Los partidos de oposición dejaron en el olvido la elección presidencial. El PAN, PRI y PRD no se han presentado en el Tribunal Electoral para insistir en sus impugnaciones contra la validez de la contienda, ni han solicitado una sola reunión con las magistraturas, ni la Comisión Especial ha recibido un solo requerimiento, aclaración o petición de audiencia pública; señala MILENIO.
A una semana de difundirse el proyecto del llamado ‘juicio madre’ con el cual se prevé aprobar la elección presidencial sin ningún obstáculo al desacreditar todas las irregularidades presentadas por la oposición, los partidos dejaron sola a Xóchitl Gálvez en la lucha por demostrar inequidad, irregularidades, intervención presidencial y del crimen organizado con lo que buscaban justificar su derrota.
En medio de sus propias peleas internas que van desde riñas por la reelección priista hasta la extinción perredista, los dirigentes de los partidos abandonaron la que llamaban la más importante de las batallas, y la intención por dejar un precedente que acreditara la aparente intervención histórica de un Presidente de la República.
MILENIO confirmó que en todo el proceso, el Tribunal Electoral sólo han recibido noticias e interés de los líderes de los partidos por asuntos que nada tienen qué ver con la elección. Y aunque la única que ha insistido es Xóchitl Gálvez, hasta ahora, tampoco ha solicitado la audiencia de alegatos que sería de manera inédita transmitida en vivo con presencia de las seis magistraturas, incluida la sexta provisión.
Xóchitl Gálvez se ha reunido en privado con las magistraturas de la Sala Superior y anunció hace unos días que buscaría a Claudia Valle, quien asumirá de manera provisional la sexta silla para lograr el quórum legal.
El 24 de julio, la Comisión Especial para las impugnaciones de la elección presidencial aprobó el cierre de instrucción y difundieron el proyecto que declara infundadas, inoperantes o suficientes las pruebas, alegatos y argumentos de la oposición para pedir la nulidad de la elección, al concluir que la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue determinante para los resultados que arrojaron una diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez de casi 20 millones de votos.
Mientras que el juicio de Xóchitl Gálvez se desechó, pues específicamente señaló que no buscaba anular la elección, por lo que, al ser un requisito indispensable para que legalmente pueda ser considerado en el llamado ‘juicio madre’, no resultaba procedente.
Sin embargo, los alegatos coincidentes de Gálvez con los partidos que la impulsaron sí fueron analizados y tanto el PAN y el PRD en el juicio que presentaron en conjunto, como el del PRI que se presentó de manera independiente como la propia excandidata presidencial tienen oportunidad de solicitar la audiencia de alegatos pública pero hasta ahora, nadie se ha interesado por hacerlo.
La Sala Superior ha insistido en presumir que es la primera vez en la historia que dan difusión total a este proceso, haciendo públicos los expedientes completos, cada una de las pruebas presentadas y el proyecto de resolución.
El único paso pendiente es la audiencia pública, que de manera inédita será pública. Deben solicitarla quienes impugnan los resultados de la elección presidencial y el triunfo de Claudia Sheinbaum, participarán las seis magistraturas y se transmitirá en vivo para que toda la ciudadanía pueda escuchar los argumentos con los que buscan echar abajo la contienda en la que participaron 60 millones de personas.
Los partidos no asistieron a la audiencia de pruebas del 6 de julio, no han solicitado ninguna reunión privada con las magistraturas ni mucho menos la audiencia de alegatos pública. Mientras que Gálvez ha señalado que sí le interesa cumplir con todo el proceso, sin que hasta el momento haya formalizado el trámite para la última oportunidad que tiene para exponer sus argumentos, con los que busca que se acredite que el proceso fue inequitativo por la intervención del crimen organizado y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De no hacerlo y continuar así, los planes de la Sala Superior que prevén declarar la validez de la elección presidencial a mediados de agosto incluso podría adelantarse en cuanto las magistraturas presenten sus observaciones al proyecto y estén listas para votar.
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