La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), celebró la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar que diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021, transgreden los principios constitucionales de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable, al otorgar amparo a empresas; publica MILENIO.
“De acuerdo con el Máximo Tribunal del país, esta legislación secundaria, en lugar de atender el criterio de eficiencia establecido en la Carta Magna, introdujo un orden de prelación en el despacho de energía eléctrica, determinando qué centrales generadoras inyectan primero su energía a la red nacional y así privilegiar a los generadores del Estado, es decir a la Comisión Federal de Electricidad y a las plantas asociadas a ella alterando el mercado eléctrico”, explicó Coparmex.
En este sentido la SCJN también consideró que la Ley de la Industria Eléctrica vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable al establecer disposiciones para la asignación de los contratos de cobertura eléctrica y para el sistema de adquisición de certificados de energías limpias.
Por otra parte, Coparmex manifestó su rechazó con el intento de someter a juicio político ante el Congreso de la Unión al ministro Alberto Pérez Dayán por otorgar el voto de calidad en la discusión sobre la Ley de la Industria Eléctrica, además de que mencionó que “es procedente cuando alguno de los servidores públicos previstos en el artículo 110 de la Constitución, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
La organización empresarial, consideró que la propuesta del Ejecutivo Federal de enviar una nueva reforma eléctrica con las mismas características que la rechazada en la Suprema Corte, sólo generaría incertidumbre entre los inversionistas y pondría en duda el respeto al Estado de Derecho.
Ante este panorama la organización empresarial, reiteró el compromiso con la defensa de la libre competencia y la promoción de un entorno jurídico estable para las inversiones en el sector eléctrico.
Imagen portada: Juan Carlos Sánchez | MILENIO
