Son miles los albañiles, carpinteros, jardineros, soldadores y otros trabajadores de primera línea que buscan empleo en Norteamérica, más allá del Río Bravo. A ellos, los cárteles de la droga los ven como botín y ya toman control de ese trabajo migrante temporal hacia Estados Unidos y Canadá con el fin de diversificar sus actividades ilícitas. Se dieron cuenta de que es fácil abusar de ellos con impunidad; publica MILENIO.
De acuerdo con sindicatos, activistas y autoridades de Canadá, Estados Unidos y México que han denunciado por décadas las violaciones de los derechos laborales, el crimen organizado tomó notas del ninguneo a las víctimas y fue tras el millonario negocio.
Observaron que pueden pedir cuotas ilegales de entre 7 mil y 25 mil pesos por el reclutamiento o por ofrecer trabajos inexistentes; que no pasa nada si cobran por transportar a los aspirantes a sus sitios de trabajo, aunque esté prohibido; que montar falsas entrevistas laborales es sencillo y que pueden llevar de aquí para allá a narcos, amén de las personas víctimas de trata.
Entre 2015 y 2020, la organización civil estadounidense Polaris identificó a más de 10 mil potenciales víctimas de trata relacionadas con México, que laboraban en diversas industrias en Estados Unidos. También el Sindicato de Alimentos y Comercio de Canadá (UFCW, por sus siglas en inglés) denunció entre 2017 y 2018 a una red de trabajo sexual y explotación laboral alimentada con engaños a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT).
“Lo que nos están diciendo los trabajadores que buscan ayuda en Canadá es que los reclutadores van a sus municipios y les venden la idea de que van hacer ciertos trabajos, pero en realidad es una oportunidad para el crimen organizado de meterse en la economía gris, bajo la mesa, a través de la contratación temporal”, advirtió Pablo Godoy, director de Asuntos Internacionales del UFCW en entrevista con MILENIO.
“El problema es que hay una falta de inspección por parte de los gobiernos en el PTAT de cómo se crean o cómo operan muchas empresas que están llevando a los trabajadores”
El Programa de Trabajadores inició operaciones en 1974 con la firma del Memorándum de Entendimiento entre los Gobierno de México y Canadá con el fin de mantener un movimiento migratorio regulado que se ha mantenido en un incremento ligero pero persistente.
Para este año oficialmente se calcula que llegará a las 27 mil personas. Desde 2018, cuando fueron 25 mil 331 trabajadores, cada año se ha mantenido desde una base de 22 mil 130 en 2020, hasta picos de 26 mil 407 en 2019, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración.
A pesar de la importancia binacional, Godoy señala que el programa no cuenta con un registro público y abierto, le falta inspección y hay lagunas legales.
Esquemas más complejos enfrentan quienes van a Estados Unidos, reconoce la asociación binacional sin fines de lucro Centro de los Derechos del Migrante (CDM) que desde 2014 ha documentado en diversos informes los abusos a través de la contratación de migrantes temporales que impactan anualmente hasta a 10 mil familias.
A diferencia de lo que sucede con Canadá, con Estados Unidos no hay un acuerdo formal para la movilidad. Sin embargo, este ofrece visas H2A, para trabajadores agrícolas, y H2B para oficios como construcción, jardinería, ferias y carnavales. A través de estas se llevan desde aquí a más de 350 mil personas.
Aunque en tiempos recientes el Departamento del Trabajo en Estados Unidos exige más requisitos a sus empresas, estas todavía quedan en libertad de contratar a intermediarios para el reclutamiento en México y es justo ahí donde los cárteles meten su colmillo: con esquemas ilegales mueven a capricho las “plazas” y dominan las actividades económicas.
El crimen entra en escena
El CDM se dio cuenta de que las bandas criminales tomaron en sus manos la migración documentada cuando, después de la pandemia, los activistas del Centro intentaron volver para dar capacitaciones contra fraudes en algunos poblados de Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato.
Descubrieron que los nuevos victimarios de los jornaleros y obreros temporales ya no eran los simples vivillos escurridizos que defraudaban y se iban para no volver, sino que la ley del más fuerte había llegado para quedarse.
“Cuando hicimos los análisis de seguridad nos dimos cuenta de que no había condiciones adecuadas para hacer los talleres o dar capacitaciones: en los caminos hay personas armadas que están vigilando y no permiten el paso”, advierte Jocelyn Reyes, directora de promoción, educación y desarrollo del CDM.
Aunque este perfil de denuncia no es algo nuevo en el país, sí se ha extendido en varios estados desde el 2012, según reportó el informe ‘Jornaleros mexicanos en EU con visa: los modernos olvidados’, del proyecto Jornaleros Safe.
Con el aval de las organizaciones Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Global Workers Justice Alliance y United Farm Workers, activistas sociales documentaron casos en Baja California, Guerrero, Oaxaca, Sonora y Veracruz.
“No sabemos a qué cártel pertenecen, pero esas personas tienen el control de las visas H2A y también de las listas de espera”, refiere Leticia Gutiérrez, quien fue parte de la investigación.
En Monterrey, Nuevo León, la ciudad líder mundial en emitir visas H2, el abogado José Jiménez, cuyo nombre fue modificado para proteger la identidad, documentó el caso de tres empresas de Estados Unidos que contrataron a 250 personas para cortar zacate pero en realidad nunca llegaron al centro de trabajo.
“Había algo sospechoso cuando se presentaron al despacho y me pidieron ayudar a llenar las solicitudes para las visas H2”, recuerda el abogado. “Yo me dedico a eso, y al entrevistarlos me di cuenta de que todos se presentaban como campesinos, pero tenían las manos suaves como si nunca hubieran tocado la tierra. Traían pantalones de marca. Después deduje que eran del Cártel Jalisco Nueva Generación llevando gente a Estados Unidos”.
Para tener la versión de los hechos y señalamientos por parte de la Secretaría del Trabajo mexicana –vigilante de las contrataciones H2– este diario solicitó información al área de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.
Empleos que no existen
El 29 de febrero pasado el gobierno del primer ministro canadiense Justin Tradeau, dio un giro de 180 grados en contra de “uno de sus principales socios comerciales” e impuso otra vez visa a los mexicanos. Los cárteles de la droga, con sus cantaletas en procesos judiciales, eran la música de fondo de esa medida.
Entre otros delitos, se acusó previamente a las organizaciones criminales mexicanas de hacer mancuerna con mafias locales canadienses para narcomenudeo, tráfico de personas para asilo, asesinatos y zafarranchos, además de un asunto del que se habló en la provincia de Ontario: el uso que está haciendo del Programa de Trabajadores Temporales, el PTAT.
Fue el comisionado de la policía municipal de Leamington, Glenn Miller, durante una presentación realizada ante los concejales quien puso el tema sobre la mesa para explicar el incremento de cultivos ilegales de marihuana.
“La tendencia que vemos es que el cannabis procesado es utilizado como moneda a cambio de las drogas ilícitas duras que encontramos en varias órdenes de allanamiento de la ciudad”, describió como preámbulo al dedo que puso sobre el programa que este año cumple 50 años: “Desgraciadamente, muchos trabajadores agrícolas que llegan a Leamington con el pretexto de trabajar en una operación agrícola legítima son utilizados a menudo para ayudar a esas redes criminales, sin saber que están participando en una operación ilegal”.
Pablo Godoy, del Sindicato de Alimentos y Comercio o UFCW, explica que la incursión del crimen organizado con base en engaños que actúa en detrimento de los trabajadores temporales tiene varios años en acción, y la consecuencia son bajos salarios, tropelías sexuales y vejaciones.
El modus operandi detectado por el sindicato coincide con las denuncias de la policía de Leamington: los mexicanos llegan con visas agrícolas, o para trabajar en la construcción, como chefs u otros oficios, pero los trabajos no existen.
“Todo esto deriva del marco migratorio laboral que favorece a las empresas y reclutadores sin tomar en cuenta a los trabajadores, quienes solo pueden acceder a las visas por medio de cuotas ilegales, sin mucha libertad de dónde ir o qué hacer, sin mecanismos para quejas ni organizaciones que monitoreen a empresarios y empleadores”, resume Godoy.
El sindicato se ha visto obligado a involucrarse en el tema. Recientemente, afiliaron a 166 trabajadores de la empresa de champiñones y hongos orgánicos Highline Mushrooms, la mayoría de origen mexicano, a quienes no se les pagaba por hora, si no cumplían con las cuotas de producción y que tampoco contaban con servicios de salud.
“La sindicalización no es la única metodología contra los abusos, pero en 50 años del programa no se han creado las estructuras para proteger a los más vulnerables», acusa Godoy.
Cadena difícil de seguir
En el 2017, una agencia de reclutamiento en Guanajuato publicó una oportunidad de trabajo en la industria de los pinos en Carolina del Norte, Estados Unidos. A cada una de las 80 personas del estado interesadas en el trabajo, la agencia les cobró 3 mil 515 pesos. Tiempo después, la agencia reconoció que ya no había vacantes disponibles en ese estado pero aseguró que las colocarían en un trabajo en California.
Un mes después, los reclutadores colocaron a 10 personas en un trabajo agrícola en el estado de Washington pero al resto lo dejaron en el limbo. Esas 70 personas que quedaron sin empleo solicitaron un reembolso, pero la agencia nunca les dio una respuesta o explicación. Tampoco se supo la suerte de quienes sí fueron colocados, si se cumplió lo prometido o el tipo de trabajo.
Este tipo de casos se han repetido durante estos últimos años con variantes de lugar, fecha, cantidad de dinero y número de afectados.
Los denunciantes coinciden en que la falta de vigilancia oficial es uno de los principales motores y lo que permitió a los cárteles incursionar en el negocio del contrato de migrantes temporales desde México, sea en Canadá o en Estados Unidos.
“El problema es que el crimen organizado entró a las cadenas de reclutamiento y no sabemos qué pasa, porque no hay vigilancia y las empresas en Estados Unidos muchas veces tampoco saben que están siendo utilizadas”, comenta Jocelyn Reyes, del Centro de los Derechos del Migrante.
Y no es fácil hacer un monitoreo preciso, explica Reyes, porque “puede haber un empleador que necesita mano de obra en México y recurre a una agencia de reclutamiento en Estados Unidos, que subcontrata a otra agencia de búsqueda de migrantes temporales en México y esta, a su vez, busca a alguien que sepa moverse en alguna ciudad o pueblo en específico donde vivan [los posibles interesados]”.
Esto significa que en cualquiera de esos eslabones o en todos pudieron incursionar las organizaciones criminales y hacerse del botín que incluye pagos de los migrantes de todo tipo: deudas por enganche, por reembolsos e intereses; fraudes, retenciones, pagos de horas extras y esclavitud para actividades relacionadas a las drogas en tres países.
Y todo eso, al final de cuentas, significa mucho dinero.
Imagen portada: MILENIO
