Por Efrén Vázquez
Por 30 años, Porfirio Díaz se la pasó diciendo que los mexicanos eran inmaduros para decidir sobre la vida pública del país; que no estaban preparados para la democracia. Y 114 años después de que el dictador se embarcó rumbo a Francia, no pocos autodenominados demócratas que hoy luchan contra “la dictadura de Andrés Manuel López Obrador” siguen con la misma cantaleta:
Que el ciudadano común, además de ser presa fácil del populismo, no está preparado para decidir sobre asuntos especializados, como lo es la impartición de justicia; que la elección podría dar prioridad al carisma, en detrimento de los conocimientos técnicos; que se politizaría la justicia; que podría infiltrarse la delincuencia organizada; y entre otros, que dicha elección generaría incertidumbre en los mercados.
Ninguno de estos argumentos se sostiene en buenas razones. ¿A poco para que el ciudadano común designe por medio del voto al Presidente o a los diputados tiene que ser experto en administración pública, economía, políticas públicas, etcétera?
En mayor o menor medida el ciudadano común algo de esto sabe o intuye. Finalmente, con base en las propuestas de los candidatos que se expresan por diferentes medios, decide dar su voto a uno de los contendientes.
¿Que el ciudadano común se puede equivocar? Si, nadie está a salvo del error. ¿A poco nada más los expertos tienen derecho a errar?
Necesitamos que haya jueces para la democracia y el fortalecimiento del estado constitucional de derecho; no para la defensa de intereses de los poderes fácticos, que son los que desde los despachos divinos seleccionan a no pocos jueces, para que formalmente se les designe como tales por los órganos competentes.
Por dos razones conviene la elección de jueces. Porque en una democracia deliberativa, como aspiramos a que sea la nuestra, el principal protagonista es el ciudadano común. De ahí que a éste le asiste el derecho fundamental de elegir a sus iguales para que cumplan la función de impartir justicia. Y porque, quiérase o no, el poder de los jueces se legitimaría con el poder soberano del pueblo.
