En un hecho sin precedentes, el Instituto Nacional Electoral en Nuevo León (INE) iniciará las jornadas de voto en prisión preventiva, en las que participarán 2 mil 258 personas no sentenciadas que actualmente se encuentran en esta situación en los cuatro Centros de Reinserción Social estatales; reporta MILENIO.
Mediante un comunicado se informó que esta medida es sobre la base de presunción de inocencia de aquellas personas sujetas a proceso que no han recibido una sentencia condenatoria.
Se informó que personal del INE acudirá el martes 7 de mayo al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 norte, ubicado en el municipio de Apodaca, para que mil 891 internos puedan votar para la Presidencia de la República.
El miércoles 8 de mayo las actividades se desarrollarán en el Cereso 2 norte, donde podrán votar 141 personas, así como en el Centro de Reinserción femenil, localizado en Escobedo, en el cual emitirán su sufragio 163 internas, al igual que en el Centro de Reinserción oriente de Cadereyta, donde se prevé el voto de 63 personas.
El INE Nuevo León subrayó que a las jornadas de votación acudirán representantes de partidos políticos, observadores electorales e integrantes del Consejo local.
La autoridad electoral solicitó en diciembre pasado a la Secretaría de Seguridad la base de datos de las personas en prisión preventiva con corte al 31 de diciembre de 2023.
“Ésta incluía información como nombre completo, huellas dactilares y fichas antropométricas, con la finalidad de ubicar a estas personas en el padrón electoral”.
“En las visitas realizadas por personal del INE a los cuatro centros de reinserción social durante enero y febrero de este año, se generaron 3 mil 328 solicitudes de voto en prisión preventiva. Tras analizarse la información proporcionada por los internos e internas, se dictaminaron como procedentes 2 mil 258 solicitudes”, informó.
El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el expediente identificado con la clave SUP-JDC-352/2018 y su acumulado SUP-JDC-353/2018, concluyendo que las personas en prisión preventiva que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia.
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