Por Obed Campos
Cuánto tiempo nos falta para que nos caiga encima el 8 de marzo de 2025. Ahí le va: nos quedan 11 meses y 23 días; o 360 días; o 51.7 semanas; o si usted quiere 11.9 meses.
¿Por qué le doy esta contabilidad en días, semanas y meses?
Ah, porque en el próximo Día Internacional de la Mujer, o como floridamente se le ha dado por llamarlo “8M”, vamos a vivir aquí en Nuevo León la misma historia que año tras año: mujeres que legítimamente toman las calles para manifestar su exigencia de que se estreche la brecha entre hombres y mujeres y, entre muchos otros puntos importantes, que ambos sexos tengan las mismas oportunidades; que se pare la violencia de género; que haya seguridad para todas y todos; que se sancione sin tolerancia a los feminicidas, a los traficantes de seres humanos y a los depredadores sexuales; que se apoye a madres y mujeres trabajadoras y que la paga sea en razón de capacidades no de sexo.
Yo hace muchos años que no creo en Santa Clos, por lo que tampoco creo que se les cumpla ninguna de sus legítimas exigencias a las féminas, y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque qué está haciendo la Central de Integración, Tecnología e Inteligencia (CITI), a la cual se le invirtieron 3 mil 500 millones de pesos. Este ente gubernamental debería de estar acopiando información y preparando panoramas para que la jerarquía gubernamental prevenga la violencia en este rubo. Porque para no andarse lamentando luego, lo mejor es prevenir, pero ya vio usted que no.
Con violencia no se combate este tipo de fenómenos.
Ahora que hay gente que habla, porque tiene lengua, como la inefable diputada Jessica Elodia Martínez, ahora del PRI, quien, protagonista como siempre, al brindar su supuesto apoyo incondicional a mujeres detenidas durante las protestas del “8M”, señaló que hubo agentes de policía vestidos de civil y dijo que no contaban “con la debida autorización de la Fiscalía, lo cual constituye una violación a los protocolos establecidos”.
Mostrando la oreja de su ignorancia, la legisladora no sabe que no sabe, primero, que si se trataba de policías uniformados vestidos de civil y pertenecientes a Fuerza Civil, no tienen porqué pedir permiso a la Fiscalía. No dependen de ella.
Y segundo, que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, ordena en su Artículo 126.- Las Instituciones Policiales deberán desempeñar sus actividades en condiciones que hagan visible y notoria su identidad y presencia, portando el uniforme respectivo, las insignias y la identificación que corresponda. Los vehículos deberán estar plenamente identificados con los emblemas oficiales y los números de identificación de unidad.
En el uso de emblemas, uniformes y demás insignias deberán cumplir con la normatividad y manuales de identidad que para ello se establezca.
Salvo los elementos de las Instituciones Policiales Estatales que ejerzan técnicas especiales de investigación quedan exceptuados de lo prescrito en el párrafo anterior, pero en todo caso, su asignación al área de investigación solo será autorizada por el Secretario de Seguridad Publica en el Estado.
Eso dice la ley, que la diputada no conoce y que por falla de sus asesores jamás estudiará por lo visto.
Lo demás es un margallate, porque mientras Elodia resaltó las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por las supuestas fallas de los elementos de Fuerza Civil, insistió en la importancia de que los policías estén plenamente identificados, “ya que la presencia de agentes encubiertos sin autorización oficial vulnera los Derechos Humanos”.
Y brillante, como siempre lo es, dijo que contaba con evidencia en video de policías vestidos de civil entregando a jóvenes a policías uniformados.
