Por Félix Cortés Camarillo
Se están cumpliendo setenta años del decreto por medio del cual el presidente Adolfo Ruiz Cortines amplió los derechos constitucionales de las mujeres mexicanas para que pudieran votar y ser votadas en las elecciones federales de nuestro país. Ya tenían con antelación el derecho a participar en algunas elecciones municipales y estatales. En aquel 1953 se abrió la puerta que hoy se encuentra franca y atractiva para que tengamos una mujer presidente del país.
Voy a seguir usando el término presidente para la mujer electa a tan importante puesto por mero prurito gramatical purista. Aunque el diccionario acepta se use indistintamente presidente o presidenta, la gramática me dice que cuando mi mujer asiste a la asamblea de vecinos, ella está presente y no presenta. Si cometiese grave infracción no sería llamada delincuenta; lo mismo puede decirse de ser renuente, ausente, penitente o transparente si de mujer se trata.
Pero no es eso lo importante, ni lo que me provocará reacciones molestas de algunas personas llamadas feministas; lo importante es que el Instituto Nacional Electoral, mediante una decisión de su pleno del día de ayer. El INE pretende ordenar a los partidos políticos para que postulen a las nueve gubernaturas estatales que se renovarán cinco mujeres y cuatro hombres, todo en aras de la equidad de género.
No entiendo por qué cinco y cuatro. Podrían ser siete y dos, ocho y uno, la proporción que los señores consejeros dispongan…porque lo disponen.
No hay fundamento legal que yo conozca que apruebe o determine el derecho del INE a intervenir en la vida y decisiones internas de los partidos políticos. Tampoco, entre las condiciones para ser postulado candidato a la gubernatura de un estado libre y soberano de la república federal, se establece que sea de un género u otro; aunque sea muy loable que las mujeres estén tomando un papel más activo y militante en la cosa política de nuestro país, pero, por sus propios merecimientos, no por su género o actividad sexual. La Constitución establece que para pretender gobernar un estado se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento. Otra aberración, porque establece, como en el futbol, que hay mexicanos de primera –los que son por nacimiento- y de segunda, los naturalizados. Carece de sentido: se es o no se es mexicano con todos los derechos. Segunda condición es ser originario del estado que se pretende gobernar o tener una residencia en él de cinco años por lo menos. Nada de ser hombre o mujer.
Desde luego que para seleccionar a nuestros gobernantes debemos considerar su honestidad, preparación, disposición al servicio público, perfil ético y capacidades, sin importar el género. Finalmente, el valor de los seres humanos debe considerarse a partir de lo que tenemos entre las dos orejas y no entre los dos muslos.
PARA LA MAÑANERA (porque no me dejan entrar sin tapabocas): Con todo respeto, señor presidente: la farmacia grandotota que va a tener todas las medicinas del mundo entero para todos los mexicanos, ¿cómo para cuándo?
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