Por José Jaime Ruiz
Percepción y prejuicio arrastran a Adrián de la Garza a la derrota. Doble fracaso: impedido para ser fiscal general y, lo más probable, vencido en las urnas si se confronta por la alcaldía de Monterrey con Mariana Rodríguez Cantú (Movimiento Ciudadano) y Tatiana Clouthier (Morena). De la Garza está impedido para ser fiscal por formalidad (no cuenta con una carta de antecedentes penales) y por el fondo, el contenido, el hecho del veto del gobernador constitucional del estado libre y soberano de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda.
La confrontación de Adrián con Samuel Alejandro también le impide la Fiscalía General. Lo explicó el Consejo Cívico de las Instituciones al dibujar el mejor perfil para el puesto. El Ccinlac destaca, entre otros, cuatro puntos: demostrar ausencia de vínculos actuales o pasados que comprometan la independencia; tener una reconocida honorabilidad como atributo fundamental; desplegar su capacidad para relacionarse con altos funcionarios gubernamentales, expertos y sociedad civil; mantener independencia e imparcialidad en todas las actuaciones.
Los vínculos de Adrián de la Garza con el PRIAN son notorios y comprobables, no trabajaría por los ciudadanos sino por su camarilla; la honorabilidad de Adrián, sobre todo por las denuncias públicas hechas por el actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, la comprometen; De la Garza es incapaz de relacionarse con funcionarios gubernamentales, su confrontación con el gobernador lo evidencia; Adrián depende de la mafia del PRIAN y, ergo, su parcialidad sobresale. Adrián de la Garza Santos está impedido para ser fiscal general.
“Uno de los motivos de la eficacia y peligrosidad de los prejuicios es que siempre ocultan un pedazo del pasado. Bien mirado, un prejuicio auténtico se reconoce además en que encierra un juicio que en su día tuvo un fundamento legítimo en la experiencia; sólo se convirtió en prejuicio al ser arrastrado sin el menor reparo ni revisión a través de los tiempos” (Hannah Arendt. ¿Qué es la política? Editorial Paidós).
Para Adrián el juicio de las urnas, su derrota, está basado en el prejuicio regio de su ineficiencia administrativa como alcalde y en su corrupción como edil de Monterrey. De la Garza durante estos años no demostró un pedazo del pasado favorable, la crítica legítima de los regiomontanos y los nuevoleoneses (perdió la gubernatura) impugnan su participación electoral. Perdió contra Samuel Alejandro y, todo lo indica, perdería contra Mariana Rodríguez Cantú.
El trabajo de añadir desprestigio a su mala reputación ya está en marcha y la percepción, no sólo el prejuicio en su contra, se impone: Habría usado empresas factureras para desviar al menos 148.2 millones de pesos cuando fue alcalde de Monterrey, como parte de un contrato para la colocación de 4 mil cámaras de vigilancia, por lo que la UIFE presentó una ampliación de la denuncia contra él, sus empresas y ex colaboradores.
En la denuncia original presentada en septiembre Adrián pagó 20.1 millones de pesos a 19 empresas enlistadas por el SAT como factureras; esta nueva ampliación de la denuncia se presentó el 12 de enero del presente año ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la cual se solicita la ampliación contra personas físicas, en las cuales se encuentran ex colaboradores de Adrián y seis empresas con características de factureras: Redes Hermanos MC, con 29.9 millones de pesos; Electrogestión y Sistemas Mexicanos, con 22.3 millones; Tececo, con 13.1 millones; Edificaciones Olimpia del Norte, con 9.7 millones de pesos; Grupo Empresarial Mezzak, con 8.7 millones; y Grupo Empresarial Long, con 6.5 millones.
Si “la política siempre ha tenido que ver con la aclaración y disipación de prejuicios” (Arendt), Adrián de la Garza no los aclara, menos los disipa. Por eso se impone la percepción de su derrota, su imposibilidad de futuro.
