Por Francisco Tijerina Elguezabal
Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. // Refrán popular
Voy de acuerdo, los gobiernos deben ser transparentes en el manejo de los recursos públicos y deben poner al alcance de la ciudadanía la información necesaria y suficiente para determinar el buen uso de los recursos. Pero, como dicen en mi rancho, “una cosa es Juan Domínguez y otra es no me… lleves al baile”.
Porque en aras de la bendita transparencia resulta que cualquier empresa que tiene tratos comerciales con entidades de gobierno, queda expuesta en información sensible a través de internet, misma que es utilizada por delincuentes para extorsionar a los negocios.
Documentos como contratos completos que incluyen montos económicos, nombres de la empresa, su representante legal, dirección y teléfono, además de correo electrónico y número celulares, están a la libre vista de cualquier persona a través de la web y no tiene que molestarse en buscar al detalle, con emplear un buscador todo salta a la vista.
Este asunto tiene ya mucho tiempo así y nadie ha movido un solo dedo para proteger a los empresarios y, al contrario, les exigen cada vez con más ahínco a los gobiernos el abrir los datos de todo y de todos.
Con la información publicada en cumplimiento de las normas de transparencia los extorsionadores hacen llamadas telefónicas que convencen al más pintado; te aportan nombres, direcciones y detalles que si no estás consciente de la facilidad que tienen para obtenerlos, fácilmente caes en la trampa.
Contratos y hasta solicitudes de inscripción en padrones de proveedores están a la vista de cualquiera, sin ningún requisito, sin ninguna aduana.
¿No sería ideal el cumplir con la ley pero también proteger a los empresarios? ¿No es deber de las autoridades el cuidar la seguridad de esas personas? ¿No tendría que intervenir no sólo Transparencia sino también Derechos Humanos? ¿Por qué ningún “chinche” diputado, senador, regidor o lo que sea se pronuncia al respecto?
Imagine el tamaño del alarido que pegarían los consejeros de Transparencia o los funcionarios de Derechos Humanos, sin olvidar a nuestros legisladores, si de la noche a la mañana aparecen en Internet, así nada más porque sí, sus nombres, teléfonos, direcciones, ingresos, números de cuenta bancarios y hasta sus posesiones.
Estoy seguro que más rápido que inmediatamente pondrían candados y obligarían a todas las entidades gubernamentales a por lo menos “cubrir” o “tapar” o “tachar” toda la información sensible y únicamente darla a conocer en casos específicos como, por ejemplo, cuando exista un interés fundado de quien lo solicita o bien una orden de un juez.
Pero como no son ellos, les vale tres cacahuates y así permiten que la zozobra y el miedo hagan presa a quienes se esfuerzan por impulsar negocios, pagar impuestos y crear empleos.
Vamos siendo parejos y si vamos a bajarnos los calzones, lo hacemos todos, desde la información completita del gobernador, hasta el último empleado de todos los niveles y entonces sí, a vivir la vida loca y a jugar el mismo juego.
Busquemos una transparencia protegida.
