La Comisión de Quejas y Denuncias del INE frenó a 921 personas que buscaban ser contratadas como supervisoras o capacitadoras electorales para la jornada electoral, pero que se detectó que eran militantes de todos los partidos políticos, lo que afectaría la imparcialidad en la contienda; informó MILENIO.
Por unanimidad, las y el consejero que integran esta comisión determinaron dar de baja a estas 921 personas que intentaban avanzar en el proceso y ser contratados para capacitar a quienes recibirán y contarán los votos en la jornada electoral.
Explicaron que, como parte de la estrategia de capacitación electoral y los criterios del principio de imparcialidad en el reclutamiento, selección y contratación de supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (CAES), se estableció como requisito legal y jurisdiccional el de no militar en ningún partido político ni haber participado activamente en ninguna campaña electoral en el último año previo a la difusión de la convocatoria.
“Cuando en el proceso las y los ciudadanos aspirantes se encontraran afiliadoS a algún partido político, podrían presentar queja u oficios de desconocimiento de afiliación a fin de poder continuar en las siguientes etapas de convocatoria de contratación”.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral indagó si se trataba de afiliaciones indebidas, pues, de lo contrario, al tratarse de militancia voluntaria, se deben aplicar las medidas necesarias “para impedir que personas con ascendencia política con algún partido intervengan en las funciones electorales que tienen los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales”.
En un análisis preliminar de 89 expedientes, se determinó que 921 personas que eran aspirantes a ocupar cargos electorales, sí consintieron de forma previa su afiliación a algún partido político.
“En todos los casos existen cédulas originales de afiliación apartadas por los partidos señalados como responsables o cédulas electrónicas previamente avaladas como válidas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contiene firma autógrafa de los ciudadanos de consentimiento y fotografía.
“Al advertirse militancia se hace necesario proponer dictar medidas cautelares para que sean dados de baja y se les impida participar en el desempeño de los cargos de supervisor electoral y/o Capacitador Asistente Electoral”.
El consejero Arturo Castillo destacó que estas personas son de todos los partidos políticos, por lo que no se trata de una estrategia específica de alguna fuerza política.
Estas personas ya no podrán continuar en el proceso de contratación, para evitar que sus afiliaciones partidistas impacten en la capacitación de las personas que aceptarán ser representantes de casilla para recibir y contar los votos en la próxima elección.
Imagen portada: Juan Carlos Bautista | MILENIO
