Pese a la cantidad de denuncias de organismos nacionales e internacionales que reclaman procesos injustos contra miles de personas inocentes que se aglomeran en las prisiones del país, las autoridades judiciales en México sólo han reconocido muy pocas equivocaciones en los últimos 15 años; informó MILENIO.
Una revisión de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación realizada por MILENIO revela que a pesar de que al menos 498 personas que obtuvieron una sentencia firme de culpabilidad, han solicitado que se les reconozca su inocencia, tan sólo 10 personas obtuvieron un fallo a su favor.
El reconocimiento de inocencia en México es un medio extraordinario de defensa cuyo objeto es admitir que el Estado se ha equivocado. Es una especie de revisión de un proceso que concluyó con una sentencia, pero que, de resultar fundado, genera la admisión de un error judicial y anula el fallo de la condena.
Según información obtenida a través del buscador de sentencias judiciales que este diario revisó, en los últimos 15 años las autoridades solo han reconocido en poquísimos casos errores de policías, militares, personal de la Fiscalía General de la República o de los propios jueces.
Fue así que se encontró que estos sucesos estaban relacionados con sentencias por portación de arma de fuego, delitos contra la salud, escape de reos o asalto bancario. Estos casos tienen particularidades, pero la mayoría está relacionada con la fabricación de pruebas, informes falsos y otros errores que ni los juzgadores experimentados pudieron detectar, como por ejemplo juzgar dos veces a una persona por el mismo delito.
Pocos ejemplos exitosos
Con base en la revisión de los 10 casos mencionados se encontró que el asunto más antiguo sucedió en 1986, por un supuesto robo con homicidio. Tuvieron que pasar 14 años, hasta 2010, para que las autoridades finalmente reconocieran la inocencia del acusado.
El último fue en 2021, en el Estado de México, relativo a un hombre señalado por delincuencia organizada en 2014 y sentenciado a 38 años de prisión. Logró revertir este fallo luego de siete largos años.
Otra persona en 2013 fue acusada de portación de arma de fuego en Coahuila, también obtuvo su reconocimiento de inocencia hasta 2017. Lo que lo hundió indebidamente durante cuatro años fue un parte falso de la Policía Federal.
Otro más que en 2012 fue acusado por delitos contra la salud en la Ciudad de México, debido a un informe policial con pruebas ilícitas. Se le reconoció su inocencia en 2016.
En este mismo año también obtuvo la anulación de su condena otro hombre que había sido acusado de portación de armas y robo en 1995. Estuvo encerrado 21 años.
En 2015 hubo otro reconocimiento de inocencia para alguien que fue inculpado por portación de armas en 2009, en Chiapas.
También se hizo justicia para Blanca Olivas Contreras, que fue acusada de venta de estupefacientes en 2002, en Zacatecas. Ella fue torturada y su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presión y los oficios legales lograron el reconocimiento en 2013.
En 2010 se registró que un custodio del Cefereso número 2 de Durango, acusado de participar en una mega fuga de 18 reos por un túnel, el 3 de noviembre de 1999. El hombre había sido juzgado dos veces por el mismo delito.
Este asunto derivó en el reconocimiento de inocencia de otro custodio, que también había sido juzgado dos veces por el mismo delito: evasión de reos, como se llamaba entonces. Y hubo otro caso más en 2009 relacionado con esa fuga del penal duranguense.
Hasta 2010 se reconoció la inocencia de un hombre que había sido acusado en 1986 por robo con homicidio, en el Estado de México.
La lectura de los expedientes deja claro la magnitud de la irresponsabilidad o mala fe de las autoridades involucradas.
Policía federal mentirosa
La hoja ni siquiera tenía fecha y aun así fue entregada el 9 de junio del 2013 en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (antes SEIDO) junto con los dos detenidos: Roberto y José. Los policías federales Luis Rivera y Pablo Velázquez entregaron su reporte mal escrito, pero con detalles que no dejaban dudas sobre cómo habían sucedido los hechos en la Colonia Alpes Norte, de Saltillo.
Según los federales, todo ocurrió por casualidad, cuando Roberto se encontraba a bordo de una camioneta Hummer, roja. Suertudos los policías: incluso se dieron cuenta a distancia de que el individuo traía un arma larga. En su versión, otro vehículo estaba estacionado afuera de esa casa, un Mercedez Benz blanco sport. Casualidades de la vida, también ese hombre llamado José cargaba un arma larga.
Entonces, como por telepatía, estos dos hombres en vehículos distintos se percataron que los federales los habían descubierto, así que decidieron correr y meterse en la casa del que conducía la Hummer. Pero como los policías habían logrado ver las armas, eso era flagrancia, y ya no necesitaban una orden de cateo.
Según el parte de la Policía Federal, tanto Roberto como José se resistieron a la detención, y por ello hicieron un “uso racional” de la fuerza. Les quitaron dos rifles de asalto AK-47, de esos que utilizan los narcos.
“Que los apuntaron de forma amenazante, para posteriormente darse a la huida e ingresar al domicilio antes descrito; acto seguido, forzaron la puerta hasta lograr introducirse, avistando a los sujetos cerca de la entrada todavía armados, sometiéndose con el uso de la fuerza”.
El 26 de diciembre de 2013 se dictó “sentencia condenatoria de cuatro años en contra de los dos por portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea” y se tomaron en cuenta, esencialmente, el parte informativo sin número de los policías federales.
Después el parte judicial resultaría una farsa; lo que realmente había pasado era muy distinto a lo que asentaron los federales.
La otra versión
Esa noche José había salido de fiesta con dos amigas. Eran las 4:00 horas, estaba cansado y para su mala suerte, afuera de la pizzería La Capricciosa, en la colonia Alpes Norte, notó a unos policías vestidos de negro. De mala gana le hicieron una señal, le exigieron a gritos que abriera su cajuela, lo cual hizo. Después lo dejaron ir.
Estaba ya a unos pasos del fraccionamiento donde vivía y al entrar a la privada vio que había tres o cuatro camionetas con las luces apagadas. Eran policías, quienes le ordenaron bajar de su Mercedes, volvieron a revisar por segunda ocasión y no encontraron nada.
Recuerda que le dijeron que no podía ingresar a su casa y esperó en el frío durante 40 minutos. Claramente en tiempo y lugar equivocados. José empezó a escuchar los gritos de Roberto G, su pariente que vivía también ahí. Todas las luces estaban encendidas, entraban y salían policías entre gritos de sus niños y el llanto agudo de su esposa.
Lo que estaba pasando esa noche era que los policías habían ingresado antes a otras viviendas, y cuando tocó el turno de la de José, los federales le robaron una computadora y un reloj Cartier. “A él también súbelo” escuchó que ordenaron los agentes. Se lo llevaron en una tanqueta blindada junto con Roberto. Su pariente estaba todo golpeado, pálido. Para ambos empezó un peregrinar por Monclova, Monterrey y Ciudad de México, hasta la SIEDO.
Los policías los torturaron. A gritos y mentadas de madre le preguntaban a José a qué se dedicaba Roberto. “¡A la construcción!”, les contestaba. “No te hagas pendejo o te va a llevar la chingada”. Con los ojos vendados, sientió que fueron horas de tortura. Y no se equivocaba: lo atormentaron entre seis y siete horas.
Para inculparlos, “los policías nos obligaron a tocar dos armas, y alcanzamos a escuchar que comentaban entre ellos que no tenían con qué incriminarnos, que la habían cagado”, recuerda.
Por su parte, la historia de Roberto confirma los abusos policiales y la tortura contra él, su esposa y sus hijos aquella noche de 2013.
“Estaba durmiendo en compañía de mi esposa y mis tres hijos, mi perro ladraba permanentemente y me asomé al exterior de la casa a través de una ventana del cuarto, observé que se encontraban varias camionetas de la policía, les pregunté que se les ofrece y respondieron ‘abre la puerta’. Bajé las escaleras para estar cerca de la puerta pero ingresaron a la fuerza los elementos policiales y personas vestidas de civil rompiéndola, apuntándome con armas largas y pistolas en la cabeza, restregándose en el cofre de una camioneta Hummer color rojo que se encontraba estacionada en la cochera”, recuerda.
Lo metieron al baño y comenzaron a torturarlo, lo golpearon hasta hacerle perder el conocimiento. Al despertar se dio cuenta de que estaba desnudo dentro de la regadera. Le dieron ropa para que se vistiera, le vendaron los ojos y ataron las manos antes de sacarlo.
Medio inconsciente, alcanzó a reconocer a su pariente, José. El mismo viaje, el peregrinar hasta la SEIDO en la Ciudad de México. Hay un nombre, un apodo que no olvida: ‘El Lobo’, miembro de la Policía Federal que lo obligó a tomar un arma larga. “¡No quiero!”, gritaba Roberto. No tenía opción.
Incluso uno de sus niños recuerda que los federales dijeron que iban a matarlos, a todos. Fue su hijo quien se dio cuenta de cómo se robaron sus celulares, perfumes, bolsas y demás. A él lo metieron a un cuarto con su hermanito y ahí les preguntaban “¿dónde está el dinero?”. Y de fondo escuchaban los gritos de su papá, los golpes secos.
Finalmente en 2017 un tribunal reconoció la inocencia de Roberto: un video de la pizzería La Capricciosa demostró la veracidad del testimonio de Roberto y de José. Ahí se ve a los federales interceptando en la entrada del fraccionamiento y las irregularidades quedaron evidenciadas.
Casos como el anterior suelen ser no la excepción, sino la regla en una gran cantidad de ocasiones. Según el último informe del Inegi del 2023, que generalmente tiene un desfase temporal, en 2022 en los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad se conformó por 226 mil 116 personas, de las cuales 94.4 por ciento eran hombres y 5.6, mujeres.
De las personas encarceladas, 39 por ciento no contó con una sentencia. Para las mujeres el porcentaje fue de 49.3 y para los hombres, de 38.4 por ciento. Las personas sin sentencia en prisión preventiva oficiosa ascendían a 50.2 por ciento, el 23.9 se encontraba en prisión preventiva justificada, un 11.4 en otro supuesto jurídico y al 14.5 por ciento no se le identificó el tipo de estatus procesal.
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