El Gobierno del Estado está cargo del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León y no del Poder Judicial, reiteró Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno; informó MILENIO.
En rueda de prensa en su despacho, el funcionario estatal señaló que hasta que no haya una respuesta definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Defensoría Pública está en poder del Ejecutivo del Estado.
«Lo que puedo comentarles es que, no obstante del albazo que quiso dar el Poder Judicial junto con el Congreso y con la Fiscalía, ya claramente la Suprema Corte de Justicia estableció que quien tiene el derecho de mantener la administración, el presupuesto es el Poder Ejecutivo.
«Hasta que no haya una respuesta final por parte de la Suprema Corte de Justicia las cosas quedarán en los mismos términos», dijo Navarro Velasco.
El secretario General de Gobierno indicó que el Poder Judicial está alegando que la Corte les dio la razón y que la suspensión fue presentada por el Ejecutivo y fue a la entidad a la que le contestó.
Insistió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les otorgó una suspensión provisional de amparo en la que todo se queda como está, en tanto se resuelve el fondo del asunto.
Se le cuestionó sobre lo que estableció el Poder Judicial en relación al recurso que queda sin efectos sobre los actos ya consumados, por lo que dijo que deben buscar a un intérprete para que los asesore y les diga que la resolución no les beneficia.
“La Defensoría se queda en el Ejecutivo bajo una orden específica de parte de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que (el Poder Judicial) tienen que buscar a alguien que les interprete bien lo que dice la Corte; la suspensión se la otorgaron al Poder Ejecutivo no al Poder Judicial, entonces, ellos no pueden alegar que reciben beneficios con la suspensión.
“El Ejecutivo tiene el presupuesto, el Ejecutivo tiene la administración, el Ejecutivo tiene la Junta de Gobierno, y la suspensión detiene todo eso para que se mantenga en el mismo sentido”, manifestó el secretario.
Dijo que la resolución será favorable hacia el Gobierno del Estado, dado que el Decreto 341 no se publicó en el Periódico Oficial, y por lo tanto no es Ley vigente.
“Hasta que no haya una respuesta final por parte de la Suprema Corte de Justicia, las cosas quedarán en los mismos términos en los que se encontraban anteriormente”, comentó Navarro.
“Lógicamente lo más posible es que esa Ley, ese Decreto 341, nunca se publicó, y como no se publicó no es Ley vigente; entonces lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia va a resolver a favor del Ejecutivo”, refirió.
Navarro Velazco confió en que la resolución termine con la situación que pretende el Poder Judicial.
Imagen portada: MILENIO
