Por José Francisco Villarreal
Un personaje bíblico de todos los tiempos es Salomón. A todos nos apantalla su famoso juicio donde sentencia partir a un niño en dos para complacer a dos sedicientes madres. Será el sereno, pero no se oye muy sabio, ni como broma. Ni la Biblia ni la tradición dicen cómo iba a ser el despiece, si sería las mitades de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Y como finalmente no se destripó al niño, nos quedaremos con la duda. Queda otra duda. No sabemos qué hubiera pasado si las presuntas madres hubiesen acatado la sentencia. Recordemos que Salomón era un rey magnífico, es decir, pragmático y brutal. Mantuvo y aumentó el reino unificado de Israel y Judá, creado desde tiempos del rey Saúl. Avasalló pueblos e hizo alianzas con Tiro y Egipto. Para esto hay que tener muchas agallas y poca piedad. No se iba a distraer demasiado por un mediocre juicio de patria potestad, como quiera la estirpe judía se transmite por vía materna, el padre sólo aporta el apellido y el estatus dentro del patriarcado; daba igual una madre que otra. Después de todo, Salomón no fue un rey tan bueno: pagano, vanidoso, mujeriego, y hasta metido en las artes muy cuestionables de esclavizar demonios y embotellar djinns. Tampoco dejó tan sólido su reino, porque después de él se dividió. Así que con este antecedente sacro (Dios dictó la Biblia), no exijamos demasiado a nuestros jueces mexicanos, ya sean los legítimos o los que por alguna eventualidad se invisten con la toga y el mallete para hacer juicios, ya sean juicios políticos, cívicos o mediáticos.
Hace tiempo, una vecina me preguntaba cómo era posible que un fulano recién aprehendido, juzgado y condenado por robo, fuera aprehendido de nuevo, por el mismo delito, unos cuantos días después de la sentencia. Tampoco lo entendía, imagino que la sentencia fue unas nalgadas y la amonestación de “Vete, y no lo vuelvas a hacer”. Tengo entendido que los delitos y las penas están codificados, así es que los jueces no tienen que inventar soluciones salomónicas radicales. Cosa de sacar el manual y sentenciar. Ahora que, ya el proceso es un laberinto de sofismas entre fiscalía y defensa. No comprendo cómo pueden dormir tranquilos esos defensores que defienden y liberan a criminales a sabiendas de que son culpables. Parecería que, por su oficio, los abogados tienen patente de corso en cuanto a la ética. Así que la sentencia ya no depende de la justicia sino de que el abogado defensor o el fiscal sean más hábiles para engatusar al juez. Me sorprendía hace poco una serie china de Ciencia Ficción en donde se partía de la premisa: “La Física no existe”. Ya no, porque parece que la Justicia tampoco. Si no hay Justicia, hasta la ciencia y las leyes de la naturaleza dejan de ser importantes.
Cualquiera pensaría que los largos procesos están diseñados para que no existan dudas de la culpabilidad y la sentencia sea adecuada. Un exceso de celo para proteger al inocente que con frecuencia ya cumplió una pena como preso en tanto se le dictaba sentencia. Esos meandros de los procedimientos comunes ya son abrumadores de por sí, cuánto más no lo serán los recovecos de eso que llaman “juicio político”. Esta novedosa decisión del congreso estatal, o de parte de él, de llevar a juicio político al joven gobernador García, es apenas la antesala del verdadero mitote que le sigue. Un juicio político estatal transita por denuncia, comisiones legislativas, pleno y Tribunal Superior. En cada fase hay un montón de procedimientos que incluso excluyen a la parte acusadora a la hora de votar su procedencia. Supongo que las fracciones que decidieron acusar al gobernador hacen uso de algún un truco legal para votar este tema en el pleno. Lo que implica una contradicción porque es un voto de “juez y parte”. Tampoco sería confiable la fase del proceso ya en el Poder Judicial. El sistema venoso de los partidos que tienen secuestrado al Congreso, también tiene arterias, venas y vasos capilares en el Poder Judicial.
Y en el remoto caso de que la sentencia exculpe al gobernador, la ley determina sanción a los acusadores. Por lo menos a los acusadores particulares, pero supongo que una acusación falsa emitida por un grupo de funcionarios públicos coludidos, es más que grave porque implica sedición. ¿Qué sanción les correspondería? No lo sé, pero yo los pondría por lo menos en un cepo en la Macroplaza, junto a la fuente de Neptuno.
Es una bendición para Nuevo León que yo no sea juez, y que ningún ciudadano de infantería lo sea. No sabemos de leyes, sólo de culpas, y somos muy salomónicos porque nos entusiasman mucho las sentencias ejemplares aunque estén prohibidas por la ley o la moral. Somos así porque sabemos que ninguno de los muy escasos funcionarios sentenciados se ha rehabilitado. Y que sus sentencias han sido menos que la de aquel raterillo de mi colonia: unas nalgadas y un “No lo vuelvas a hacer”. Pero nosotros no tenemos ni voz ni voto en estos bretes. Por eso confundimos deliberadamente a la justicia con el desquite.
Hace unos días leí la intervención del ciudadano diputado Waldo Fernández en la tribuna del congreso. Lamentaba la relación tóxica entre algunos legisladores y el gobierno estatal. Advertía contra el desmantelamiento del Poder Ejecutivo desde el Poder Legislativo. Y señalaba que en ese enfrentamiento han olvidado que la representación popular es más importante que adueñarse de posiciones estratégicas en la administración pública. Aunque se refería especialmente a la Defensoría de Oficio, sus observaciones tienen más amplia validez. Si el juicio político contra el gobernador procede, según interpretaron los diputados, con el mismo calzador que usaron se les podría fincar un juicio político a ellos, cosa de revisar e interpretar el Capítulo Primero del Título Segundo de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León. La distancia de los representantes ciudadanos de sus deberes con sus electores tampoco es un asunto menor, sobre todo cuando sus acciones no limitan sino despojan a otro de los poderes del estado. Una dictadura tiene muchas caras.
No defiendo al joven Samuel, advierto sobre una usurpación promovida por institutos políticos a través de un instrumento democrático que sólo el pueblo tiene el derecho a manejar… y a desechar. Perturbar el orden sea jurídico o administrativo podrá ser interpretado a conveniencia por abogados de acuerdo a su función en un proceso, pero “Salomón Pueblo” no sabe de esos tejidos finos pero puede columbrar las trampas. Y todo parece indicar que las belicosas y ventajosas fracciones del congreso no reaccionan contra los errores del gobernador, ¡los aprovechan!
