguiente año, ya que al existir un impedimento para discutir el proyecto de gasto público para el 2023, se le priva a la población de destinársele recursos que cubran sus necesidades en materia de servicios públicos municipales como alumbrado y pavimentación, salud, educación, movilidad y seguridad, entre otras.
“Como representantes populares debemos respetar y hacer respetar nuestra Constitución, por lo que, ante este escenario, es necesario acudir a tribunales, a fin de resolver esta problemática a través de los medios de control constitucional; de esta manera reafirmamos nuestro compromiso con la población neoleonesa de promover en todo momento la certeza y seguridad jurídica de los gobernados”, señaló De la Fuente.
El panista dijo que es procedente promover el mecanismo de control constitucional denominado Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad, dependiendo sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 135 y II del artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de MC, dijo que no hay una idea muy clara del tema.
“No tienen ni siquiera la idea clara de hacia dónde van y lo único que quieren es esta animadversión que existe, en nada beneficia al Estado, es muy lamentable”, refirió.
Eduardo Gaona, coordinador de MC, indicó que no se puede utilizar la dirección jurídica del Congreso, ni tampoco la institución de la presidencia para caprichos.
“No se puede utilizar lo jurídico del Congreso para satisfacer caprichos de nadie, no tenemos claro esa parte de que por omisión pueda caber la controversia, son aspectos técnicos, el presupuesto del 2022 va a aplicar en 2023 y se contempla en la Constitución. No necesitamos judicializar”, concluyó.
Imagen portada: Leonel Rocha | MILENIO
