Argumentando que al aplicar descuentos a los adultos mayores en casetas de la Red Estatal de Autopistas (REA) afectaría las finanzas estatales porque no hubo estudio previo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, envió al Congreso local su veto número 56 en lo que va de su administración; reveló MILENIO.
Con base en el documento recibido a las 11:49 horas del 11 de octubre, estableció que en el caso del Decreto 436 no fue solicitada la intervención la Secretaría de Finanzas y Tesorería General Estado, en relación con la Evaluación del Impacto Presupuestario requerida, ni fue señalado de dónde se obtendrán los recursos con los que se cubrirán las nuevas obligaciones financieras que se encuentran a cargo de dicho organismo.
“Con la finalidad de aplicar programas de descuento en las cuotas y tarifas por concepto del uso y aprovechamiento de los servicios de las autopistas estatales dirigidos a personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como a quienes ejerzan directamente las funciones de su cuidado”, señaló el Ejecutivo estatal.
Aunado a lo anterior, las cuotas de peaje o el derecho a percibirlas, dijo Samuel, en la actualidad se encuentran afectadas en fideicomiso y son fuente de pago de obligaciones, de tal modo que la REA se encuentra impedida para modificarlas o conceder tarifas preferenciales.
De actualizarse el supuesto contenido en el multicitado Decreto, señaló, se pondría en riesgo el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos de fideicomisos a los que se encuentran afectadas las cuotas de peaje, lo que en consecuencia generaría un impacto al presupuesto del organismo y del Estado.
“Actualmente en el contrato de fideicomiso No. 80698 de administración y fuente de pago de fecha 26 de diciembre del 2013, del que forma parte la Red Estatal de Autopistas, se encuentran afectadas las cuotas de peaje del Periférico del Área Metropolitana de Monterrey. En el contrato de fideicomiso número 3378 de emisión y fuente de pago celebrado el 21 de mayo de 2018, del que forma parte la Red Estatal de Autopistas, se encuentran afectadas las cuotas de peaje de la Autopista Monterrey-Cadereyta. Y, finalmente, en el contrato de fideicomiso No. 4839 de administración y pago celebrado el 26 de abril de 2022, del que forma parte la Red Estatal de Autopistas, se encuentran afectadas las cuotas de peaje de la Tercera Etapa del Periférico del Área Metropolitana de Monterrey”, enfatizó.
El gobernador solicitó que los diputados recibieran su veto.
El gobernador solicitó que los diputados recibieran su veto.
El 20 de septiembre pasado, de manera unánime, el pleno del Congreso local aprobó una reforma para que, por lo menos una vez al año, el Consejo de Administración de la Red Estatal de Autopistas (REA) otorgue descuento en las cuotas y tarifas por concepto del uso y aprovechamiento de los servicios de las autopistas estatales dirigidos a personas adultas mayores y personas con discapacidad.
La reforma que impulsó el líder del PRI, Heriberto Treviño, es al artículo 16 de la Ley de Movilidad Sostenible, pues consideraron las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad mencionados, principalmente considerando el impacto financiero que por lo general implica el cuidado y necesidades propias de su condición.
El dictamen estableció que las dependencias intergubernamentales están obligadas a velar por las necesidades de los adultos mayores, creando un conjunto de acciones que no impidan su desarrollo integral.
“En la actualidad, las personas adultas mayores cada vez dependen más de sus descendientes, derivado a condiciones propias de la edad, es común que las personas mayores requieran de apoyo o asistencia de alguien en diversos aspectos como pueden ser de naturaleza funcional, económica o instrumental.
“Se ha mencionado anteriormente que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad generalmente requieren de una persona directa que es el encargado de solventar sus gastos o simplemente de su cuidado, esto para ayudarles a solventar necesidades económicas para cubrir sus necesidades básicas”, se leyó.
El pasado 4 de octubre, por considerar que implica un impacto presupuestal a las finanzas estatales, el gobernador Samuel García vetó la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y sus municipios, la cual abría la posibilidad de privatizar el servicio de recolección de basura y la presunta desaparición del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE).
De acuerdo con los asuntos en cartera de la sesión ordinaria de Pleno del Congreso local, García envió su veto 55 a la normativa citada porque representó un impacto financiero, pues por una parte establece a la Secretaría de Educación la obligación de contar con contenedores para el depósito de residuos urbanos y de manejo especial.
Imagen portada: Jorge López | MILENIO
