El entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, al igual que su coordinador ejecutivo, Fernando Elizondo Barragán, además de empresarios como Eugenio Clariond Reyes Retana, entre otros funcionarios de primer nivel, integrantes de la iniciativa privada, de organismos de la sociedad civil y de partidos políticos tienen algo en común que afecta hoy a los habitantes de la Zona Metropolitana: haberse opuesto y lograr cancelar Monterrey VI; publica MILENIO.
En medio de la crisis hídrica que por segundo año consecutivo aqueja a Nuevo León, un recuento periodístico de 2010 al 2018 pone en evidencia quiénes fueron esos actores que exigieron frenar el proyecto que traería agua de la cuenca del Pánuco al estado y resolvería el abastecimiento por cinco décadas.
Pero no fueron los únicos: cámaras empresariales como Caintra y Coparmex también manifestaron dudas y solicitaron frenar el plan, bajo el argumento de que podría resultar demasiado oneroso, pero sin presentar ninguna alternativa, al igual que la dirigencia estatal del PAN y sus diputados en el Congreso local
A la causa se sumaron organismos como Rescatemos Nuevo León, Reforestación Extrema, Movimiento de Activación Ciudadana, Asociación de Vecinos de Valle Poniente, Vertebra, Pueblo Bicicletero, Red por la Dignidad, Academia Nacional de Arquitectura, la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, el Frente Amplio Ambientalista, Agua para Todos y Evolución Mexicana.
Así se fraguó la cancelación
En el año 2010, Nuevo León recibió un título de concesión de 15 mil litros por segundo de aguas provenientes del río Pánuco, y en diciembre del 2011 la Conagua entregó a Agua y Drenaje la autorización por un periodo de 30 años para obtener 473 millones de metros cúbicos anuales de ese cauce.
Sin oposición inicial, el Estado y la Federación suscribieron en 2013 el convenio de construcción de Monterrey VI e incluso se autorizó una partida de dos mil 966 millones de pesos para financiar la obra.
La licitación y adjudicación del proyecto se dio en septiembre del 2014, y se suscribió el contrato por 14 mil 161 millones de pesos con el consorcio ganador, integrado por las empresas Conoisa, Desarrollos Rogar, Recsa Concesiones y Pyecsa.
A partir de ese momento empezaron los conflictos, primero en voz del empresario Eugenio Clariond Reyes Retana, que mediante el Fondo Metropolitano del Agua se opuso al plan hídrico.
En febrero del 2015, más de 300 ciudadanos de 14 organismos intermedios y de la sociedad civil protestaron en Palacio de Gobierno para pedir la cancelación del proyecto Monterrey VI, bajo el argumento de que representaba un costo excesivo.
Cámaras empresariales aceptaron dejar del lado los cuestionamientos públicos, pero siempre y cuando se cancelara la obra, a lo que el estado reviró señalando que respondería a todas las dudas existentes.
El Fondo Metropolitano vía Eugenio Clariond declaró entonces que el tema era ecológico, no político, al tiempo que en el Congreso local el tema dividía opiniones.
Por primera vez, ya como candidato a la gubernatura de MC, Fernando Elizondo planteó echar abajo Monterrey VI mediante la compra de sanitarios ahorradores para reemplazar el agua que se traería del Pánuco, solución que costaría 900 millones de pesos.
En abril, en una visita del entonces presidente Enrique Peña Nieto, más de 20 empresarios apoyaron la construcción del acueducto, y pidieron que se destinaran más recursos.
A partir de ahí no se habló más del tema durante el periodo de campaña, hasta un mes después, ya con Jaime Rodríguez como gobernador electo, quien dio a conocer el 7 de julio que pararía la obra, y le pidió a los inversionistas dejar de meterle dinero.
En respuesta, Agua y Drenaje reveló que la penalización por este hecho sería de 14 millones de pesos.
Días después, el entonces gobernador Rodrigo Medina reconoció que la decisión final de la obra recaía en su sucesor.
Ya para finales de agosto, El Bronco declaraba que la obra no se llevaría a cabo, al tiempo que el PRI le exigía desde el Congreso local una postura definitiva.
A pesar de ello, en marzo del 2016 Jaime Rodríguez defendió la concesión otorgada al Estado y advertía que sería un error no utilizarla.
En septiembre de ese año aseguró que ya tenía un acuerdo con el presidente Peña Nieto para construir Monterrey VI, pero con otros términos y condiciones, sin embargo, días después dejaba en claro que el rumbo sería otro.
Para mayo del 2017 se canceló definitivamente Monterrey VI, y la puntilla vino en 2018, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el llamado Plan Hídrico 2030, que contemplaba la construcción de la presa Libertad.
Al día de hoy, dicho embalse no tiene agua…y las casas de la Zona Metropolitana tampoco.
Y así lo echaron abajo
Ellos fueron los principales responsables de la cancelación de Monterrey VI y sus posturas:
Jaime Rodríguez Calderón
Aunque en un momento fue el impulsor, El Bronco cambió de opinión y fue uno de los principales detractores del proyecto al afirmar que se trataba de un robo. Todo, sin proponer un esquema o alternativa que diera solución a la crisis por falta de agua en la Zona Metropolitana.
El 23 de marzo de 2016, el entonces mandatario dijo textual y claramente que “seríamos unos idiotas”, si su administración rechazaba la concesión federal que la Comisión Nacional del Agua había otorgado a Nuevo León para aprovechar el líquido de dicho caudal.
En ese entonces, aseguraba que el Pánuco era la única fuente segura de agua que tenía el estado para los siguientes años.
Sin embargo, tras varias declaraciones en ese sentido, Rodríguez Calderón canceló Monterrey VI en septiembre de 2016.
Fernando Elizondo Barragán
Durante su travesía como aspirante a gobernador por Movimiento Ciudadano en 2015, Elizondo Barragán fue de los principales opositores al proyecto.
El 14 de febrero de 2015 y contrariando el proyecto presentado por el Gobierno de Rodrigo Medina, el ex gobernador interino criticó que el acueducto debería de ser uno de los grandes temas electorales por las implicaciones que tendría para Nuevo León a largo plazo.
El entonces aspirante fue insistente en afirmar que el proyecto hídrico para traer a Nuevo León agua desde el río Pánuco debía frenarse por su costo.
Eugenio Clariond Reyes-Retana
El 25 de febrero del 2015, el empresario y ex presidente del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey demandó que el proyecto Monterrey VI fuera postergado, al asegurar que “tal y como está planteado actualmente, es un retroceso para nuestra comunidad”.
El 4 de marzo de 2016 dijo que se había conformado un grupo interdisciplinario a petición del Gobierno estatal a fin de entregar, en un plazo de un año, un nuevo estudio alternativo donde se plantearía una solución al problema de abasto de agua.
Raúl Gracia Guzmán
El 25 de febrero de 2016, el entonces senador Raúl Gracia Guzmán, del PAN, fue más allá, pues presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales que consistía en cancelar aquellas concesiones que pusieran en riesgo la calidad de agua de la cuenca a donde llega el líquido, como en el caso del proyecto Monterrey VI, pues la calidad de agua del río Pánuco era supuestamente deficiente y contaminaría el líquido de la presa Cerro Prieto.
En octubre de 2016 propuso un punto de acuerdo en el que exhortó al gobernador Jaime Rodríguez y a Agua y Drenaje a cancelar el contrato. Al final, la obra no se llevó a cabo y hoy Monterrey se aproxima a un inicio de año en medio de nuevos cortes y con una presa Libertad que en lo inmediato no dará solución a la crisis.
José Alfredo Pérez Bernal
El 22 de abril del 2015, el entonces dirigente del PAN en Nuevo León, actualmente funcionario estatal, cuestionó a un grupo de empresarios por dar el espaldarazo al proyecto.
Dijo que el Gobierno estatal ha querido manejar un discurso falaz, acerca de que quienes se oponen o cuestionan Monterrey VI como si se tratara de organismos o grupos en contra del progreso y de la vida.
Insistió que no se han señalado opciones con argumentos técnicos acerca de resolver el conflicto de abasto de agua por los próximos 50 años que no sea Monterrey VI.
Luz María Ortiz Quintos
También en ese año 2016, la activista Luz María Ortiz Quintos, ex presidenta de la Asociación de Padres de Familia, también se pronunció en contra.
“Queremos la cancelación del proyecto, la cancelación legal, ya no queremos prórrogas, al Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, aquí estamos casi cien organizaciones, expertos y no hemos sido invitados a sus mesas de trabajo”, dijo.
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