Por Karen Lozada
El domingo pasado, durante la conmemoración de la represión de la huelga de Río Blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en breve enviará una iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones. Al respecto, tengo varias consideraciones para ayudar al debate público y, sobre todo, a entender mejor la magnitud de estas declaraciones:
1) Esta iniciativa resulta una de las más importantes por su fuerte carácter social en defensa de las y los trabajadores mexicanos, específicamente de las clases bajas y de las medias, las cuales son las que ahorran toda su vida en una Afore para que en su retiro puedan generar una pensión a partir de sus ahorros.
2) La contrareforma de 1997 fue la estocada final de las políticas neoliberales en contra de la clase trabajadora; ese año Zedillo argumentó que el IMSS era insostenible y por ello se cambiaba el sistema de reparto fijo por las Cuentas Individuales.
3) Posterior a ello, en 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón, se aprobó la reforma a la Ley del ISSSTE, sumando así a las y los trabajadores al servicio del estado al sistema de Cuentas Individuales administradas por Afores.
4) Con estos cambios los gobiernos mexicanos pasaron de tener como responsabilidad estatal las pensiones y cedieron esta función social a los particulares, es decir, ahora el futuro de millones de personas pasó a estar en manos de bancos y diferentes fondos de inversión.
5) Si bien se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) como órgano regulador de las Afores existen un sinfín de riesgos (que en su más reciente reforma durante el mandato del presidente López Obrador se redujeron) en las inversiones. Pongamos un ejemplo, antes de la reforma del 2020, las diferentes Afores invertían los recursos de los trabajadores en SIEFORES, de acuerdo con la edad de cada trabajador dueño de su Cuenta Individual, que no son otra cosa que los fondos de inversión en los que se depositan los recursos de las y los trabajadores para generar rendimientos. No obstante, muchos de ellos cuentan con un riesgo sumamente elevado, lo que genera constantes minusvalías en los ahorros de las Cuentas Individuales. En otras palabras, el dinero de las personas está a merced de las inversiones de los mercados, nada es del todo seguro, mucho es especulación.
6) Sumado a ello, cuando un trabajador quería retirarse se corría el riesgo de tener una tasa de reemplazo, es decir el porcentaje de pensión estimada respecto al salario base del trabajador, inferior al último salario recibido. Pongamos como ejemplo que un salario base era de 8 mil pesos con una tasa de reemplazo del 65% (fijada de acuerdo al total de los ahorros en toda su vida laboral). Con estas cifras la pensión estimada al momento de su retiro sería de 5 mil 200 pesos, cifra que no garantiza una pensión digna que lograse cubrir las necesidades básicas de vida (incluida la recreación, la cultura y el deporte).
7) Por todo lo anterior expuesto, celebro esta iniciativa próxima a presentarse, sin embargo destaco que al no contar con la mayoría calificada se corre el riesgo de que quede trabada en el Congreso, como pasó con la eléctrica y la reforma al Poder Judicial, por lo que se vuelve vital para todas y todos los trabajadores defender esta iniciativa y presionar a las y los legisladores para que la aprueben (especialmente a la oposición).
La Constitución y sus reformas están para defender al pueblo. ¡Vamos por una reforma a las pensiones para poder pensar en un futuro con dignidad y bienestar!
