Con el nombre de ‘guerra sucia’ se conoce en México a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano durante 1965 y 1990; reporta MILENIO.
La ‘guerra sucia’ en México es considerada una guerra de baja intensidad ya que a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina —como Argentina—, fue de carácter selectivo y se investigó a ciertos miembros de la sociedad que eran considerados «peligrosos» por el gobierno en turno.
En entrevista con Alejandro Dominguez, por Milenio Televisión, el comisionado de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, David Fernández aclaró que se entregará un informe con el trabajo terminado por el organismo que representa.
—Son muchos tomos y es una revisión muy grande, ¿cuáles son los principales hallazgos? —
«Hemos encontrado tomos grandes donde pudimos ver que la sociedad había estado siendo vigilada por el gobierno, el estado postrevolucionario se constituyó para crear organismos de justicia y brindar seguridad al Estado».
«Las investigaciones realizadas por el gobierno fueron hacia todo el mundo: estudiantes, campesinos, periodistas, actores y miembros del gobierno. No es nuevo este tipo de descubrimientos, pero se desmantelaron los mismos organismos que se crearon para esta encomienda».
«Estas investigaciones tenían como único fin proteger la seguridad del gobierno y sus aliados».
—El informe incluye responsables de estos crímenes, ¿pero de qué otras autoridades hay responsabilidades en estos actos? —
«Hablamos de presidentes y de secretarios de Defensa Nacional y de gran parte de gabinete. Lo mismo pasa con gobernadores de varios estados y autoridades de varios niveles; la responsabilidad es compartida durante este periodo de ‘la guerra sucia'».
«Esto no solo va para el apartato del estado, pues también incluye miembros de la sociedad civil».
—¿Los familiares de los afectatos qué buscan y cómo se puede garantizar la seguridad de justicia para ellos?—
«Esas familias y nosotros los comisionados, esperamos que estos actos puedan ser tomados con responsabilidad criminal. Esperamos dos cosas: reconocimiento público hacia las víctimas y que se haga el debido proceso de justicia para los implicados».
«Las familias esperan alguna reparación del daño, esperan que las personas que los dañaron paguen y nosotros ofrecemos los elementos para ello».
—¿Encontraron obstáculos en la investigación?—
«La mayoría de las autoridades colaboró bien con nosotros. El Ejército nos dejó ver sus archivos y esto es algo inédito. Cuando llegamos a solicitar documentos especiales, vimos cómo se cerraron las puertas».
«También tengo que decir que jamás se encontró el archivo del estado mayor y se presionó para que el gobierno de EU pueda desclasifique archivos que existen de nuestro país, pero el gobierno mexicano no nos apoyó”
¿Cuándo empezaron este tipo de investigaciones?
La investigación judicial sobre los crímenes del Estado contra los movimientos políticos se abrió hasta el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), quien creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) en el 2002. Sin embargo, a pesar de que ha avanzado en el conocimiento de los hechos históricos, la FEMOSPP no ha podido llegar a establecer responsabilidades legales concretas contra los que se han señalado como principales responsables de la ‘guerra sucia’.
Más tarde, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en 2021.
Imagen portada: Manuel Guadarrama | MILENIO
