La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), así como el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano, afirmaron que las propuestas de reforma constitucional al Poder Judicial constituyen una “amenaza directa” a la independencia de dicho poder, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México; publicó MILENIO.
A través de un informe, se menciona que las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador enviadas al Congreso de la Unión, “buscan afectar de manera dramática a los poderes judiciales de todo el país, en perjuicio de los derechos humanos de todas las y los mexicanos”.
Las propuestas incluyen la elección de juezas y jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por votación popular; la reducción de sus mandatos; la vinculación de sus salarios a los del Poder Ejecutivo; y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros serían elegidos por votación popular.
Un golpe de esa magnitud no puede ser ignorado, advirtió para MILENIO Víctor Olé Peláez, presidente BMA.
“Este documento genera conciencia de lo que la pérdida de la independencia judicial significa para nuestras libertades”, agregó.
El informe señala que muy pocos países del mundo eligen a los jueces por votación popular. De ellos, sólo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a juezas y jueces de tribunales con jurisdicción constitucional.
Mencionaron que la experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial.
“Al politizar el poder judicial, las propuestas de reforma negarían el acceso a la justicia”, señaló Amrit Singh, profesora de práctica y directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford.
“En lugar de resolver los casos con imparcialidad y actuar como control del abuso de poder, las y los jueces dictarían sentencias para complacer a quienes ostentan mayor poder y para ganar más votos. Las iniciativas de reforma pondrían en peligro los derechos de las minorías y el Estado de derecho”, apuntó.
El informe detalla que elegir a ministras y ministros de la Corte, a juzgadores federales por votación popular crearía incentivos para que emitan decisiones para satisfacer a los grupos políticos, en lugar de decidir imparcialmente los casos basándose únicamente en los hechos y en el derecho.
“Reducir el mandato judicial para que coincida con el sexenio presidencial politiza aún más la selección de juezas y jueces. Exigir a las y los jueces en funciones que renuncien cuando las y los nuevos jueces electos tomen posesión de sus cargos socava la garantía de permanencia en el cargo, que es necesaria para preservar la independencia judicial”, indicaron.
De igual manera, enfatizaron que un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por votación popular, cuyo mandato coincidiría con el presidencial, y cuyas decisiones serían definitivas e inapelables, podría convertirse en un arma contra juezas y jueces – incluidas las y los ministros de la Suprema Corte de la Nación– que adopten decisiones adversas al gobierno de turno.
El informe explica por qué las propuestas son contrarias a las normas y estándares internacionales sobre independencia judicial.
“Durante la administración de López Obrador, el gobierno ha socavado continuamente las instituciones independientes que están destinadas a controlar las acciones del poder ejecutivo”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano.
Imagen portada: Ariana Pérez | MILENIO
