Por José Narro Céspedes
Desde hace más de una década hemos podido ver en diferentes escenarios de la sociedad la forma en que se ha ido “romantizando” la gestación subrogada, maternidad sustituta, o como le denominen a esta terrible práctica que cada vez vemos con mayor regularidad en muchos países del mundo.
Nuestro país ha tenido una visión ambigua sobre este tema desde el punto de vista jurídico, ya que si bien hasta este momento no se ha legislado en ningún sentido en el ámbito federal, tenemos que un par de entidades federativas se han precipitado a permitir en su legislación local (Tabasco y Sinaloa) el que se puedan realizar este tipo de procedimientos, en donde en la mayoría de los casos, se han visto vulnerados los derechos de las mujeres gestantes, pero en especial los derechos de los bebés.
Lo más preocupante de la maternidad por sustitución, maternidad subrogada, regulada o no, ha sido no sólo la prevalencia de una visión mercantilista de la maternidad, sino al nuevo ser se violenta de forma irreparable el derecho a la identidad.
Partiendo del hecho de que la subrogación de vientres es un negocio a través del cual se ha mercantilizado la maternidad, debemos estar conscientes que en ningún caso podemos pensar que pueda existir una “gestación subrogada ética”, porque son supuestos que se contraponen por sí mismos.
Debe decirse que los vientres de alquiler es una práctica impulsada por las empresas, ante la necesidad o gusto que se quieren dar algunas parejas, por lo que en ese marco, se ha dado como una práctica que está perfectamente acorde a la ideología del neoliberalismo, en donde todo se realiza en función del dinero. Bajo esa lógica, si tienes la capacidad económica para tener un bebé por pedido, a través de catálogo, entonces nada te impedirá traer al mundo a un ser humano; aunque le estés privando a esa persona, de su derecho a la identidad, y pretendas tapar el sol con un dedo y no ver que con esto estás transgrediendo lo más fundamental que puede tener un ser humano: su identidad.
En el Senado de la República presenté una iniciativa que tiene como objetivo prohibir de manera expresa la gestación subrogada, vientres de alquiler, maternidad subrogada o cualquier procedimiento o modalidad, que sin importar la denominación implique el que una mujer acepte gestar en su vientre un bebé que al nacer deberá entregar, a cambio de recibir o no una remuneración. Con la finalidad de preservar y salvaguardar los derechos humanos fundamentales de la madre gestante y de cualquier persona que nazca.
La gestación de vientres es una de las prácticas más perversas que el neoliberalismo ha impulsado, disfrazándolo de un acto progresista. El mismo crimen organizado se ha visto beneficiado de esta práctica, pues fácilmente puede caer en escenarios de trata de personas, toda vez que se pone en el mercado las funciones naturales de una mujer y convierten a las niñas y los niños en productos mercantiles.
Sobran ejemplos en los cuales las niñas y niños son devueltos o abandonados porque no satisfacen las expectativas de quien “los compró”. No omito mencionar que en esta transacción se dejan de lado los procesos hormonales, y de apego natural, además de las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que vive una madre con su hija e hijo, entre los que podemos mencionar depresiones posparto y efectos del proceso de embarazo, potencializados al enfrentarse al abandono de sus hijos.
La pobreza y la pobreza extrema es el factor principal que orilla a las mujeres a entrar en este círculo mercantil de violencia disfrazado de acto progresista. No podemos permitir que por necesidades económicos ellas y las infancias sean las que tienen que pagar un costo altísimo.
