Por José Jaime Ruiz
Salvador Allende suscribió en Santiago de Chile, el 17 de diciembre de 1969, en el Programa de la Unidad Popular: “Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegios, mientras imponen la devaluación monetaria y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios.
“Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios militares y políticos tratan de penetrar las fuerzas armadas” (El pensamiento de Salvador Allende. Hugo Latorre Cabal. FCE, 1974).
Salvador Allende fue consciente de la penetración de la oligarquía en las fuerzas armadas, pero todavía en su Mensaje al Congreso en mayo 21 de 1971 afirmaba que las fuerzas armadas chilenas y el cuerpo de Carabineros, “guardando fidelidad a su deber y a su tradición de no interferir en el proceso político, serán el respaldo de una ordenación social que corresponda a la voluntad popular expresada en los términos que la Constitución establezca”.
Se cumplen 50 años del artero Golpe de Estado al pueblo chileno y al gobierno de Salvador Allende. Las maneras cambian, las pretensiones se mantienen. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene bien claro dos momentos latinoamericanos: el golpe contra la democracia mexicana y contra el presidente Francisco I. Madero por Victoriano Huerta, y el golpe contra Salvador Allende encabezado por Augusto Pinochet.
No es nada extraño que López Obrador, revisitada la historia, haya dando un papel preponderante en la obra pública y en la economía al Ejército Mexicano. Los golpes de Estado judiciales de ahora, como en el Perú, requieren mínimamente como condición el uso de la coacción física, que es, en última instancia, la sustancia del poder político. Teniendo al Ejército y la Marina de su parte, Andrés Manuel se ha blindado hasta ahora de los golpes blandos de la oligarquía a través del Poder Judicial.
Hace unos días el ministro Luis María Aguilar Morales presentó ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de resolución que proponía separar del cargo al presidente en caso de que este se negará cumplir una sentencia de amparo otorgada a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para extender su mandato por 10 años. El ministro reculó.
La guerra judicial, el golpe blando, el lawfare, el hacerse del poder espuriamente, sigue latente en México. Resuelta, hasta ahora, la Presidencia de la República para Claudia Sheinbaum, la lucha electoral también será esencialmente la imposición del Plan C, esto es, que Morena obtenga la mayoría calificada no sólo para atajar el lawfare, sino para democratizar el Poder Judicial y, por qué no, que la próxima legislatura se erija como un Congreso Constitucionalista.
