Un informe del American Immigration Council revela que el 35% de las detenciones fueron fuera de la ley, la mayoría contra mexicanos. Oficiales de la Patrulla Fronteriza denuncian que el cuerpo viola derechos de los paisanos.
A mediados del año pasado, en medio de una ola de calor global que elevó las temperaturas en el desierto de Arizona a 45 grados y más, grupos de hasta 50 personas fueron encerrados en corrales al aire libre, sin protección para el sol, en violación de una provisión judicial que obliga a la Patrulla Fronteriza a evitar los tratos inhumanos contra inmigrantes bajo su custodia; informó MILENIO.
Un informe del American Immigration Council y del Immigrant Legal Resource Center revela que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desobedeció las instrucciones del presidente Joe Biden. Para atemperar las políticas de persecución indiscriminada contra migrantes establecidas por su antecesor Donald Trump, Biden inició su mandato con la orden de darles prioridad a los arrestos de indocumentados “que sean considerados amenazas para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la seguridad pública”.
Sin embargo, durante el periodo analizado —febrero a noviembre de 2021—, al menos un 35 por ciento de las detenciones que realizó el servicio de inmigración fueron de gente que no cumplía con ese perfil, según el documento titulado “El ICE no siguió las prioridades federales de aplicación de la ley establecidas por la administración Biden”.
Las acciones sobre personas que no son consideradas amenazas contra la seguridad solo deberían ser ejecutadas con permiso por escrito de oficiales del propio ICE. Sin embargo, indica el reporte, el ICE estableció un “proceso de pre-aprobación” y “los datos sugieren que no sirvió como un control significativo sobre la agencia sino en gran medida como una aprobación automática para las acciones de los oficiales”.
El informe detalla que “de febrero a noviembre de 2021, las personas de nacionalidad mexicana constituyeron el grupo más grande sujeto a acciones de ICE clasificadas como ‘otra’ prioridad, representando más de 12 mil acciones de cumplimiento, o el 53.7 por ciento del total de acciones en esta categoría. Los guatemaltecos quedaron en un distante segundo lugar, con 2 mil 633 acciones”.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en 2021 fueron detenidas en total un millón 865 mil personas migrantes, una cifra que supera el millón 175 mil arrestos de 2019. Hace dos años, casi 700 mil acciones de este tipo fueron contra mexicanos.
Prioridades
El gobierno del ex presidente Donald Trump definió como prioridad oficial detener a cualquier persona que estuviera en Estados Unidos sin autorización.
Esto cambió al llegar Joe Biden, quien redujo las prioridades para excluir a la mayoría de los migrantes sin papeles: en enero y febrero de 2021 –apenas tomar posesión de su cargo–, emitió nuevas directrices para que el ICE se enfocara en personas que sean consideradas amenazas para la seguridad nacional, pública y fronteriza.
Para aplicar estas normas, fue distribuido un memorándum a todos los funcionarios del ICE estableciendo la exigencia de permisos por escrito para arrestos y remociones de personas que no sean valoradas como riesgosas para la seguridad.
Algunos gobernadores del Partido Republicano y próximos al ex presidente Trump, como los de Texas y Louisiana, presentaron demandas judiciales contra las nuevas reglas. En junio de 2022, una corte federal de Texas suspendió la aplicación de los nuevos lineamientos, pero el 23 de junio de 2023, la Suprema Corte votó 8 a 1 a favor de la administración Biden porque los estados carecen de autoridad para oponerse a las decisiones federales sobre arrestos y deportaciones. De manera que esas normas deben ser reconstituidas.
Sobre el terreno, las cosas fueron diferentes desde el principio, según encontraron los autores del informe. Gracias a que también se impuso la obligación de registrar los procedimientos del ICE contra cada migrante, pudieron detectar que, en el mencionado periodo de 2021, en por lo menos 35 por ciento de los casos “las acciones correspondieron a actividades que estaban fuera de las prioridades”, es decir, que las hicieron contra migrantes que no representaban una amenaza contra la seguridad.
En dos memoranda de enero y febrero de 2021, el gobierno de Biden precisó sus definiciones:
- Seguridad nacional: lo que plantean una amenaza para la seguridad nacional.
- Seguridad fronteriza: los que son arrestados mientras tratan de ingresar en los Estados Unidos ilegalmente.
- Seguridad pública: los que han sido condenados por delitos graves como son definidos en la ley de migración y que representaban riesgos para la seguridad pública”.
Esto significa que, una vez que han superado el cruce de la frontera y entrado al país vecino, familias, menores sin compañía o bien hombres sin documentos pero que no llevan armas, drogas ni otro tipo de contrabando, y que no tienen condenas previas ni realizan actos agresivos contra oficiales, funcionarios o personas, no son considerados como riesgos de seguridad y por lo tanto, no entran en las prioridades establecidas por Biden.
Lo contrario son traficantes de narcóticos o de personas, gente armada o perteneciente a bandas ilegales, así como individuos registrados en las listas de criminales y de terroristas buscados por la justicia estadunidense o de otros países y organismos internacionales.
Por otro lado, después de que una demanda colectiva (class-action lawsuit) que mostró que los migrantes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza eran retenidos en condiciones deplorables, incluidos niños y mujeres, el Sector Tucson (sur de Arizona) de este cuerpo policiaco está desde 2020 sujeto a una orden judicial permanente (permanent injuction) que lo obliga a proveerle a cualquier persona que se encuentre bajo su custodia por 48 horas o más, con cama, cobijas, baños, comida adecuada, agua potable y asistencia médica. Los oficiales deben firmar documentos en los que certifican que conocen estos requerimientos.
Sin embargo, a fines de agosto agentes denunciaron a la prensa que el organismo de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP, al que pertenece la Patrulla Fronteriza) no ha dispuesto la infraestructura ni los recursos necesarios, impidiéndoles a sus agentes cumplir el mandato de darles trato humano a los migrantes.
El ejemplo –que no es un caso aislado, aseguraron– es la Estación Ajo de la Patrulla Fronteriza, 48 kilómetros al norte del pueblo mexicano de Sonoyta, en el desierto de Altar, en la que migrantes son retenidos en corrales al aire libre, no solo bajo el calor excesivo, sino también en el frío del invierno, al menos desde el de 2022-23, según las denuncias, que añadieron que, alegando temor a una agresión, los funcionarios les quitaron a los detenidos las chamarras y removieron un techo de lona que habían colocado y que era su única protección contra el sol.
Imagen portada: Archivo
