El Gobierno del Estado respondió este martes al presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, que la figura de reconducción presupuestal, es decir, repetir el presupuesto del año pasado, en 2024, es una medida legal; informa MILENIO.
«Contrario a lo que señala el presidente del Congreso del Estado, la figura de reconducción presupuestal es una medida legal, prevista en la Constitución del estado de Nuevo León, que tiene por objeto el garantizar la certidumbre presupuestal tanto en materia de ingreso como en gasto», señala un comunicado oficial que envió la administración estatal.
Las diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo, agrega, respecto al proceso de elaboración de presupuestos, se han dado tanto a nivel federal como local, en diversas entidades federativas.
Basta recordar que el 31 de diciembre de 2001 se ordenó parar el reloj parlamentario, hasta en tanto se llegara a consensos respecto a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2002. Así también en 2004, el entonces presidente Vicente Fox devolvió, con observaciones, a la Cámara de Diputados federal el Presupuesto de Egresos de la Federación por diferencias en el mismo.
«En Nuevo León, el origen de la reconducción presupuestal inició con las propuestas de la Convención Nacional Hacendaria y con la firma del “Convenio para dar cumplimiento a diversas propuestas de la Convención Nacional Hacendaria, que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado de Nuevo León, así como los municipios y organismos que lo suscriban con posterioridad a su entrada en vigor”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2006, en donde en su cláusula séptima se estableció:
«La entidad federativa y los municipios se comprometen a adoptar reglas que permitan la reconducción presupuestal y la responsabilidad fiscal, a fin de garantizar certidumbre presupuestal y la asignación más eficiente de los recursos», indica el comunicado.
La figura fue adoptada posteriormente en la legislación local, y se encuentra vigente en la nueva Constitución del Estado.
En Nuevo León, agrega, no es la primera vez que aparecen diferencias entre Ejecutivo y Legislativo respecto al presupuesto.
En 2006, en el Gobierno de Natividad González Parás, se dio una disputa entre el PRI y el PAN por el Paquete Fiscal del 2007, mismo que fue aprobado hasta el 10 de enero de 2007 y publicado en el Periódico Oficial el 13 de enero del mismo año.
«Pugna que se dio entre en ese entonces los partidos oponentes PRI y PAN, respecto a diversos temas de mayorías necesarias para la aprobación de leyes, por lo que se abandonó la mesa de negociación del presupuesto», relata el boletín.
La información oficial describe que ese conflicto se solucionó con el chantaje del PAN al PRI para incluir en el Presupuesto de Egresos para ese año una partida adicional de 500 millones para municipios.
Señala que la prensa documentó este conflicto, en donde a falta de presupuesto, el 1 de enero aplicó la reconducción presupuestal y no fue suspendida ninguna actividad gubernamental.
Como se ha mencionado, la figura da certeza respecto a la operatividad de los poderes del Estado y organismos autónomos, para lo cual, se tiene constante comunicación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como con el Tribunal Estatal Electoral, para conocer sus necesidades y garantizar el proceso electoral 2024.
«Siendo que en próximos días se convocará a dichos entes para ver los distintos escenarios para hacer frente a sus necesidades», apunta.
El Gobierno del Estado indica que resulta erróneo lo señalado por el Congreso local en su comunicado, de que el 11 de enero se publicó el Paquete Fiscal, ya que olvida que primero remitieron para su publicación la Ley de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 el 11 de enero de 2023, y posteriormente mandaron a esa publicación la Ley de Ingresos para dicho ejercicio fiscal, la cual fue publicada el 13 de enero de 2023.
Respecto a la resolución que se menciona, emitió el Tribunal Superior de Justicia, no se ha recibido ninguna notificación al Gobierno del Estado de ese tema, pero es importante señalar que el actual presidente del Congreso está impedido para resolver cualquier asunto vinculado con el Ejecutivo, por el interés directo que tiene por su filiación partidista y porque ha intentado ocupar la gubernatura de manera ilegal, lo cual ya ha resuelto el Tribunal Federal Electoral.
Imagen portada: Raúl Palacios | MILENIO
