Un juez federal otorgó un amparo que permite que el expresidente municipal de Iguala, en Guerrero, José Luis Abarca, pueda recuperar su libertad tras el proceso que enfrenta por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Everardo Maya Arias, juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, Estado de México, ordenó dejar sin efecto la resolución que fue dictada el 14 de diciembre de 2023 por un juez de procesos y la cual sustituyó la prisión preventiva que se le había dictado al expresidente municipal.
Cabe señalar que, en dicha ocasión, un secretario con funciones de juez, del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que existía contra Abarca y le decretó prisión preventiva justificada al exfuncionario.
Tras el cambio de medida cautelar, José Luis Abarca impugnó la decisión, argumentando que durante la audiencia no se tomó en cuenta la información que demuestra que supuestamente padece diversas enfermedades.
Por lo que, ante el amparo que fue otorgado a José Luis Abarca, ahora se tiene que analizar si las autoridades del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado México, cuentan con la capacidad técnica para atender esta situación de salud.
El juez María Arias señaló que el amparo fue concedido para que se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se deberá emitir una nueva resolución con el objetivo de saber si José Luis Abarca debe continuar interno o si debe enfrentar su proceso en libertad.
“2. Emita una determinación en la que establezca que, con base en las manifestaciones sostenidas por el quejoso y su defensa particular, en lo que atañe al estado de salud de aquél; se podría verificar alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que resulta necesario allegarse de distintas pruebas para estar en posibilidad de resolver la incidencia puesta a su consideración;.
«3. Con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos destacados en el último considerando de esta sentencia, ordene oficiosamente la recabación, preparación y desahogo de todas las probanzas que estime necesarias, idóneas, pertinentes y suficientes (periciales oficiales, reportes médicos, bitácoras, expedientes clínicos, inspecciones, inventarios, etcétera) para establecer:
a) La verosimilitud y, en su caso, la certeza, de los padecimientos aducidos por el quejoso, para determinar si se trata de enfermedades mortales, graves, terminales o crónicas degenerativas complejas; o si sólo se trata de padecimientos o enfermedades que por su naturaleza sean controlables y no representen un riesgo potencial de pérdida de la vida, o de menoscabo o limitación a alguna función orgánica a través del tratamiento adecuado;
b) El grado de afectación y avance respectivo; y,
c) Si la enfermedad o enfermedades pueden complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por falta de capacidad institucional de atender la situación, o por negligencia de las autoridades penitenciarias encargadas del quejoso. Esto es, dichas probanzas no sólo deben estar relacionadas con el estado de salud del impetrante y con su expediente clínico, sino también con la capacidad técnica y operativa del centro penitenciario en el que se encuentra, para apreciar objetivamente si cuenta con los elementos humanos y técnicos necesarios para hacer frente a los eventuales padecimientos del quejoso, a fin de salvaguardar su integridad física y su vida».
Cabe recordar que José Luis Abarca fue detenido en septiembre de 2014 por su presunto involucramiento en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.
Nueve años después, en 2023, un juez ordenó la condena de 92 años contra José Luis Abarca Velázquez por el secuestro de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, líderes sociales de Iguala.
