El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), el cual investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, emitió un mensaje donde pidió al Gobierno de México que se permita el ingreso a los archivos de las instituciones implicadas en el caso y pidió que sea tratado como un crimen de Estado.
A través de un comunicado, el GIEI señaló que la información que se le ha entregado “es parcial” y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas. El GIEI indicó que, debido a esto, ha solicitado que dicha información se ponga a disposición de la investigación.
Tras señalar limitaciones y bloqueo del gobierno mexicano para acceder a información que lleve al esclarecimiento del Caso Ayotzinapa, el GIEI emitió un mensaje de despedida donde también pide mostrar información oculta, clasificar delitos por desaparición forzada y ejercer acciones contra perpetradores.
Los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristain, quienes firmaron el documento del mensaje denominado “Hoy es Todavía”, relataron los sucesos que ocurrieron desde su llegada a México en marzo de 2015, como parte de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Incluso en la carta del GIEI se lee que a parir de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se pudo acceder a información, pues este ordenó que se abrieran los archivos de la investigación.
“Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIE y la COVAL”, señalaron los especialistas del GIEI en su carta.
Los integrantes del GIEI aseguraron que durante su estancia no han realizado valoraciones políticas, ni opiniones personales, además de que las discusiones políticas del país no han condicionado su autonomía e independencia.
Además, el GIEI explicó que fue “objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en varios medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero”.
El GIEI consideró en su mensaje que es muy relevante el reconocimiento por parte del Gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado y señaló que “el caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos”.
Asimismo, los integrantes del GIEI señalaron que los propios fiscales de la Unidad Especial se vieron presionados en algunos momentos, “ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad”.
Los especialistas apuntaron que el punto de partido de la nueva averiguación, que comenzó en 2019 con la llegada del presidente López Obrador, fue al descubrir que había más hechos que permitirían esclarecer lo ocurrido los días 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Al final del texto el GIEI indicó que este grupo ha sido una fuente fundamental de información fiable, de apoyo a la reivindicación de la verdad y “sobre todo de esperanza. Es esa esperanza de las familias, y de la propia sociedad, la que necesita respuestas”.
Imagen portada: SPR Informa
