En México hay más de mil 600 jueces y magistrados federales, quienes para acceder a estos cargos debieron acreditar una evaluación o ser vencedores de un concurso de oposición; informó MILENIO.
En los 90, aún se podía acceder a diversos puestos por cargos meritorios; se trataba de estudiantes que laboraban sin sueldo ni prestaciones en juzgados y tribunales, con el propósito de hacer una carrera judicial poco a poco.
En 2012, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) eliminó dicha figura. Ahora, todos deben contar con una formación y demostrar conocimientos.
El CJF se encarga de seleccionarlos a través de procesos donde demuestren que son competentes, que cuentan con un análisis crítico y responsabilidad institucional y social para resolver conflictos.
En la Escuela Federal de Formación Judicial se capacita a todo el personal que ingresa, ya que para ocupar cualquier plaza dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) es requisito acreditar una evaluación o resultar vencedor de un concurso.
Para ello, se realizan Concursos de Oposición cuyas convocatorias establecen los criterios del proceso de designación.
Asimismo, se cuenta con comités técnicos que colaboran en la elaboración de las pruebas orales y escritas, la conformación de los jurados que evalúan cada etapa, la calificación mínima aprobatoria en cada prueba, el número de aspirantes, así como las causas por las que puede declararse desierto el concurso respectivo.
En 2018, cuando el ministro Luis María Aguilar Morales era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se registró un incidente, cuando el CJF emplazó a procedimiento disciplinario a 10 servidores públicos por su probable participación en las conductas de filtración, obtención y comercialización de los exámenes para concursar por el puesto de jueces.
El 14 de febrero de dicho año, el CJF anuló el Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, donde se inscribieron 2 mil 602 personas.
El director del entonces Instituto de la Judicatura Federal (IJF), Salvador Mondragón Reyes, fue destituido de su cargo el 5 de agosto de 2020, e inhabilitado para ejercer el servicio público por 10 años. También se actuó contra Verónica Patiño Olvera, y contra los secretarios de juzgados y tribunales Martín Mayorquín Trejo, Paulo César Falcón Gómez, Roberto León Rodríguez, Patricia Guadalupe Lee Martínez, así como de la ex secretaria técnica del IJF, Marga Xóchitl Cárdenas García.
En enero de 2019, con la llegada del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al frente de la Corte, el IJF cambió su nombre por el de Escuela Federal de Formación Judicial.
Ratificación
La carrera judicial contempla un procedimiento de ratificación al cabo de seis años de desempeño como jueza, juez, magistrada o magistrado, que implementa la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial.
En éste se evalúa su desempeño bajo diversos criterios, se verifica que no haya recibido una sanción por falta disciplinaria grave y se reúne la información necesaria para someter el expediente al Pleno del Consejo, quien decide sobre la procedencia o improcedencia de la ratificación.
Es de mencionar que, los más de mil 600 jueces laboran en 32 circuitos judiciales, uno por cada estado de la República, siendo la Ciudad de México la que concentra el mayor número de juzgados y tribunales en diversas materias.
Si un juez busca ser magistrado, tiene que reunir los requisitos antes mencionados y concursar; también pueden hacer lo mismo los secretarios de estudio y cuenta, quienes a veces apuestan por un puesto de magistrado y no de juez.
En el caso de la selección y nombramiento de ministro de la Corte, el procedimiento está regulado por el artículo 96 de la Constitución.
La preselección de candidatos corre a cargo del presidente de la República, y la elección y nombramiento, a cargo del Senado, para ejercer por un periodo de 15 años.
Para ello, el presidente debe presentar al Senado una terna de candidatos para cubrir cada plaza vacante.
Cabe señalar que, Lenia Batres Guadarrama se convirtió en la primera persona que ha sido designada ministra de manera directa por el presidente de México.
Lo anterior, porque la terna enviada por Andrés Manuel López Obrador, compuesta por Lenia Batres, Bertha María Alcalde y María Eréndira Cruzvillegas, no alcanzó la votación necesaria en el Senado.
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