A los seis detenidos por la muerte del empresario en el ‘Black Royce’ les dieron duplicidad del término constitucional.
Luego de más de diez horas de audiencia, un juez de control con sede en Tlalnepantla dictó prisión preventiva a los seis trabajadores del bar Black Royce, ubicado en el municipio de Naucalpan, por su relación con la muerte del empresario Iñigo Arenas ocurrido el pasado 6 de agosto; informó MILENIO.
Se trata de Carlos Daniel ‘N’, Eduardo ‘N’, Ana Karen ‘N’, Aritzi Abril ‘N’, Cecilia Mariana ‘N’ y Ana Karen ‘N’, quienes convivieron durante las últimas horas de vida con el empresario de 41 años.
La audiencia inicial de formulación de imputación se realizó en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencia ubicado a un costado del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz.
Durante la diligencia, el impartidor justicia determinó su legal de tensión y otorgó la duplicidad de término constitucional a las cuatro mujeres y dos hombres detenidos hace unos días, por lo que su situación legal será determinada el próximo martes.
Además, agentes del ministerio público leyeron los cargos integrados a la carpeta de investigación en contra de los imputados y pidió iniciar un proceso en su contra por su probable relación en los hechos.
Sin embargo, para demostrar la inocencia de los imputados, su defensa pidió duplicidad del término para presentar las pruebas a favor de sus clientes al argumentar que los seis detenidos fueron víctimas de tortura.
La fiscalía tiene un testigo protegido
A las 9:00 horas, los seis involucrados salieron de sus celdas en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, para enfrentar por primera vez a un juez de control en su audiencia inicial. Inmediatamente, la jueza de control de la sala número 10 decretó como legal su detención.
Durante la exposición de los datos de prueba, se informó que la fiscalía contaba con un testigo protegido, quien se identificó como Ricardo «N», gerente del Black Royce. Este testigo declaró que en ese lugar las damas de compañía suministraban sustancias a los clientes para que continuaran consumiendo bebidas alcohólicas.
Se mencionó que existe un acuerdo entre los taxis de la Ciudad de México y ese establecimiento, mediante el cual los taxistas llevan a clientes ebrios por $300 pesos o el 30% de la cuenta.
Por primera vez, los seis detenidos dieron su testimonio y coincidieron en que habían comparecido voluntariamente el domingo pasado. Sin embargo, doce horas después se les comunicó que estaban bajo arresto por el delito de cohecho.
El testigo protegido había ofrecido $20 mil pesos para detener las investigaciones, lo que resultó en acusaciones por cohecho. Esto llevó a su traslado a la fiscalía de asuntos especiales en Toluca, donde se enfrentaron a cargos por resistencia.
Además, alegaron que los agentes ministeriales los habían sometido a tortura física y psicológica. Ante esto, la jueza ordenó el inicio de una investigación por el delito de tortura y solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realizara la recomendación pertinente.
Investigación preliminar
De acuerdo con la investigación preliminar de la fiscalía mexiquense, la noche del sábado 5 de agosto, Iñigo Arenas acudió a un establecimiento en la colonia Polanco, en alcaldía Miguel Hidalgo, del cual salió durante la madrugada del domingo 6 de agosto.
Luego, fue captado por cámaras de vigilancia al tomar un vehículo de transporte público con cromáticas de la Ciudad de México a las 03:00 horas, para arribar minutos más tarde al establecimiento denominado Black Royce.
En ese sitio presuntamente convivió con las cuatro mujeres y pidió cuatro botellas de licor, pero casi tres horas más tarde comenzó a sentir malestares, y aunque fue auxiliado por servicios de emergencia, hacia las seis de la mañana perdió la vida.
Durante ese trayecto, familiares de la víctima, reportaron su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), la cual emitió la Cédula de Búsqueda AYO/2550/2023.
Para las 07:34 horas del domingo 6 de agosto, la policía municipal de Naucalpan notificó el hallazgo de un cuerpo sin vida y hacía las 08:00 horas del mismo día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio inicio a la carpeta de investigación TLA/TLA/ALV/104/218229/23/08.
Fue hasta que autoridades de la policía local y de agentes de investigación acudieron al establecimiento, que se aplicó el Protocolo de Actuación en la Investigación por el delito de homicidio.
Más tarde agentes del Ministerio Público junto a la Policía de Investigación y a personal de Servicios Periciales, acudieron al lugar para realizar las diligencias preliminares y levantar el cuerpo de la víctima para posteriormente trasladarlo al Centro de Justicia de Naucalpan.
Tras cumplir con los protocolos pertinentes, el cuerpo del occiso fue entregado a las 05:30 horas del lunes 7 de agosto, a sus familiares quienes reconocieron el cuerpo.
Para el martes 8 de agosto, la Fiscalía capitalina remitió a la Fiscalía del Estado de México, la carpeta de investigación CI-E-FDMDFDBP/C/UI-2 C/D/01513/08-2023 relativa a la desaparición de la víctima, para su prosecución y perfeccionamiento legal.
“En seguimiento a la investigación, tal como se aprecia en imágenes de las cámaras de videovigilancia obtenidas a partir de diligencias realizadas y entrevistas hechas a testigos, se logró establecer que la víctima abordó un vehículo de transporte público con cromáticas de la Ciudad de México A-5915-M, a las 03:00 horas del 6 de agosto, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo de la CdMx, para arribar minutos más tarde al establecimiento denominado Black Royce, ubicado en el municipio mexiquense de Naucalpan”, indicaron autoridades.
La desaparición y muerte del empresario Iñigo
De acuerdo con las investigaciones, Iñigo Arenas, habría permanecido en la planta baja del bar Black Royce, acompañado de las imputadas Aritzi Abril “N”, Ana Karen “N”, Cecilia “N” y Ana Karen “N” con quienes consumió bebidas alcohólicas en las que presuntamente le suministraron sustancias químicas cuya composición fue motivo de peritaje y forma parte de la teoría del caso de la Fiscalía.
A las 4:59 horas Iñigo aparentemente subió a la zona VIP acompañado de las mismas mujeres con quienes supuestamente ordenó cuatro botellas de bebidas con un valor de 10 mil pesos cada una, por lo que, según las investigaciones a las 5:07 horas la cajera realizó un cobro de 40 mil pesos a una de las tarjetas bancarias de la víctima.
La indagatoria demostró que el empresario estuvo 40 minutos más, sin embargo, en algún momento, una de las acompañantes se percató de que el empresario no se encontraba bien y le informó a Carlos Daniel “N”, otro de los imputados que se desempeñaba como encargado de seguridad, que su cliente “se siente mal y se puso morado”, por lo que le brindaron los primeros auxilios.
Sin embargo, debido a su estado de salud, llamaron a los cuerpos de emergencia y Carlos Daniel “N” apoyado de Eduardo “N”, el sexto imputado que se desempeñaba como jefe de meseros, trasladaron al empresario a la salida de emergencia del establecimiento donde fue localizado sin vida.
Además, durante la diligencia se pidió investigar la última ubicación del equipo telefónico propiedad de la víctima que fue encendido por última vez a las 06:41:25 horas del mismo día en el área de Santa Martha Acatitla.
Asfixia Mecánica por sofocación
El agente del ministerio público confirmó que las prácticas periciales concluyeron que la causa de la muerte del empresario fue “asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada, que limitaron su conciencia, funciones motoras”.
Además los agentes, confirmaron que durante el cateo dentro del inmueble se hallaron pastillas y sobres con contenido de diversa índole que dieron resultado presuntivo a clorhidrato de cocaína y recipientes para aplicación de gotas
El juez determinó mantener a los presuntos responsables en prisión preventiva dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, hasta que el próximo martes se resuelva su situación jurídica en términos de ley; reportó MILENIO.