Luego de que Samuel García Sepúlveda, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, anunció anoche que desde este miércoles y hasta el último minuto del próximo viernes regresará como gobernador de Nuevo León y aprovechó para ratificar a Javier Navarro como encargado de Despacho, las bancadas del PRI y PAN manifestaron que la designación del interino debe ir de la mano con el compromiso de poner fin a la persecución y que se garantice plenamente el respeto a los derechos de ambas partes; informó MILENIO.
En un comunicado emitido la mañana de este miércoles, los grupos legislativos del PRI y PAN señalaron que aceptar el diálogo no implica un cheque en blanco, pues como legisladores de oposición demandaron un compromiso real con la democracia, la legalidad y el bienestar de la población.
“La ley no se negocia, la ley se cumple. Exigimos al gobierno de Nuevo León respetar rigurosamente los principios de institucionalidad y de legalidad en el nombramiento del gobernador interino.”
“El gobierno estatal debe acatar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han resuelto claramente que la atribución del nombramiento del Gobernador interino corresponde exclusivamente al Congreso de Nuevo León”, señaló el Legislativo.
Los legisladores de oposición, liderados por Heriberto Treviño y Carlos de la Fuente, dijeron que el ejecutivo hace una interpretación manipulada y engañosa sobre un mandato legal, y que presuntamente tiene el objetivo de confundir y polarizar a la sociedad.
“Actualmente el Estado atraviesa por momentos críticos, derivado de diversas malas decisiones y acciones de Samuel García, que generaron un clima de ingobernabilidad y crisis política, por lo que es inaceptable agravar aún más la situación actual mediante una franca violación a nuestra Constitución.”
“Es de primordial relevancia dar a conocer que el gobierno estatal ha utilizado el presupuesto para presionar a los municipios. En la Ley de Egresos de 2023 se aprobó un fondo de 2 mil 500 millones de pesos destinados a proyectos municipales prioritarios en materia de seguridad, infraestructura y movilidad que continua sin ser liberado y que el gobierno del NL pretende utilizar como medio de presión y moneda de cambio para imponer a un gobernador interino”, manifestaron.
La omisión deliberada de la entrega de recursos, expusieron loa legisladores, afecta a cientos de miles de personas que “no pueden ser rehenes de proyectos políticos personales, como ir a buscar una candidatura presidencial”.
Esta violación a la Ley de Egresos, añadieron, es un acto doloso de una preocupante irresponsabilidad social, política y económica que traerá consecuencias jurídicas.
“Exigimos el cese definitivo al uso político de las autoridades estatales en contra de quienes no se someten a la voluntad del gobierno estatal, es inadmisible en toda sociedad democrática el amenazar y amedrentar a fuerzas políticas de oposición.”
“La persecución política en Nuevo León ha sido evidente y los ciudadanos conocen muy bien la campaña de persecución, ataque y desprestigio orquestada desde el gobierno del estado”, concluyeron.
Imagen portada: Especial | MILENIO
