Tras haber concluido el plazo que dieron los diputados para que el gobernador del Estado Samuel García entregara el Presupuesto del 2024 completo, el Congreso del Estado recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN aseguró que interpusieron una controversia constitucional en contra del ejecutivo estatal por haber violado de nueva cuenta la ley.
El líder de los legisladores panistas señaló que esperarán los tiempos para que los ministros resuelvan este nuevo recurso y tal y como sucedió con lo del gobernador interino, esperan que les den la razón.
«Prácticamente el ejecutivo redireccionó el presupuesto del 2023, prácticamente violentó la Constitución y las leyes de Nuevo León el gobernador, está en riesgo la situación económica del estado, no es correcto la decisión que tomó el ejecutivo tendrá sus repercusiones como sucedió con el tema de la selección del gobernador interino al colocar al secretario General de Gobierno más de 30 días».
«Estamos seguros que las autoridades competentes en este caso la corte donde ya metimos una Controversia Constitucional harán algo, porque ya tenemos una suspensión del Tribunal Superior de Justicia donde dice claramente que presente el presupuesto que entregue el presupuesto e hizo caso omiso y donde dice que no puede reconducir el presupuesto, y luego cerraron las puertas del palacio para no recibirlo y como quiera se le entregó la resolución, luego en enero publica la reconducción del presupuesto y con eso de evidencia acudimos a la corte».
«Esperemos que la Corte nos dé la razón. ¿Cuándo? Sabemos que los tiempos de la Corte no son sencillos, pero esperemos que no sean tan prolongados, esto se presentó los primeros días del año, tan pronto publicó, tan pronto presentamos una controversia», indicó.
De la Fuente Flores señaló que no se puede aplicar el mismo presupuesto del 2023 en el 2024, ya que, en el caso particular del Congreso del estado, hay gastos extras como liquidaciones, el aumento de sueldo obligatorio, entre otras cosas, que no se tienen contemplados en el presupuesto anterior.
Con esto, dijo que esperan que algún ciudadano solicite un juicio político en contra del gobernador por haber violentado la Constitución.
«Esto puede ocasionar que una observación de la Auditoria Superior de la Federación cuando es repetitiva se convierte en delito», dijo.
