Ante la renuncia de Jorge Galván como auditor General, las bancadas del PRI y PAN en el Congreso incluyeron entre los finalistas a Alejandro Reynoso, ex secretario del Ayuntamiento en SN.
Luego de la renuncia de Jorge Galván a la titularidad de la Auditoria Superior del Estado (ASE), el Congreso local, con la mayoría de PRI y PAN, no logró ayer la designación de Alejandro Reynoso Gil, debido a la falta de apoyo de las bancadas de Morena y Partido Verde; informa MILENIO.
La elección de Reynoso, ex secretario del Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, y de quien se dice es impulsado por Zeferino Salgado, necesitaba 28 votos; sin embargo, el Artículo 84 de la Ley de Fiscalización Estatal y el 47 del Reglamento Interior de la ASE establecen que cuando el titular renuncie y mientras el Congreso local designe al nuevo, entrará en funciones como titular el auditor Especial de Municipios, posición que actualmente ocupa el propio Alejandro Reynoso.
Durante los asuntos en cartera de la sesión de ayer, Mauro Guerra, presidente del Congreso local, informó que Galván comunicó su renuncia al Legislativo tres días antes de que concluyera su plazo, por lo que el Pleno presuntamente debía elegir al nuevo auditor de entre los 60 finalistas que remitió el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
“En virtud de la renuncia del actual auditor se pone a consideración que se le dé un trámite de urgente y obvia resolución”, dijo Guerra.
PRI y PAN perfilaban ayer designar al nuevo auditor, pues del listado de 60, en fast track, el Pleno del Congreso local eligió una terna de finalistas liderados por Reynoso, Ricardo Thompson y Agustina Hernández, teniendo 27 votos cada quien. Pasadas las 15:30 de ayer, debido a que no se localizó a todos los finalistas a auditor, por mayoría, el Congreso local aprobó aplazar las comparecencias.
La bancada de MC advirtió ayer que pudiera recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el procedimiento no es el correcto y que se necesitaban 28 votos.
La emecista Sandra Pámanes, explicó que con base en el Artículo 80 de la Ley de Fiscalización, el proceso de designación del titular de la ASE debe pasar por la Comisión de Vigilancia del Congreso.
La situación con la ASE
Las posturas presagian un nuevo enfrentamiento entre Poderes estatales:
Jorge Galván González terminaba en diciembre su periodo de ocho años como auditor, tras haber sido nombrado el 14 diciembre de 2015.
El Artículo 14 del Reglamento Interior de la ASE indica que durante las ausencias temporales del auditor General serán cubiertas por el auditor Especial de Municipios.
El Artículo 84 señala que en caso de ausencia absoluta o renuncia del auditor General del Estado, la Comisión informará al Congreso para que éste proceda a suplir al ausente.
Alejandro Reynoso es el actual auditor Especial de Municipios.
Con anterioridad fungió como secretario del Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza.
Actualmente se le investiga por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque lo indagan por fraude fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) estatal denunció en julio pasado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), a Alejandro Reynoso Gil, aspirante titular de la ASE, por la probable comisión de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el documento, en poder de la plataforma MILENIO-Multimedios, la UIFE consideró que Reynoso Gil y sus socios Saúl Rojas, José Hernández y José Armando Esteban, Lucía Chavez y contra quien resulte responsable, deben ser investigados, al igual que las empresas Constcomer, SA de CV, Comercializadora DDR SA de CV, y Proyectos Empresarialies Taza SA de CV.
“Por la probable comisión de hechos que la ley señala como delito, que podrían tener acomodo en tipos penales de persecución penal de defraudación fiscal, previstos en los numerales 109 fracciones I y IV y 113 bis del Código Fiscal de la Federación vigente, así como en diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el Artículo 400 bis del Código Penal Federal, y delincuencia organizada, como lo describe y sanciona el Articulo 2 en su fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”, consideró la UIFE.
Imagen portada: Jorge López | MILENIO
