Las agencias de Estados Unidos que cuentan con información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han hecho público apenas “migajas” de sus archivos, denunció el Archivo de Seguridad Nacional (DNSA, por su sigla en inglés); publicó MILENIO.
La organización académica, formada desde 2017 y que se enfoca en transparencia, señaló que el silencio casi absoluto en torno a los hechos de Iguala ocurre a pesar de las preocupaciones mostradas por diferentes actores políticos de ese país por el caso.
El DNSA, junto con el Centro de Reporteo de Investigación (CIR), llevó a cabo más de 150 solicitudes de información sobre el caso bajo la Ley de Libertad para la Información (FOIA) a dependencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Estado.
Querían saber, por ejemplo, si había algún detalle de investigaciones que en México se estaban ocultando y que tuvieran las autoridades estadunidenses, o si el caso había afectado las relaciones y la cooperación bilateral.
“A pesar de nuestras varias solicitudes, y de la presentación de dos demandas bajo la FOIA, a través de los años hemos recibido cantidades de migajas: videos de noticias, reportes públicos, transcripciones de conferencias de prensa, correos electrónicos tan fuertemente redactados que son ininteligibles y miles de páginas censuradas de documentos desclasificados”, indicó el DNSA.
Encontró que las agencias redactaban la información de forma arbitraria, no era legible o simplemente negaban por completo el acceso a los documentos.
El Archivo de Seguridad Nacional notó un abuso, particularmente por parte del Departamento de Estado, para clasificar porciones de comunicaciones con base en la excepción B5, que permite a las autoridades guardar algunos mensajes realizados de forma interagencial.
El análisis del DNSA es que hay dos escenarios que pueden estar causando que el gobierno estadunidense mantenga silencio con respecto al caso Iguala.
Uno de los escenarios es que “el derecho a la información en Estados Unidos se ha deteriorado de forma aguda recientemente, con un sistema de clasificación sobrecargado con un FOIA cada vez más disfuncional.
“Muchas de las respuestas de la agencia que tuvimos de nuestras peticiones sobre Ayotzinapa demuestran un deterioro del derecho del público a saber”.
El segundo escenario es que las autoridades estadunidenses han buscado ser cautos al publicar cualquier diferencia que pudieran tener con México, por menos que fueran, por temor a que pudieran dañar la cooperación y las relaciones.
“Después de todo, Estados Unidos depende de su sociedad con México para llevar a cabo dos de sus más importantes (y controversiales) prioridades de política: migración y la guerra contra las drogas”.
El DNSA explicó que, con base en lo que pudo revisar, como reportes del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en México y cables diplomáticos acerca del deseo de la administración de Andrés Manuel López Obrador para mejorar la protección de estos, es evidente que EU estaba al tanto de la enormidad del caso Iguala y la necesidad de una respuesta rápida y creíble de las autoridades, lo que no hizo el gobierno de Peña Nieto.
“EU también sabía que, contrario a la narrativa de México sobre lo que sucedió —que aseguraba que criminales de poco tiempo se habían coludido con policías locales corruptos para desaparecer a los jóvenes— las fuerzas detrás de las desapariciones fueron poderosas y tenían aliados en todos los niveles del gobierno estadunidense”, detalló el DNSA.
Así, coinciden en que, contrario a lo dicho por funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, Guerreros Unidos era ya una organización criminal bien establecida, en su apogeo, que tenía rutas de tráfico de drogas hacia Chicago, Illinois, pero también en ciudades como Atlanta, Austin, Houston y Nueva York, e incluso buscaban llegar a Washington.
“Condicionar la asistencia en materia de programas de seguridad para un buen desarrollo de derechos humanos da a EU algo de influencia sobre México.
“Sin embargo, ese país no ha querido usar esa ventaja para presionar a México para hacer rendir cuentas al Ejército, terminar con la corrupción y apoyar a las víctimas, temiendo que los esfuerzos para hacerlo pudieran causar una reacción y complicar la relación bilateral”, concluyó el DNSA.
Imagen portada: MILENIO
