La medida que cumplió poco más de dos años no solo afectó la plantilla laboral de las empresas, también causó la suspensión de proyectos y expansiones.
A poco más de dos años de imponerse tope al precio del gas licuado de petróleo (LP) en México para controlar inflación y efecto que tendría en la economía de familias mexicanas, comercializadores y distribuidores sufrieron las consecuencias de dicha medida, tanto así que especialistas estiman que se perdieron en este lapso casi 30 mil empleos y se suspendieron varias inversiones; reportó MILENIO.
Eduardo Téllez, consultor independiente especialista en downstream (actividad tras la extracción del hidrocarburo) y midstream (transporte), explicó que esto significa entre 15 y 20 por ciento de la plantilla total de la industria, porcentaje que incluye también a trabajadores del área de nuevos proyectos, pues tuvieron que detenerlos.
“Hubo varias rutas que se dejaron de cubrir, puesto que había zonas de alta demanda que permitían a empresas tener un mejor margen, y con ese beneficio incluso atender las vías de menor rentabilidad, pero ahora la medida provocó que incluso ahí entrara el mercado negro”, explicó el analista.
Recordó que el gobierno también pierde con el control máximo de precios porque deja de recibir recursos importantes por conceptos de impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR).
De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el mercado de gas LP resulta relevante porque es un insumo utilizado por más de 90 millones de mexicanos, además de que las familias destinan, en promedio, 4.4 por ciento de su gasto para cubrir su consumo.
Mientras, la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), apunta que el combustible de mayor uso es el gas LP, con 79 por ciento de los hogares; le sigue el uso de leña o carbón, con 11 por ciento, y el gas natural representa 7 por ciento.
Sin efectividad
Susana Cazorla, socia de SCIEnrgy, explicó que los controles de precios históricamente en México y en otras partes del mundo tienen muy poca efectividad y eficiencia, por lo que normalmente no se consigue el objetivo planteado y trae más problemas que beneficios tanto a empresas como para la sociedad en general.
Señaló que un efecto negativo de la medida del gobierno, al querer controlar los precios, es que recortó el ingreso de los distribuidores y con ello los kilómetros recorridos, por lo que se dejó de llegar hasta la última milla, donde están las familias de bajo recursos y que paradójicamente son los que pudieron verse beneficiados de estos precios menores y no tuvieron acceso.
“Por un lado dejas el precio controlado y a los que quieres ayudar ya no tienen acceso, porque los distribuidores ya no llegan porque recortaron kilómetros recorridos. Quienes más se benefician no son los que tienen menos ingresos sino al contrario”, remarcó.
El director ejecutivo en S&P Global Platts Oil & NGL, Adrián Calcaneo, calificó esta política como al vapor, ya que en un fin de semana se cambió toda la metodología para determinar el precio del gas LP de un país entero, y afirmó que los precios suben por factores externos.
“A diferencia de lo que se mencionó, los precios no subieron por abuso en gran medida de los distribuidores, (sin) por factores externos; principalmente, la gran demanda de gas LP en Asia para uso petroquímico […] Al ir con una política de precios máximos se trata de tapar el sol con un dedo, controlar algo que no se puede controlar, empiezas a meterle ruido al mercado interno de manera innecesaria porque estaba reaccionando a un factor internacional”, remarcó el especialista.
Imagen portada: Cuartoscuro
