Por Obed Campos
En el entramado político de Nuevo León, la disputa por el control de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE) ha adquirido ribetes de escándalo, revelando conexiones turbias entre destacados miembros del PRI y el PAN (PRIAN, pa’ la raza).
Tres figuras destacan en este juego de poder, a veces más parecido a una lucha de relevos australianos: el diputado Carlos de la Fuente, líder del PAN en el Congreso; Zeferino Salgado, el facho que ocupa sus tiempos libres a mangonear al Grupo San Nicolás, y el mismo PAN pero que en realidad se dedica a una suerte de sacerdocio de un culto oscuro y medio nazi y Francisco Cienfuegos, quien representa al PRI y sus intereses.
En qué coincide este “Trío Galaxia”, ah, en que los tres están bajo investigación tanto a nivel estatal como federal por sospechas como corrupción, enriquecimiento ilícito e irregularidades financieras y otras minucias. Pero la estrategia del PRIAN parece apuntar a consolidar su control sobre las instituciones de justicia y anticorrupción. Gracias a acuerdos por debajo de la mesa, han logrado influenciar la Fiscalía de Justicia y la Auditoría Superior del Estado, así como el Poder Judicial, asegurando así su impunidad en estas esferas.
El último paso en esta estrategia es la adjudicación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFE Estatal) a la Fiscalía de Justicia, dirigida por Pedro Arce, joven muy cercano a Cienfuegos. Este movimiento busca salvaguardar a estos políticos y sus carpetas.
El Congreso, controlado por la coalición PRIAN, respaldó esta medida, desencadenando la reacción del gobierno estatal que planea impugnar la decisión, argumentando una invasión de las facultades ejecutivas. La batalla por la UIFE Estatal se convierte así en un enfrentamiento crucial entre el Gobierno del Estado de la administración de Samuel García y los diputados, lucha en la que ambos bandos enarbolan las mismas banderas de presunta transparencia y supuesta rendición de cuentas.
La reciente admisión por parte del diputado panista Carlos de la Fuente de su estrecha relación con Alejandro Vinicio Araiza Gaytán, contador asesinado en el año 2020 y a quien se ha señalado como “facturero” y falsificador, añade un matiz alarmante a este escenario.
Araiza habría sido el vínculo entre las empresas investigadas por la UIFE y De la Fuente, arrojando luz sobre las presuntas operaciones financieras ilícitas que involucran al legislador panista.
La relación laboral y amistosa entre De la Fuente y el contador ejecutado plantea dudas significativas sobre la conducta ética y la legalidad de las prácticas del legislador y también ex alcalde de San Nicolás, en el ámbito público y empresarial.
Ojo amiguitos: No es la primera vez que De la Fuente se ve envuelto en controversias junto a Zeferino Salgado y otros miembros del denominado Grupo San Nicolás.
La máxima “dime con quién andas y te diré quién eres” cobra relevancia, subrayando la importancia de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades para esclarecer tan graves acusaciones.
La integridad en la política, así como en todos los aspectos de la vida pública, debe ser una prioridad inquebrantable para construir una sociedad justa y transparente.
O como diría el cásico: “La mujer del César no solo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo”.
