Una investigación de MILENIO, basada en las carpetas de investigación de las 32 fiscalías estatales del país, revela que entre enero y marzo de este año se han presentado 357 denuncias por delitos electorales; reportó MILENIO.
A diferencia de hace seis años, cuando en el primer trimestre se radicaron 190 querellas políticas, ahora los proyectiles judiciales se han intensificado a un ritmo de cuatro demandas al día, el doble que las presentadas en el mismo periodo de 2018.
Las acusaciones que aparecen en los expedientes, que van desde lo más absurdo hasta señalamientos que podrían ameritar cárcel, muestran que las elecciones federales del 2 de junio de 2024 ya están en tribunales, por lo que el papel de las fiscalías locales, primero, y de los jueces del país, después, están siendo sometidos a una presión inédita.
El 12 de marzo pasado, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desde el Poder Judicial traman la nulidad de los comicios presidenciales.
“Así están. ¿Quién sabe qué encuesta están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X. González a José Ramón Cossío?”, dijo.
No obstante, estadísticas obtenidas a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que este bombardeo de demandas están siendo lanzadas por los distintos actores políticos involucrados en la elección.
Pareciera una guerra de todos contra todos, porque las querellas provienen del frente integrado por PAN, PRI y PRD, desde la trinchera de Morena, PVEM y PT y a partir de la barricada de Movimiento Ciudadano.
Hace seis años, las acusaciones de complots y financiamiento turbio surgían principalmente desde el entorno del candidato presidencial de Morena, hoy las demandas se extienden a todos los cargos públicos: entre alcaldes de municipios remotos, candidatos a diputados, senadores, gobernadores y los propios presidenciables.
Como ejemplo, en enero de este año el partido en el poder denunció al candidato de la coalición Fuerza y Corazón por la Ciudad de México, Santiago Taboada, a quien adjudican llevar migrantes de nacionalidad haitiana, quienes ni siquiera entendían que hacían ahí.
“Taboada se aprovecha de la situación vulnerable en la que se encuentran debido a su situación migratoria. Hay una operación que implicaría a funcionarios públicos miembros del PAN”, aseguraron desde la bancada de Morena en el Congreso.
Otra más: dos ex funcionarios y empleados de comunicación de la entonces alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, denunciaron que ella intentó obligarlos a elaborar un documento dirigido a la prensa en contra del candidato a la Jefatura de Gobierno capitalino, Santiago Taboada.
A unas semanas de la votación, las demandas se extienden de norte a sur del país y, por lo pronto, ya muestran un incremento del 88 por ciento, en comparación con el primer trimestre del 2018.
Guerras locales
Al menos desde 2015 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) captura la información sobre la incidencia delictiva que reportan las fiscalías locales.
En su metodología explican que las cifras se refieren a la ocurrencia “de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas”.
Entre enero y marzo de este año, se registraron 357 carpetas de investigación iniciadas por “delito electoral”, entendiéndose que pueden ser acciones para obstaculizar las campañas como retener credenciales, solicitar votos a cambio de dinero, desvío de recursos entre un sinfín de actos irregulares.
Esta información permite entender el panorama en la pugna electoral en el país que se da en este momento, todos los días en la calle, en los medios y en las redes sociodigitales.
De los 357 carpetas, sólo en la Ciudad de México fueron procesadas 200 por presuntos delitos electorales, lo que resulta bastante lógico ya que este año se disputa la gubernatura más importante del país, la capital, entre la candidata de Morena, Clara Brugada, el aspirante panista Santiago Taboada y el emecista Salomón Chertorivski.
Otros estados la siguen, aunque a kilómetros de distancia. El Estado de México ocupa el segundo lugar dado que se han abierto 35 carpetas de investigación por este concepto, le sigue Oaxaca con 22 denuncias, luego Baja California con 14 expedientes y después Nuevo León, con 14 indagaciones abiertas.
Aunque por ser carpetas de investigación se mantienen cerrados los detalles de cada denuncia y pesquisa, a través de los medios de comunicación se hacen públicos casos que revelan cuáles son los delitos que presuntamente se están cometiendo durante esta contienda electoral.
En Baja California, en febrero de este año, el PRI denunció a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que según el partido durante sus conferencias mañaneras no sólo ha declarado como ganadora a Claudia Sheinbaum, sino que denigra con sus dichos a fuerzas políticas opositoras en el estado.
Otra demanda en el norte: el delegado de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, Francisco Cienfuegos, señaló en febrero de este año al gobernador Samuel García por el uso de recursos del estado para calumniar a sus contrarios y favorecer a su propio partido, Movimiento Ciudadano.
En el Bajío, en enero de este año Morena acusó en Guanajuato al influencer Otoniel Rivera, así como a otros 46 funcionarios públicos por presunto desvío de recursos. Según los representantes legales del partido, el comunicador pautó en Facebook 50 mil pesos para publicitar notas, donde se hacían señalamientos a partidos y personajes políticos opositores al gobierno blanquiazul.
Sumadas en lo general este tipo de denuncias representan un incremento de 88 por ciento respecto de la elección pasada, cuando se abrieron durante los primeros tres meses del año 2018, apenas 190 carpetas de investigación.
En aquel entonces el territorio donde más incidencias se registraron fue el Estado de México, con 118 carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos electorales.
Fue durante aquella elección cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador popularizó el uso del término “guerra sucia” para referirse a todos los delitos electorales, como la compra de votos que se realizaría desde los estados que no le eran favorables.
Sin embargo, el propio presidente y su oficina de Comunicación Social no se han salvado de señalamientos. Fueron reconvenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral por uso indebido de recursos, promoción personalizada y propaganda gubernamental durante la veda electoral de 2023.
Se acumulan expedientes en la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene actualizada la información hasta febrero del presente 2024, y reporta que desde sus oficinas se han abierto 31 carpetas de investigación por violaciones al Código Penal Federal y por infringir la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
De estas hay varias muy relevantes, como la denuncia interpuesta en enero de este año por parte de la candidata Xóchitl Gálvez en contra de la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum.
La ex senadora se basaba en las declaraciones de Sanjuana Martínez, ex directora de la agencia estatal de noticias Notimex, quien aseguró que funcionarios del Gobierno Federal le habían pedido el 20 por ciento de las liquidaciones de los trabajadores de la agencia para la campaña de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México.
“Es el típico caso de ‘moche’”, acusaba Gálvez. “Se le pidió moche [a Sanjuana Martínez] por las indemnizaciones de los trabajadores de Notimex. Fue una funcionaria de Morena la que declaró la petición de recursos públicos a favor de la candidata Sheinbaum”, argumentó la candidata de Fuerza y Corazón por México.
A semanas de los comicios no se descarta la utilización por parte de tirios y troyanos de acciones que contravengan la ley electoral y por lo tanto las consecuentes demandas en las fiscalías especializadas.
Y no es para menos, por lo que habrá en juego durante las elecciones de este 2024, donde se elegirán un total de 629 cargos a nivel federal entre las que se encuentran 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 19 mil 634 cargos locales en todo el país y la joya de la corona: la Presidencia de la República.
Imagen portada: Javier Ríos | MILENIO
