Debido a la falta de consensos entre los distintos grupos parlamentarios del Senado, la polémica provocada por la expedición de una nueva CURP con fotografía y huellas digitales, y el no contemplar recursos para su expedición, la Ley General de Población se regresará a comisiones para hacerle modificaciones; informó MILENIO.
Se tenía previsto que la semana pasada se discutiera en el pleno la nueva norma que abroga la ley vigente en la materia, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974; pero de última hora no se analizó. Por ello, las comisiones de Justicia y Gobernación convocarán a reuniones a sus integrantes.
La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, mencionó que quizá no se discuta tampoco esta semana, “creo que esa iniciativa va a regresar a comisiones. Es necesario hacer algunos ajustes y de esto dará trámite el martes la Mesa Directiva”.
―La oposición se queja de que implicaría una erogación presupuestal muy grande―, se le mencionó.
«Va a regresar a comisiones para poder verificar que algunos asuntos que han generado necesidad de un nuevo análisis lo permita. Entonces, vamos a dejar que las comisiones vuelvan a dictaminar o revisen el dictamen».
En entrevista, la senadora del PRI, Claudia Anaya, se pronunció porque la ley regrese a comisiones para un mejor análisis y discusión, pues alertó sobre el tema relacionado con datos personales, ya que el nuevo documento contendrá nombre y apellidos, Clave Única de Registro de Población, fotografía del titular, lugar y fecha de nacimiento, firma y huellas dactilares.
“A esta ley sí le encontramos varias cosas que son al límite de la legalidad constitucional respecto al artículo 7, que es el que versa en los datos personales y a la salvaguarda de los mismos. Ya que esta iniciativa no plantea un recurso específico ni para la emisión de la CURP, todo este requerimiento de datos personales, pero tampoco plantea una partida especial específica para la protección y cuidado de los datos que se pretenden recabar”, explicó.
Además, mencionó que la iniciativa plantea que no habrá “ni un peso disponible para la implementación de la ley, lo cual es muy riesgoso”.
La secretaria de la Comisión de Gobernación precisó que en el artículo 83 se habla de que en ese listado ―porque la Secretaría de Gobernación estará emitiendo la CURP y conformando esa base de datos―enviarán para el padrón nominal al INE.
“Y es donde nos queda duda, sino se quieren meter al terreno de los padrones electorales, porque ese artículo es confuso no deja claridad hasta donde quieren entrometerse en la realización de los padrones electoral”, recalcó.
Por ello, dijo es necesario un análisis más profundo con especialistas del INAI, de software específico de protección de datos y que tenga una proporcionalidad se requerimiento de la información.
“¿Para qué quieres y necesitas esta información tu Segob? ¿Para qué la vas a utilizar? ¿Qué facultades tienes para esta información? Y ¿cómo la vas a salvaguardar? Si cumple con esta proporcionalidad, podríamos ir avanzando en los temas, pero también es importante que consideren la creación de un fideicomiso que tenga una partida presupuestal importante para la emisión y salvaguarda de los datos personales”, añadió.
Destacó que, si no se cuenta con recursos, solo sería una “simulación, pero si se empiezan a recabar esos datos y no hay como salvaguardarse, el propio Estado mexicano cae en un incumplimiento”.
El senador del PAN, Damián Zepeda, calificó como un “peligro” que el gobierno pueda contar con los datos personales de los ciudadanos.
Además, dijo que en el dictamen se establece que no se requieren recursos para poder expedir la nueva CURP con datos biométricos; sin embargo, consideró que se tendrían que erogar alrededor de 30 mil millones de pesos.
“Hoy la credencial para votar con fotografía tiene 24 medidas de seguridad, hoy no se comparte el padrón electoral como en el pasado, tiene dos hoy además tiene dos QR con seguridad; hoy cuesta 11.50 centavos imprimir cada credencial. Si tú quieres replicarlo, el cálculo es 280 pesos por credencial con toda la capacidad instada. Módulos, personas, software, computadoras, si multiplicas para esta necedad que traen, va a costar 30 mil millones de pesos, cuando el INE ya tiene el 98 por ciento de los adultos empadronados y credencializados, eso es un sin sentido”, aseguró.
«En todo caso, si el gobierno requiere por algún motivo esa información que haga convenidos con el INE o que nos diga para darle autorización en ciertas maneras. Porque al día de hoy, el INE tiene 50 convenios con instituciones, incluido el gobierno. Donde si la fiscalía necesita las huellas para una escena del crimen, le hacen el cruce. No te entregan la base de datos”.
El legislador también propuso que un representante de la Secretaría de Gobernación se reúna con los legisladores para que explique qué le hace falta y por qué están insatisfechos con la actual base de datos biométricos protegidos por la ley de datos personales que no se puede compartir.
El nuevo ordenamiento establece las bases de coordinación interinstitucional para formular y conducir la política de población e interculturalidad, que atienda las causas y consecuencias de la dinámica demográfica.
También tiene el objetivo de regular la organización y funcionamiento de las instancias competentes en materia de población, así como definir las políticas de movilidad humana y de interculturalidad para salvaguardar los derechos humanos y sus garantías.
Establece que el Consejo Nacional de Población es el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población del país, el cual será presidido por la Secretaría de Gobernación.
Plantea que las y los ciudadanos mexicanos tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener un CURP y deberá renovarse, a más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años.
El documento precisa que la propuesta está encaminada a afrontar los retos que impone la actual realidad demográfica, dado que tiene un enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto, transversalidad de la política de población, federalismo, perspectiva intercultural, perspectiva de género y de curso de vida, desarrollo sostenible, bienestar social e individual, y promoción de la participación de los órdenes de gobierno en la política de población.
Con la legislación, indica el documento, se buscan reducir los riesgos y potenciar los beneficios del cambio en la estructura por edad y el envejecimiento de la población, dado que con la información estadística y sociodemográfica con enfoque prospectivo que se genere, se podrán generar políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno y así favorecer un envejecimiento saludable, activo y productivo.
El dictamen fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Gobernación, con ocho votos a favor y siete en contra; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda lo aprobó con siete votos a favor y cinco en contra; informó MILENIO.
