Fernando Canales, presidente de la Cámara, entregó el documento al Congreso en el que plantea que los ciudadanos y negocios en general cuenten con certeza jurídica.
Canaco Monterrey presentó esta mañana un proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Nuevo León, donde se plantea que los ciudadanos y negocios en general cuenten con certeza jurídica; publica MILENIO.
La iniciativa pretende venir a llenar los vacíos existentes que hay en otras leyes, sobre todo en el tema de las visitas de verificación.
Fernando Canales Stelzer, presidente de Canaco Monterrey, dijo que es una iniciativa de Ley, elaborada por Canaco y entregada al Congreso de Nuevo León para su consideración y aprobación respectiva.
“Lo que queremos es blindarnos de ciertos casos que actualmente nos están reportando nuestros agremiados. Por ejemplo, casos de sanciones de hace seis años que no fueron cerrados ahora la administración municipal o estatal la quiere hacer efectiva. Estamos hablando un poco de todo, sanciones ambientales, desarrollo urbano, protección civil, entre otros; y se da en los niveles municipales y estatal”, detalló el líder de los comerciantes.
En conferencia de prensa, Ramiro Villarreal de la Garza, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de Canaco, explicó que, actualmente, Nuevo León es uno de los cinco estados en el país que no cuenta con una Ley de Procedimiento Administrativo del Estado.
“La mayoría de los estados ya lo prevé y funciona muy bien. Para elaborar este proyecto de iniciativa de Ley revisamos la legislación federal y varios de los estados que ya cuentan con dicha Ley, y nosotros incluso mejoramos algunos aspectos”, añadió el directivo.
El proyecto de Ley establece que dicha legislación local regule los procedimientos administrativos llevados a cabo ante las autoridades municipales y estatales, dado que esto representa un problema importante para todos los gobernados en Nuevo León, que los deja en un estado de incertidumbre legal, afectándolos en sus derechos y obligaciones.
Asimismo, en la primera parte del proyecto se plantea regular el ámbito de aplicación de la Ley y se definen los principios por los que se debe de regir el procedimiento administrativo.
Además, se desarrolla los supuestos de la inactividad administrativa y los supuestos aplicables a la negativa ficta.
En el tema de las visita de verificación, se establecen los elementos mínimos a tomar en cuenta en las órdenes de visita y en las actas que al efecto emita la autoridad, de la misma manera que se establecen los derechos de los particulares dentro del procedimiento de visita.
Por último, en el documento se menciona que con la finalidad de que los gobernados cuenten con un medio de impugnación para hacer frente a los actos de la autoridad administrativa, se contempla el recurso de revisión a través del cual el interesado podrá combatir actos y resoluciones definitivas emitidas por las autoridades administrativas.
Imagen portada: Raúl Palacios | MILENIO
