Cuando María García revisa desde su activismo por los derechos políticos plenos de la diáspora mexicana lo que está sucediendo con el voto desde el extranjero, resume con un dejo agridulce: “Ganamos lo básico, como que este 2 de junio alrededor de 200 mil migrantes vayan a votar y que haya tres modalidades de voto, pero aún hay trampas”; informa MILENIO.
Fundadora de la organización Fuerza Aztlán, radicada entre Chicago y la Ciudad de México, García fue una de las pioneras en la promoción del voto migrante, una de las pocas que iban y venían entre dos países desde los años noventa para “suplicar” a legisladores en el Congreso mexicano para que permitieran el sufragio de los migrantes.
Eran los primeros pasos que derivarían en el involucramiento en la vida pública de su país de los mexicanos residentes en el exterior, quienes en este 2024 podrán participar en los comicios presidenciales de México, y para elegir senadurías, gubernaturas y diputados migrantes.
Podrán votar y ser votados a pesar de los “vivillos” que quieren aprovecharse de la coyuntura electoral.
Estos, en los últimos días, consiguieron que, por ejemplo, el máximo organismo electoral haya declarado la improcedencia de 39 mil 724 registros debido a la suspicacia que despertó una repentina alza de registros en los días previos a la fecha límite de inscripción, el 25 de febrero.
“Los políticos no han querido que los migrantes voten de manera sencilla y la única explicación que encontramos es que tienen miedo a perder poder, a que las cosas que proponemos rompan sus privilegios y… ¡por eso lo complican o nos hacen trampas!”, asegura María García.
A diferencia del sufragio en territorio mexicano, los de fuera tienen que inscribirse en cada elección a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y la cancelación a algunos de ellos causó inconformidades en un momento de creciente interés de los migrantes por participar políticamente.
Desde que se autorizó por primera vez el voto para los que salieron del país, en 2006, ha ido en incremento constante: en aquellos comicios sufragaron 32 mil paisanos; para 2012 la participación llegó a 40 mil, y en 2018 dio un salto a 98 mil. Si se descuentan los registros cancelados, el padrón de este año asciende a casi el doble, 187 mil 388, aunque todavía puede haber aclaraciones, por lo que se espera que la lista que habilita el voto desde el exterior se incremente aún más.
El interés mayoritario se encuentra entre quienes residen en Estados Unidos, donde se registraron 156 mil. Le siguen los que están en Canadá con casi 17 mil, y en España, con poco más de 13 mil. Un 53 por ciento son hombres y el 47 por ciento mujeres.
Los paisanos nacidos en Ciudad de México, Jalisco y Estado de México concentran el grueso del padrón, al tiempo que los mayores de 53 años encabezan la franja de ciudadanos residentes en el extranjero con derecho a votar el próximo 2 de junio.
Posibles irregularidades, según el INE
“El incremento de registros previo a la fecha límite para inscribirse en el padrón pareció normal porque ya había ocurrido en otras elecciones, pero cuando fuimos a investigar encontramos irregularidades e inconsistencias”, advierte Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) para el voto extranjero, en entrevista con MILENIO.
¿Con qué se encontraron? Con firmas ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de autógrafa o falta de coincidencia con la firma de la credencial para votar; alteración de datos del domicilio, comprobantes falsos, registros reiterados con el mismo comprobante o comprobantes vencidos; documentos apócrifos, direcciones inexistentes, registros incompletos y, sobre todo, credenciales de México.
Por todo ello se procedió a la cancelación de los registros y dejaron dos opciones abiertas para los propietarios de esos padrones: solicitar una revisión a más tardar el 5 de mayo al correo voto.extranjero@ine.mx o acudir a votar en alguna de las 23 sedes consulares en las casillas especiales.
“Queremos asegurarnos que haya la mayor certeza posible”, dice Castillo. El consejero adelantó que analizan hacer una denuncia contra quien resulte responsable de operar un intento de registro masivo sin consentimiento de los electores.
“Para que se den una idea de la importancia del voto migrante, podemos decir que la diferencia entre un ganador y otro en la elección de 2006 [entre el panista Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador] fue de 200 mil votos, o sea, casi los mismos mexicanos que se inscribieron en esta elección; por ello lo estamos vigilando permanentemente”.
Barreras y certezas ante un voto creciente
Las múltiples plataformas para votar han ayudado a incrementar el interés y la participación: del total de las solicitudes de inscripción al padrón 2024, casi el 70 por ciento prefirieron votar por internet; por correo postal, el 23 por ciento y de manera presencial también casi 23 por ciento.
Lejos quedaron los tiempos en que María García y otros activistas ayudaban a otros paisanos a llenar los papeles que les llegaron vía postal en 2006, cuando cualquier error anulaba el voto en aquel primer sufragio desde el exterior en la historia del país, cuando solo se les permitía votar para elegir al titular del Ejecutivo federal.
El uso de internet para la votación desde el exterior se autorizó en 2021 con 11 elecciones locales y dos de senadurías. Pero ahora el reto es mayúsculo pues será posible participar de manera general. El desafío es no solo por la educación para ejercer el derecho a sufragar y el número creciente de votantes, sino por prevenir los posibles intentos de fraude.
Gerardo Arcos, migrante desde hace dos décadas en Raleigh, capital de Carolina del Norte, reconoce que aunque se inscribió en la modalidad de voto electrónico no sabía qué pasos seguir; desconocía que por correo le llegará un enlace, que él tiene que votar entre el 18 de mayo y el 2 junio y que el día en que lo haga el sistema le pedirá un SMS. Que ese SMS tendrá un código único para el voto, con 15 minutos de vigencia y, si por alguna razón no puede hacerlo, cuando vuelva a entrar le llegará otro vínculo.
Todo ello se lo explicó Castillo en un foro de información en la cruzada por el voto exterior que además incluye vencer el trauma de 1988, cuando se “cayó el sistema” que contabilizó de forma electrónica la votación y puso en duda los resultados de la elección presidencial en la que ganó Carlos Salinas y resultó perjudicado Cuauhtémoc Cárdenas.
“La tecnología que había en los años ochenta ya está muy rebasada”, dice Castillo. “Ahora nadie va a saber el sentido del voto porque se encriptará y mandará por tecnología blockchain a la Ciudad de México, a un servidor de seguridad donde permanecerá guardado hasta el día del escrutinio, el 2 de junio”.
La tecnología de cadena de bloques o blockchain permite ver qué voto se emitió, desde qué IP, la ubicación, el lugar y por qué nodos de información pasó alrededor del mundo.
“Si en algún momento remoto alguien intentara modificar los votos que se transmiten por internet, inmediatamente lo vamos a saber e inmediatamente se anulará”. La tecnología en cadena de bloques, auditada descentralizadamente, permite tener certeza sobre la no corrupción de la información.
Falsos candidatos migrantes y otros retos
En la cuenta regresiva hacia el 2 de junio, María García y otros activistas mantienen vigente una lista de objetivos para perfeccionar el sufragio exterior, la cual incluye eliminar la obligación de registrarse al padrón para cada elección o la obligatoriedad de activar la credencial cuando esta se tramita en sedes consulares.
Pero lo que más les preocupa es el “cinismo de los partidos” de hacer pasar a algunos de sus políticos por migrantes, cuando no lo son.
Ante la falta de legislación sobre la representación política de los mexicanos en el exterior en el Congreso, el tribunal electoral determinó incluirlos desde 2021 en un mecanismo conocido como Acción Afirmativa. Esto quiere decir que, como parte de grupos “minoritarios” que necesitan una agenda particular, los partidos deben incluirlos en sus listas plurinominales para que, si las instituciones políticas logran muchos votos, alcancen un lugar. En las elecciones intermedias llegaron por esta vía 11 representantes residentes en el exterior.
Para 2024, los partidos presentaron sus listas de las candidaturas plurinominales con candidatos que dejaron boquiabiertas a las organizaciones Fuerza Migrante y el Consejo de Desarrollo Binacional: muchos eran personas que inventaron ser parte de organizaciones falsas de migrantes, que sólo han vivido unos meses en el exterior, que incluso apenas habían ido de paseo, o despechados que perdieron candidaturas en México.
Por ello Fuerza Migrante y el Consejo de Desarrollo Binacional impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero este determinó en la primera semana de abril que se mantuvieran tales candidaturas.
“El Trife resolvió que habría que ser ‘flexibles’ en el requisito de residencia de los seis meses para ser considerado migrante, aunque la ONU dice que es un año, y así abrió la puerta a los cachirules o falsos migrantes que no tienen conocimiento de las necesidades reales de la comunidad”, observó Daniel Tatcher, analista del tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
“Esto es una usurpación a los derechos políticos de la comunidad en el exterior y una mancha democrática”, acusa.
Además, el INE no exigió pruebas formales para que los candidatos demostraran vínculos con la comunidad, como el registro a organizaciones Non Profit en el exterior. Entre los candidatos con características que ameritan ese perfil ‘fake’, según los inconformes, destacan varios casos, como el de Jorge Ernesto Insunza Armas, un político antiquísimo en las filas del PAN cuya vida ha sido muy activa, pero en México: saltó de un puesto a otro entre curules locales del Estado de México y a nivel federal, fue dirigente del partido y presidente de la delegación municipal de Cuautitlán.
Otro de los señalados es José Alejandro Robles, pieza clave de Morena en la capital mexicana, que pretende saltar de una curul federal a la local como diputado migrante a pesar de que sólo estuvo unos meses en Canadá, pero quien es considerado prófugo de la justicia y autodeclarado perseguido político. Robles volvió para hacerse del escaño en la legislatura pasada presuntamente por su cercanía con los dirigentes morenistas.
“Este caso es de destacarse porque hasta hace unos días él quería ser alcalde de Coyoacán y para ello tenía que demostrar su residencia en la Ciudad de México. Ahora dice que es migrante en Estados Unidos, ¿entonces?”, cuestiona Tatcher.
“La selección real de candidatos que tengan el trabajo en Estados Unidos es clave”, secunda María García. “Yo me pregunto: con seis meses de residencia, ¿cómo voy a conocer la comunidad?, ¿cómo voy a poder tener resultados para la comunidad? Es imposible”.
Otros señalados son Nadia Yadira Sepúlveda García, quien lejos de la migración ha fincado su carrera como parte de la empresa de seguridad Centurión; sus contratos por adjudicación directa en Jalisco son públicos con el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), con el Instituto de Justicia Alternativa, con Liconsa o con la Comisión Nacional del Agua.
Uno más que es mencionado es Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentenció como “impostor” migrante, o Blanca Leticia Gutiérrez Garza, quien asegura ser de una organización de la diáspora que nadie localiza, amén de su carrera política como funcionaria en el norte de Tamaulipas.
“Como no hay una ley que obligue a dar espacio a las candidaturas migrantes, tampoco hay una sanción a los partidos que tratan de engañar con falsos perfiles”, destaca Tatcher.
Esa falta de legislación permite a los partidos políticos colocar a sus fieles, amigos, despechados y otras piezas del ajedrez en un escaño migrante como premio de consolación, coincide Juan Carlos Guerrero, del Consejo de Desarrollo Binacional. “Esto podría arreglarse con una buena legislación que los partidos no han querido hacer”.
Imagen portada: Jesús Quintanar | MILENIO
