Por Obed Campos
La Lucha de los Ejidatarios de Pino Suárez por Justicia y Legalidad
La justicia en México debería ser un pilar en el que los ciudadanos puedan confiar plenamente. La imparcialidad, la transparencia y el respeto por la ley son fundamentales para el funcionamiento de un sistema legal justo. En este caso, los ejidatarios de Pino Suárez, en el municipio de Tulum, estado de Quintana Roo, merecen que se aborden sus preocupaciones de manera justa y transparente.
En última instancia, el Poder Judicial de la Federación, como la última instancia de apelación, tiene la responsabilidad de garantizar que se haga justicia y que prevalezca la legalidad. La ministra Norma Lucía Piña Hernández y los magistrados involucrados en este caso tienen una oportunidad de demostrar su compromiso con la legalidad y la justicia, considerando adecuadamente los cuestionamientos sobre la competencia y la legalidad en este asunto.
La historia de los ejidatarios del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, en el municipio de Tulum, Quintana Roo, es un relato de desventuras en su búsqueda de justicia y legalidad elementales. En su lucha por defender sus tierras y derechos, se han enfrentado a obstáculos que cuestionan la integridad de las instituciones encargadas de impartir justicia en México.
La creación del Ejido Pino Suárez en 1973 marcó el inicio de un largo conflicto en torno a la propiedad de tierras. Desde entonces, los ejidatarios han enfrentado saña e injusticia por parte de las autoridades administrativas y los tribunales agrarios. La reciente actuación del Tribunal Agrario y el Poder Judicial de la Federación, bajo la responsabilidad de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad y la legalidad de sus decisiones.
Uno de los momentos clave de este conflicto es la emisión del título de propiedad 79152 en 1991, a nombre de Enrique Humberto Fuhrken Chellet, que afectó 161 hectáreas de tierras ejidales. Este acto levanta serias dudas, ya que el secretario de la Reforma Agraria no estaba facultado para emitir tal título, y la Ley Federal de Reforma Agraria prohíbe la enajenación de terrenos nacionales a particulares. A pesar de estas irregularidades, los tribunales no han abordado de manera adecuada este aspecto crucial.
La falta de respuesta a estas inquietudes en el proceso judicial, incluyendo la negativa de las autoridades a considerar la competencia del funcionario que emitió el título de propiedad, plantea interrogantes sobre la integridad del sistema legal. La reciente orden de reponer el procedimiento y realizar una prueba en agrimensura sin abordar estos problemas fundamentales, plantea dudas sobre la legitimidad del título en disputa y la defensa de los derechos de los ejidatarios.
Este caso refuerza la necesidad de una justicia que no solo resuelva conflictos, sino que también inspire confianza en la ciudadanía. La garantía de justicia para los ejidatarios de Pino Suárez en Tulum, Quintana Roo, es una prueba de la integridad del sistema legal mexicano y su capacidad para abordar desafíos complejos de propiedad de tierras de manera justa y equitativa.
Con todo, los ejidatarios no se cansan de exigir justicia, aunque la esperanza es lo último que muere, reza el refrán, a pesar de casi 50 años de enfrentar la burocracia de un sistema de justicia con pies de barro. Y seguirán levantando la voz.
